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Abril indígena ocupa Brasilia

Pueblos indígenas


Do Rebelión, 15 de Abril 2022
Por Elaine Tavares
Traducido del portugués para Rebelón por Alfredo Iglesias Diéguez



Fuentes: Rebelión [Imagen:Marcha del Abril indígena en Brasilia. Créditos: @oliverninja, cedida por la autora]

En este artículo la autora se hace eco de las movilizaciones que los pueblos indígenas de Brasil realizan desde hace 17 años en el Campamento Tierra Libre.

El Campamento Tierra Libre, organizado por las comunidades indígenas en Brasilia, forma parte de un entramado de acciones que ya se vienen convocando desde hace 17 años durante el llamado “Abril Indígena”, una de las principales referencias de movilización popular del país. Son dos semanas enteras de marchas, debates y protestas, en las cuales los indígenas ocupan la capital brasileña para reivindicar los derechos garantizados en la Constitución de 1988. Ni la pandemia enfrió los ánimos de las comunidades y en 2020, los indígenas fueron los primeros en realizar una programación entera en el espacio virtual, manteniendo así la movilización y la tradición de lucha. Aún con todo el drama del abandono durante esos dos años de batalla contra la covid-19, no hubo un minuto de descanso debido a que desde la victoria de Bolsonaro los indígenas están siendo atacados con mucha más fuerza, ya sea mediante la tradicional violencia de los pistoleros o por medio del propio gobierno, que hace la vista gorda a los crímenes e incentiva la ocupación de las tierras indígenas.

Ahora, en 2022, el campamento recuperó su edición presencial y está reuniendo en Brasilia a más de siete mil indígenas, representando a las más de 300 etnias que sobreviven en Brasil. El foco céntrico de ese año es la lucha contra la PEC 191, presentada por el gobierno federal, que estipula nuevas reglas para la minería en las tierras originarias.

Los datos de 2021, divulgados por el Instituto Socioambiental dan cuenta de que las tierras indígenas actualmente corresponden a 725 tierras en diferentes fases del procedimiento de demarcación. Llegan a 114 millones de hectáreas y conforman el 13,8% del territorio nacional. En general son espacios ecológicamente preservados, donde las comunidades hacen un uso sostenible, y ricos en biodiversidad y minerales, lo que hace que sean tierras muy codiciadas por parte de empresas mineras y hacendados. Justamente por esa razón es que el gobierno federal, para cumplir promesas de campaña, presentó al Congreso una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que prevé la minería en las áreas indígenas, sin que las comunidades puedan ejercer derecho de veto. Cómplices de ese ataque contra los indígenas, la mayoría de los congresistas votó para que la ley fuese tramitada por la vía de urgencia, eludiendo de esa forma la fase de discusión y debate en las comisiones. La PEC será llevada directamente al plenario. Un plenario que es mayoritariamente favorable a todo lo que propone el gobierno.

La Constitución de 1988 fue un marco importante para las comunidades indígenas, precisamente debido a que impuso algunas condiciones normativas a la extracción de mineral en las tierras que les pertenecen. Dice el artículo 176, párrafo 1º: “La investigación y la extracción de recursos minerales y el aprovechamiento de los potenciales a que se refiere el encabezamiento de este artículo, solamente podrán ser efectuados mediante autorización o concesión de la Unión, en el interés nacional, por brasileños o empresas constituidas bajo las leyes brasileñas y que tenga su sede y administración en el País, en la forma que establezca la ley, que establecerá las condiciones específicas cuando esas actividades se desarrollen en espacios fronterizos o en tierras indígenas”. Y aún siendo de interés nacional, cualquier extracción debe pasar por una consulta a las propias comunidades. Ahora, con la PEC propuesta por Bolsonaro, ese derecho de veto desaparece. Eso significa que los pueblos indígenas no tendrán control alguno sobre la minería en sus tierras. El proyecto prevé que las comunidades podrán tener una ganancia sobre la minería, pero la participación en los beneficios queda limitada a un único 1,75% de los ingresos netos de la empresa minera. No se consideran los perjuicios ambientales y humanos que vendrán con la extracción, en general predadora, que destruye el ambiente, el modo de vida y la propia existencia de las comunidades.

Conforme estudios hechos por Ana Carolina Reginatto y Luiz Jardín Wanderley en el libro ¿Quién es quién en el debate sobre la minería en las tierras indígenas?, desde que Bolsonaro asumió el gobierno del país, en 2019, los pedidos de minería en tierras indígenas pasaron de 57 en 2018 a 82 al año siguiente y a 214 en 2020, el mayor registro de solicitudes en 24 años, más de cuatro veces la media anual. Además, de manera inconstitucional, la Agencia Nacional de Minería ya concedió 59 pedidos de extracción e investigación en tierras indígenas sin la autorización de las comunidades, lo que ha causado incontables situaciones de violencia contra los indígenas.

El estudio también apunta las principales empresas que están interviniendo en tierras indígenas, son las siguientes: Anglo American, Guanhãos, Río Verde y otras decenas de diferentes cooperativas de garimpeiros (mineros). De entre los pueblos más amenazados están los Kayapó, Nambikwára, Munduruku, Yanomami, Paresí y Apurinã, aparte de los indios que viven en tierras aisladas, que tampoco quedaron fuera del alcance de la PEC.

Es ante esa coyuntura que los pueblos originarios tomaron Brasilia en un nuevo “Abril Indígena”, visitando ministerios, protestando en el Congreso, frente al Palacio presidencial, marcando firmemente su protesta contra ese nuevo ataque que está a punto de ser respaldado por el Congreso Nacional. A esa movilización se suman los movimientos sociales vinculados a las cuestiones indígenas, estudiantes, sindicalistas y otros movimientos populares de lucha por un país mejor.

Por su lado, mientras espera la respuesta positiva del Congreso, el gobierno ha atendido las demandas de los lobistas de la minería ilegal, desmantelando los órganos de fiscalización, destruyendo la Funai, recibiendo mineros ilegales en audiencias amigables y garantizándoles que el gobierno no va a destruir sus equipamientos que ya están instalados en las tierras indígenas. Actuando así sigue respaldando las acciones criminales que sistemáticamente se presentan contra las comunidades, incentivando aún más los ataques y la violencia contra los pueblos indígenas.

Las actividades de los pueblos originarios en Brasilia, aunque grandiosas, son totalmente ignoradas por la mayoría de los medios de comunicación, que les dedica apenas notas a pie de página, sin garantizar información veraz a los brasileños. En ese Brasil gigante, los enemigos de los indígenas son poderosos, pero, como ya dijo el grande Ailton Krenak, los indígenas llevan resistiendo desde hace más de 500 años y no van a parar.

Con ellos, también vamos en esa lucha sin fin…

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora y del traductor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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