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«El Estado tiene que empezar un proceso de salida de las escandalosas concesiones que vienen de los 90»

Entrevista a Gustavo Lahoud del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)


Do Rebelión, 2 de Março 2022
Por Mario Hernandez 



La problemática de los servicios energéticos y el rol de la justicia.

M.H.: Tenemos que hablar de la energía, de los cortes de luz, de las audiencias públicas por tarifas. ¿Qué información tenés?

G.L.: Creo que lo más novedoso que se presenta en relación a este debate en los últimos años, es que habría una decisión tomada, más allá de la audiencia por las tarifas de gas y la que se hizo el lunes 31 de enero convocada por la secretaría de Energía, para discutir la diferencia que el Estado pone en el precio que se les paga a los productores para la extracción de gas. Que es uno de los problemas que no se termina de discutir en la Argentina, porque el costo del gas es un costo básico en el precio de la energía eléctrica finalmente.

Lo que aparece es una decisión tomada de ir a una segmentación tarifaria, en energía eléctrica y gas natural, lo que implica que van a tomar la decisión de graduar determinados niveles de aumentos en línea con una decisión de que el impacto total de los subsidios pegue menos en el balance que está haciendo el gobierno en el contexto de este acuerdo muy dificultoso con el FMI.

En líneas generales en el caso del gas las empresas han hecho pedidos de aumentos, si bien fueron más moderados de los que se esperaba (entre un 35 y 40%) pero la idea de la segmentación iría vinculada a que tanto la energía eléctrica como el gas, entre un 20 y un 25% de los usuarios que son los que tienen mayor capacidad de ingresos sean los que afronten una tarifa más elevada, mientras que entre un 65 y un 75% del resto del universo de usuarios tenga aumentos en línea con el 15 al 20%, o directamente sin aumentos.

Esto se tiene que definir en función de la pulseada mayor que estamos viendo con el FMI respecto de las expectativas de déficit fiscal y demás y, por otro lado, está la discusión de siempre, que no se termina de dar nunca. Estamos ante empresas que sabemos que han generado un sistema de grave vulnerabilidad en el sistema energético, sobre todo en el gas, porque han recortado personal hace muchos años, no tienen auditorías serias hace años, los entes reguladores, recién ahora con el gobierno de Alberto Fernández, han empezado a hacer uso de herramientas que tienen en los marcos regulatorios existentes desde la década del 90, pero lo cierto es que ya las condiciones de prestación del servicio, cuando tenemos temperaturas extremas, como pasa en verano o en invierno empiezan a evidenciar niveles de falla que no están a la altura de lo que tiene que ser la prestación eficiente de un servicio.

Y en el fondo está la madre del borrego, que el Estado tiene que empezar a transitar un proceso de salida de estas escandalosas concesiones que vienen de los 90. Recordemos que Edenor y Edesur tienen condiciones a perpetuidad, vencen en el 2087. Entonces, hay que elaborar una vía de salida ante esto y el primer escenario es que el Estado se haga cargo a través de los entes, de un férreo control en términos de mantenimiento para que las empresas aseguren la calidad del servicio que se mide por la frecuencia de cortes y por el tiempo de duración de los mismos. Son los dos indicadores que siempre están por encima, sobre todo para Edesur, aunque también para Edenor.

Y, por otro lado, lo que hay que hacer, porque este es un servicio estratégico, además de ser un derecho humano como siempre recalcamos, y que debe asegurarse la accesibilidad a toda la población; tiene que hacerse cargo informándole seriamente a la población, de todas las obras de infraestructura que, por ejemplo, necesitamos cubrir en el AMBA. Siempre hablamos de lo mismo, reemplazo de cables sobre saturados por sobre carga, mantenimiento de estaciones transformadoras, creación de nueva infraestructura para posibilitar un alivio de cargas. Todo esto sigue en veremos.

Ese camino, que hay que transitar ahora, tiene que ir acompañado de un debate público profundo, porque tenemos que ir hacia ese nuevo modelo de empresa pública en donde el Estado tenga un rol, los usuarios otro y donde los trabajadores tengan un papel protagónico en la distribución de la energía en la Argentina. Esto hay que empezar a transitarlo ya.

El Estado tiene que garantizar las inversiones. No puede ser que no podamos encarar un proceso de inversiones a mediano plazo que nos permitan ganar capacidades de reserva, en términos de lo que debe garantizar un sistema de distribución, que no funciona hace tiempo y ahí está fundamentalmente en los últimos años afincado el problema, no ha funcionado con los tarifazos, obviamente no va a funcionar en este contexto, porque nunca les interesó a las empresas concesionarias cumplir lo que en función del marco regulatorio debían, que es asegurar una calidad adecuada a la prestación del servicio con el costo mínimo, como dice el marco regulatorio.

Ha llegado el momento de ir a una salida ordenada que permita poner la perspectiva de que el Estado estratégicamente tiene que hacerse cargo de la planificación de un servicio energético que es clave para todo el país y que además tiene que poder aceptar capacidades de reserva en términos de reserva energética, para el crecimiento productivo del país.

Hay un entramado que funciona para castigar cualquier intento de poner sobre la mesa del debate democrático la reforma que nuestra justicia necesita

M.H.: Vamos a salir del terreno de la energía, el 1° de febrero estuvo convocada una marcha con una serie de reclamos hacia la Corte Suprema de Justicia. Vi que en los medios hegemónicos se hablaba de sedición. ¿Un reclamo a la Corte Suprema de Justicia implica la figura de sedición? Me gustaría tu reflexión al respecto.

G.L.: Yo creo que lo absurdo de esa argumentación muestra la enorme regresividad institucional que existe en un ámbito del poder que nunca fue siquiera tocado desde la reestructuración de la democracia en la Argentina. Justamente nosotros siempre decimos que el gran garante del poder económico es una justicia que actúa generalmente con sus brazos armados y los poderes políticos de turno, conformando un trípode que ha permitido organizar y consolidar intereses económicos fundamentales y concentrados en la Argentina.

Además, en los últimos años, los ámbitos judiciales se han convertido en toda la región, en lugares de aplicación de medidas de presión sobre los ejecutivos de turno, en distintos puntos del país para instalar procesos de desestabilización o de estigmatización de ciertos sectores políticos.

Pensando además con un criterio regresivo en términos de que estas justicias de carácter oligárquico, lo que implican es cerrar un debate ultra necesario en todas nuestras democracias debilitadas, que es cómo ensanchar las vías de canalización institucional de las demandas sociales. Y este es el punto fundamental a ver, y la idea estrambótica de la sedición con la cual se atacó a esta marcha tiene por detrás este reaccionarismo conservador que es la clave con la que actúa este sector judicial.

Se está viendo en el Consejo de la Magistratura y las últimas decisiones de la Corte Suprema, probablemente sea esta Corte, con esta integración la que intente manejar el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, la situación de muchos ámbitos de la justicia en distintos fueros que siguen con jueces subrogantes. La situación de la justicia federal, el ámbito del ministerio público fiscal, sectores en donde se está garantizando hoy básicamente la impunidad para el gobierno anterior, en línea con toda la maquinaria de vigilancia, control y persecución política concreta que se estableció durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, esto no es sorpresivo porque lo que está pasando es que en este entramado de mafia que estamos viendo, lo que se hace muy difícil es encontrar (y esto le pasa mucho al Frente de Todos) compromisos claros y serios con agendas concretas de por medio para ponerle el cascabel al gato en esta pelea.

Fíjate lo que sucede hace meses en Santa Fe con Marcelo Sain. Es un escándalo. Yo creo que es un emergente de esta situación de grave deterioro de la justicia en la que estamos. Que cuando empezás a encarar procesos, más allá de las declaraciones públicas del personaje, si se extralimitó o no, de todas las cuestiones que se ponen en discusión como para no hablar de lo que hay que hablar; cuando empezás a trabajar en investigaciones concretas que te llevan a la acción conjunta de sectores políticos y judiciales con la operatoria de fuerzas de seguridad, el modo en que sectores de la economía ilegal están capturando cada vez más sólidamente distintos sectores importantes del circuito económico en ciertos puntos del país; y ni hablar cuando afrontás el último terreno, ya es más complicado, que es ver cómo han funcionado los sistemas de circulación económica y de extracción de recursos.

Ahí tenemos la mal llamada Hidrovía, por ejemplo. Hay un entramado que funciona con el objetivo de castigar cualquier intento, así sea imperfecto, de poner sobre la mesa sanamente del debate democrático la reforma que nuestra justicia necesita, estructural. Y, por otro lado, poner sobre la mesa debates sobre el modo en que se va carcomiendo la vida en comunidad en nuestro país, con la introducción de circuitos ilegales de la economía, con la dramática incursión del narcotráfico en distintos sectores sociales y, por detrás, hay entramados políticos y judiciales que salen a la luz como lo estamos viendo.

El caso más sonado es el del ex ministro de Seguridad de Santa Fe, que amén de haber perdido el cargo en marzo de 2021, en noviembre la Legislatura lo eyecta de Santa Fe, del cargo que él había ganado por concurso en 2018 en el marco del Ministerio público de la acusación que es el Ministerio público fiscal de Santa Fe. Acusado por los propios fiscales, que al parecer serían algo así como arietes de estos sectores que presionan para que no se investiguen ciertas connivencias vinculadas al juego clandestino y a otros fenómenos del crimen organizado. Es muy grave todo esto.

M.H.: Me gustaría que incorpores a tu análisis los 6 años de detención de Milagro Sala.

G.L.: Lo que pasa es que Milagro Sala, desde diciembre de 2015, fue la punta de lanza, con condimentos mucho más graves porque ahí aparece además de un condimento oligárquico conservador fascista, que permitió operar al gobernador Morales sobre un determinado sector importante de la comunidad social y política jujeña, como lo es el Movimiento Tupac Amaru poniéndolo en situación de persecución abierta, debilidad extrema y estigmatización permanente.

Se suele hablar del intento de desestabilización política desde la justicia, yo diría que en realidad lo que hay acá es un escenario donde el mercado y los sectores económicos ligados con estas oligarquías, como es el caso de Jujuy, operan a través de una justicia retrógrada, facciosa y conservadora, sus intereses a gran escala.

En Jujuy además de la tragedia y del horror denunciado en instancias internacionales ya, de lo que ha pasado con Milagro Sala, el debilitamiento de Milagro le ha permitido al gobierno de Morales instalarse en un escenario en donde hoy lo que ocurre en Jujuy es que existe un proyecto de poder que supone la consolidación de niveles muy amplios de arbitrariedad y justicia abiertamente controlada.

Porque lo de Milagro Sala tuvo además la desvergüenza de la instalación en la Corte Suprema provincial de gente de Morales, entre otras irregularidades que ocurrieron. Lo cierto es que lo de Milagro tuvo este componente de persecución, con amplios tintes racistas y en ese sentido todavía toda nuestra sociedad política, incluso los actores que gobiernan hoy en muchos sectores, se deben una explicación de lo que ha sido esto. De la falta de acción colectiva y organizada desde distintos sectores para denunciar lo que estaba ocurriendo y para movilizar a toda la sociedad en función de eso.

Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es una reacción tardía a partir de todas estas situaciones de atropellos que hemos visto durante más de 5 años, pero que así y todo, lo que se termina por ver es que en la máxima autoridad política de la Argentina hay una situación de duda permanente que se expresa entre una propuesta que parece ir hacia un intento de conciliación o consenso con estos sectores y cierto tono declarativo que por momentos se hace más belicoso pero que queda ahí.

Mientras tanto la preparación del terreno en términos de la especulación mediática, de la participación de los sectores populares, está muy desmovilizado. Está bien que estuvo la pandemia de por medio, pero todo esto ha perjudicado enormemente en todo este tiempo las posibilidades de aumento del margen de maniobra de la acción política del gobierno.

Y el caso de Milagro, como decíamos al comienzo de este comentario, me parece que reúne todos estos condimentos y creo que tiene una amplia cuota lamentablemente de fuerte impotencia y de hipocresía política manejada desde las propias autoridades de nuestro gobierno que han decidido hacer la plancha respecto de esto y lo que significa en términos de la gravedad institucional.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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