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Banco del Pacífico: entre una historia y una venta nada pacíficas

Do Rebelión, 5 de Fevereiro 2022
Por Alberto Acosta 


“¿Qué es el robo de un banco en comparación con fundar uno?” -Bertolt Brecht, dramaturgo alemán


La propuesta de venta del Banco del Pacífico ha impactado en la opinión pública. Y está bien que la sociedad se interese por el tema. Se trata de un banco del Estado, es decir de todos los habitantes del país. Sobre la conveniencia de esta decisión se puede discutir. Sin embargo, de plano es inaceptable que se quiera justificar dicha venta con el combate a la desnutrición crónica infantil: una cuestión desgarradora, demostración de la incapacidad de los distintos gobiernos para enfrentar esta tragedia; asunto que, de ninguna manera, se resuelve simplemente destinando financiamiento adicional… La vinculación de estos dos temas, planteada por el gobierno de Guillermo Lasso, es una infame tomadura de pelo.

La historia del banco de la discordia data de inicios de la década de los setenta. En 1972, cuando el país empezaba a disfrutar del primer
boom petrolero, nació el Banco del Pacífico, que, haciendo honor a su propaganda era “un banco banco, cada día crece más…”. Su expansión fue notable. En poco tiempo se transformó en uno de los mayores del país. Sus logros se explican por el auge económico y especialmente por las medidas de política económica pro-banca-privada de todo este largo período de historia nacional, que incluyó el respaldo estatal a la banca en las épocas de crisis.


El Ban­co del Pa­cí­fi­co se convirtió en uno de los gran­des be­ne­fi­cia­rios de la “su­cre­ti­za­ción”, teniendo como presidente a Marcel Laniado de Wind, ministro de Agricultura del gobierno de Febres Cordero y más tarde presidente del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), entre otras funciones en el sector público. Los beneficios de dicha conversión de deuda en dólares en deuda en moneda nacional, se establecieron en el gobierno de Oswaldo Hurtado Larrea. Igualmente, el banco fue el que mayor tajada sacó de la compensación de pasivos a través de la compra de cuentas especiales en divisas en el régimen de Fébres Cordero, que representó por igual un subsidio elevado para la banca privada y unos pocos grupos económicos. También dicho banco –como el resto de los bancos privados– obtuvo jugosos beneficios de los escudos fiscales en el gobierno de Jamil Mahuad.

Esta racha de crecimiento se vio interrumpida a fines del siglo pasado. Empero, en plena debacle bancaria, el Estado rescató a este banco. Superado el bache gracias a diversos y masivos aportes estatales, volvió a crecer. Los certificados de depósito reprogramables (CDR) con Gustavo Noboa Bejarano, durante la grave crisis del tornasiglo, deben haberle ayudado a recuperar el ritmo, tanto como los depósitos de las entidades del sector público.

A lo anterior, teniendo en la mira a toda la banca, se suman las ganancias por comisiones, intermediación de créditos con tasas elevadas posibles por la estructura oligopólica, la especulación cambiaria (antes de la dolarización), los créditos vinculados que le permitieron a toda la banca, incluyendo el Banco del Pacífico, incursionar en múltiples negocios no financieros, en el mundo de las transacciones bursátiles y crediticias, y un largo etcétera de posibilidades de lucrativos arreglos.

Durante el gobierno de Rafael Correa, período en el que la banca privada amasó las mayores ganancias de la historia, el Banco del Pacífico registró utilidades por 447 millones de dólares, un 15,9% del monto total de ganancias de la banca, 2.820 millones de dólares; el segundo puesto luego del Banco del Pichincha. Con Lenín Moreno, ya con una econoía estancada desde el 2014, no solo que mantuvo esa posición, sino que incrementó al 17,3% su tajada: 271 millones, de un volumen de total beneficios bancarios de 1.566 millones. En plena pandemia, en el año 2020, cuando la economía se contrajo en un porcentaje nunca antes registrado, la banca obtuvo utilidades de alrededor del 230 millones, de los cuales el Banco del Pacífico captó cerca de 25 millones.

Este banco, que ha tenido resultados tan importantes, justamente cuando se anuncia su posible privatización, en el año 2021, cae en el ranking de utilidades, del segundo lugar, al décimo puesto con 5 millones dólares. Esto no deja de sorprender. Se dice que para maximizar el valor del banco hay que provisionar la cartera mala y reajustar su estructura financiera, algo que ha conducido al cierre de una gran cantidad de puntos de servicios. Sin adentrarnos más en el tema, lo cierto es que se le “sanea” para privatizarlo…

Además, la relación beneficio – patrimonio ha sido de un 15%, comparable a la del resto de los grandes bancos privados, tal como se registró en el año 2019. Como se ve, las cifras oficiales disponibles sugieren que el Banco del Pacífico era una fuente importante de ingresos para el Estado, su propietario; cifras que, por cierto, deberían ser auditadas y transparentadas públicamente antes de cualquier intento de venta.

Muchas varias inquietudes saltan en este momento. ¿Qué hace el Estado manejando un banco que era privado?, es una pregunta de cajón. Su venta sería –según los fundamentalistas de mercado– un paso necesario para que vuelva a sus orígenes; así se le liberaría de las garras estatales… en las que este banco hizo cuantiosas ganancias. Otro tema que sorprende es la propuesta del gobierno para introducir un período de 15 años de sigilio sobre su venta.

Incluso si se aceptara como conveniente su venta, cabe preguntarse sobre el valor que debería orientar dicha operación comercial. Al respecto hay varias valoraciones que arrancan de unos 820 millones de dólares como afirma el máximo ejecutivo de la entidad bancaria, a más de 1.400 millones que proponen otros analistas. Pero en estricto sentido este no es el tema de fondo.

No se trata solo de impulsar un proceso transparente y de obtener el mejor precio posible. El asunto es más complejo. Lo que interesa es averiguar por qué se quiere vender un banco que deja ganancias jugosas para el país, por un lado, y, por otro, las consecuencias que podría tener dicha venta…

La banca privada ecuatoriana es altamente concentrada y hasta posee un carácter oligopólico. En el año 2020, apenas seis bancos (Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Internacional, Produbanco, Bolivariano) controlaron el 67,1% de la cartera bruta de crédito y el 73,8% de los depósitos a la vista y a plazo fijo de todo el sistema financiero monitoreado por la Superintendencia de Bancos. De hecho, la banca privada controla el 67% del crédito de todo el país, mientras que las cooperativas y mutualistas solo absorbieron el 23%. Los activos de los 27 bancos que existen en el país, suman 52.399 millones de dólares; el 56% de esos activos está en manos de 5 bancos: Pichincha 25%, Pacífico 13%, Guayaquil 12%, Produbanco 11%, Bolivariano 8%. En otras palabras, son pocos los bancos privados de gran poder que controlan la creación de dinero vía crédito en el Ecuador.

En este punto cabe preguntarse si la venta del Banco del Pacífico abrirá la puerta a una sana competencia o si terminará reforzando los procesos de concentración bancaria (así sea de forma encubierta). La duda es justificada. El Banco del Pacífico, que ya estuvo en la larga lista de empresas de propiedad del Estado a ser privatizadas durante el correismo, no ha sido un actor que alentaba sustantivamente la competencia. Por el contrario, a pesar de ser un banco de propiedad estatal, su administración trabajó muy cerca con el cartel bancario. Entonces, el cambio de propietarios no necesariamente nos asegurará un poco más de competencia en el mercado. De hecho, no garantiza en absoluto más competencia ya que no cambiaría la estructura del sistema bancario, no entra y no sale ningún banco, lo único que pasaría es que cambia de propietario.

En otras palabras, frenar la venta de este banco, más aún cuando tenemos un banquero-presidente, es una cuestión que amerita la mayor reflexión posible.

La banca debe ser un instrumento para alentar la producción y no la especulación. Cuestión por lo demás compleja, pues, como escribió Carlos Marx en el tercer tomo de El Capital, citando a un banquero inglés: “todo lo que facilita el negocio, facilita la especulación, los dos en muchos casos están tan interrelacionados, que es difícil decir, dónde termina el negocio y empieza la especulación”

En este contexto, lo mínimo que podemos aspirar es que, con un mejor enfoque de inclusión financiera en la administración el Banco del Pacífico, en manos del sector público, esta entidad financiera pueda ser parte de un proceso que coadyuve significativamente a reducir las grandes brechas de acceso al crédito que existe para pequeñas y medianas empresas, mujeres, campesinos, comunidades, asociaciones, etc. Y que conduzca a la indispensable reducción de las tasas de interés. Si ese es el objetivo, ¿por qué no impulsar un frente de banca pública estatal (Banecuador, CFN, Banco del Pacífico), banca pública no estatal (BIESS) y cooperativas de ahorro y créditos, así como cajas comunales?

Inclusive, en lugar de privatizar el Banco del Pacífico, se podría considerar la entrega de este Banco como parte de pago de la deuda que el Estado tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.

Por supuesto es indispensable tomar otras medidas para lograr la reducción de las tasas de interés e impulsar la transformación del sistema financiero. La banca debe sostenerse por el margen financierio y no por el restismo de las comisiones, que deben desaparecer. El Estado puede abrir líneas de segundo piso para fondear (financiar) especialmente a las cooperativas que son las que más llegan a las localidades y financian a los micro y pequeños emprendimientos. Es necesario también fomentar la creación de más cajas de ahorro comunitarias complementadas con un mayor uso de medios de pago alternativos que dejen de depender de dólares físicos para las transacciones. El pago a los servidores públicos y a quienes reciben bonos del Estado debería hacerse a través exclusivamente de las cooperativas, puede ser otra medida a considerar. Y por cierto es urgente estimar y establecer límites a la concentración de la banca: por ejemplo, impedir legalmente que un solo banco concentre más del 10% de créditos y depósitos. Aquí puede ayudar una ley antimonopolios que penalice con impuestos extraordinarios a grupos económicos y financieros de excesiva concentración, por un lado, o la venta de acciones de manera obligatoria a inversionistas minoritarios, como es normal en otros países. Y si eso no da resultados efectivos porqué no considerar la expropiación y reversión de propiedad al Estado…

La banca debe estar al servicio de la sociedad democratizando los servicios financieros, y no al servicio de la especulación y la ganancia desmedida de unos pocos grandes grupos económicos.

Alberto Acosta: Economista. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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