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Los niveles de pobreza e indigencia desnudan el ajuste

Panorama político-sindical


Do Rebelión, 26 de Outubro 2021
Por Mario Hernandez 


En el primer semestre de 2020 la pobreza había sido del 40,9%, mientras que en el último semestre del año pasado trepó hasta 42%.

El índice de Pobreza se ubicó en el 40,6% en el primer semestre del año, 1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del año pasado y 3 décimas de punto por debajo del 40,9% del período enero-junio de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto el nivel de indigencia se ubicó en 10,7% en el segundo semestre, frente al 10,5% de igual período del año pasado.

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, el informe precisa que más de la mitad de los que se encuentran en situación de pobreza, el 54,3%, son personas de hasta 14 años.

En tanto, en los grupos de entre 15 y 29 años, el nivel de pobreza alcanzó al 48,5%; y al 30% de las personas de entre 30 a 64 años.

Por su parte, de la población mayor de 65 años, el 13,8% se encuentra en situación de pobreza al cierre del primer semestre de 2021.

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto para el 2022 por parte del Gobierno nacional, el cual aún no fue debatido en el Congreso, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evaluó que el mismo «no responde a las demandas planteadas recientemente en las urnas y tampoco se corresponde con un país que ha sido devastado por la pandemia», según expresó el Secretario Adjunto Nacional, Rodolfo Aguiar.

«Si no se plantea realizar una mayor inversión en salarios y elevar considerablemente las partidas destinadas a políticas sociales, estaremos frente a un nuevo ajuste», agregó.

A pesar de las estimaciones de crecimiento económico que proyecta el documento, el mismo reflejó una reducción importante en algunas áreas como las acciones de empleo (-59,6%), seguro de desempleo (-28,3%), complemento alimentario (-58,4%), comedores comunitarios y merenderos (-33,8%) y abordaje integral de barrios populares (-26,9%), entre otras, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Esta desinversión pareciera desconocer el efecto recesivo que tuvo la pandemia y el daño que causó la gestión anterior en los salarios de los trabajadores, llevando al 40,6% de los habitantes bajo la línea de la pobreza, según el Indec.

«Resulta inaceptable que mientras la mitad de la Argentina es pobre, las partidas más importantes en materia de protección social para el próximo año se mantengan en los mismos niveles que este año o sufran importantes reducciones», resaltó Aguiar.

«Este proyecto legal debe ser modificado. El ministro Guzmán más que preocuparse por el FMI, debe preocuparse por la gente», finalizó el adjunto estatal.
El gasto en programas sociales se redujo 45% en los primeros 9 meses del año

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirma que a pesar de la campaña electoral -y el gasto que implican ciertas medidas- sigue el ajuste en el gasto público.

Según los datos de la OPC el déficit primario en los primeros nueve meses del año alcanzó el 1,5 % del PBI, muy por detrás del 4,5 % estimado por Guzmán en el Presupuesto vigente.

“Entre enero y septiembre de este año la Administración Nacional redujo en términos reales el déficit primario (68,8%), financiero (57,3%) y económico (74,7%) en comparación al mismo período del año previo”, sostiene el informe.

Y agrega: “Durante los primeros nueve meses del año los ingresos de la Administración Nacional crecieron 25,4% en términos reales, básicamente por una mejor recaudación del IVA y los $ 427.401 millones provenientes de la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibió Argentina de acuerdo con su cuota de participación en el FMI.”

El gasto primario cayó 3,2% pero con un comportamiento dispar por rubro. Dentro de ellos sobresale que las jubilaciones y pensiones tuvieron una disminución en términos reales de 7,4%, debido a la aplicación de la fórmula de movilidad votada por el Frente de Todos que no garantiza aumentos que equiparen a la inflación. Además, los programas sociales presentaron una disminución en términos reales del 45%, por la eliminación de IFE y ATP, que se compensó solo parcialmente por el refuerzo presupuestario en otras iniciativas, tales como: el Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, las becas PROGRESAR y el REPRO.

De esta manera, se confirma que el ajuste se profundiza, a pesar de las medidas electorales, en los primeros 9 meses del año. La suba de ingresos por mayor recaudación, el impuesto a las fortunas y los DEGs, junto a la disminución del gasto en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, son los elementos centrales que explican este resultado.

En plena crisis social, seguir ajustando el gasto público sólo se explica porque la prioridad principal del Gobierno es alcanzar un acuerdo con el FMI.

AGENCIA PACO URONDO RADIO (La Palabra Justa, domingos de 10 a 12, FM La Patriada) dialogó con el economista e investigador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) sobre la coyuntura económica y los desafíos del gobierno.

APU: ¿Según su perspectiva Martín Guzmán hizo un ajuste en la economía o evitó agrandar el déficit fiscal? ¿Es lo mismo eso?

Lavih Abraham: Es casi lo mismo. Cristina decía que había subejecución y nosotros creemos que es mayor la subejecución que lo que dijo Cristina. Efectivamente, se tendió a un equilibrio fiscal, a tratar de achicar el déficit lo más posible y había presupuesto, primero que nada. Estaba presupuestado gastar más y eso es por ahí, lo imperdonable, en el sentido que, ya estaban los fondos destinados para eso y no se hizo. Se podría haber subejecutado menos, decididamente, durante toda la primera mitad del año en cosas más concretas. La recaudación mejoró respecto a los niveles del año pasado, y el gasto está un poquito mejor que el 2019 pero sigue siendo bajo en términos históricos. En este año, se está gastando menos de lo que se gastaba en el promedio del macrismo. Hay un espacio fiscal ahí para avanzar y seguir en búsqueda de poner guita en los bolsillos, como se dice habitualmente.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz publicó en octubre el informe “PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2022” donde sostiene:

[…] el Ministerio de Economía publicó, sin hacer mucha publicidad, los datos oficiales del resultado fiscal. El déficit fiscal primario al mes de agosto resultó del 1% del PBI en lugar del 2,1% que se señaló en la carta por lo que la distancia hasta el 4,5% (el valor previsto en el Presupuesto 2021 y que reclamó CFK) es todavía mayor. Al enviarse el Presupuesto 2022 se incorporaron nuevas proyecciones para el presente año y allí se postuló que el déficit fiscal primario sería 4,0% del PBI en el 2021. Aun considerando que los últimos tres meses son siempre los más deficitarios por razones estacionales, parece difícil que se llegue al 4%.

Un presupuesto para acordar con el FMI

Reproducimos el análisis del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2022, elaborado por el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Unidad Popular que coordina Ana Rameri y fundado por Claudio Lozano.

Para Lozano, “el formato y la estructura del Presupuesto 2022 se inscribe en el marco de la estrategia adoptada por el Gobierno Nacional luego de la derrota electoral vivida en las PASO. El tipo de cambio de Gabinete, el proyecto de Ley de hidrocarburos construido validando las demandas del oligopolio petrolero, el proyecto oficial de fomento a la Agroindustria en línea con los objetivos del Consejo Argentino Agroindustrial y el Presupuesto con formato fondomonetarista, son señales que, en el marco del debilitamiento político vivido, pretenden reconstruir gobernabilidad, aunque mas no sea de carácter conservador. No obstante, el examen de la presentación presupuestaria, permite señalar que más allá del formato fondomonetarista, la presente gestión gubernamental dispone de recursos para replantear la política en línea con las evidentes demandas por mayor y mejor distribución del ingreso que se expresaron en el resultado electoral.

“En este sentido, el sobreajuste practicado por el ministro Guzmán durante el 2021, así como la monetización de los DEG del FMI, le brindan al gobierno una disponibilidad de gasto equivalente al 2,2% del PBI. Existen recursos por $952.000 millones para impulsar un shock distributivo que impulse una potente intervención sobre las urgencias reales de los sectores más vulnerables, que por esta vía le otorgue un impulso adicional al consumo y a la demanda en el mercado interno, propiciando una aceleración en la tasa de crecimiento del PBI. Que esto se haga o no, no depende de la disponibilidad de recursos, sino de los criterios y la lógica de una política económica cuyos lineamientos centrales están expuestos en el mensaje presupuestario.

“Una vez más, al igual que en el 2021, el presupuesto 2022 es un Presupuesto contractivo, que achica el déficit en un contexto de capacidad ociosa retirando al Estado del aporte a una mayor demanda, y que además reduce el déficit vía ajuste del gasto y no por expansión de recaudación. Esta presentación tiene por detrás la visión de una política económica que considera que la expansión del gasto está limitada por el nivel de reservas del Banco Central. Una formulación conceptual que rememora las viejas épocas de la Convertibilidad. Lógica equivocada porque expandir el gasto hacia los sectores más vulnerables impacta sobre el consumo y la demanda de alimentos, energía, indumentaria, vivienda…Todos sectores que requieren divisas para su funcionamiento. El verdadero problema que hay que resolver y frente al cual esta política solo exhibe resignación, es que en esos sectores hay Grupos económicos con posiciones dominantes que elevan precios, maximizan utilidades y cambian esas utilidades a divisas.

“Esto exige una discusión seria sobre los controles cambiarios y de precios, y no la simple resignación de no expandir el gasto prolongando el sufrimiento social de millones de habitantes. Por otra parte, la falta de reservas en el Banco Central es la evidencia de un fracaso mayúsculo de la política económica. Esto no ocurre en un contexto de restricción externa de nuestra economía. Se da en el marco de dos años en los que nuestro país acumuló más de 23.000 millones de dólares de saldo comercial positivo. Que el BCRA tenga hoy poco más de 5.000 millones de reservas netas es la consecuencia de decisiones equivocadas. Entre otras haber planteado cumplir con los pagos mientras se negociaba pese a haber recibido ya en default a la economía nacional. No haber avanzado en mecanismos regulatorios de nuestro comercio exterior que fortalecieran el control sobre el ingreso y egreso de divisas. Evitando así las demoras en la liquidación por los exportadores, el adelanto de importaciones o la cancelación innecesaria de deudas. Y haber pretendido sustituir esas decisiones con intervenciones financieras en los mercados paralelos del dólar que consumieron enormes cantidades de divisas. 1.300 millones en lo que va del 2021. Tampoco se avanzó en estrategias de mayor progresividad tributaria y captura de rentas que fortalecieran el financiamiento fiscal, al tiempo que se abusó del endeudamiento en pesos y por tanto se agravó la dependencia de la política económica respecto al establishment financiero.

“En este marco, el Presupuesto presentado exhibe:

1) “Un importante aumento de los intereses por deuda pública que representan el 13 % de los gastos de la Administración Nacional y que por sí solos equivalen a 27 de las 29 finalidades del gasto.

2) “El presupuesto incurre en una mayor regresividad tributaria ya que la pérdida de recaudación por la eliminación del aporte a las grandes fortunas y por los menores ingresos por el Comercio Exterior superan con creces las leves mejoras en Ganancias y Bienes Personales.

3) “La estimación respecto a los subsidios energéticos abre serios interrogantes sobre la posibilidad de aumentos tarifarios.

4) “El cierre de las cuentas del 2021 no muestra financiamiento para un bono a los jubilados que compense la pérdida de poder adquisitivo del año.

5) “A la vez las pautas implícitas de aumentos en jubilaciones (10%) y en salarios (20 %) para el 2022 resultan incompatibles con una inflación del 33 % y nos indica que en ambas partidas se está subestimando el gasto.

6) “En sentido inverso hay, al igual que en el 2021, una clara sobreestimación del Gasto de Capital.

7) “A la vez en los gastos sociales aparecen distintas insuficiencias. A saber, se amplía la cobertura de la AUH en 15.000 chicos cuando hoy son más de un millón los excluidos. Hay un notorio debilitamiento del programa Progresar, y si bien se plantea un aumento de la cobertura de la tarjeta Alimentar y del Potenciar trabajo, estos aumentos exhiben inconsistencias con el financiamiento que se le asigna.

8) “Por último, la observación del Gasto Tributario que representa un 2,64% del PBI y que sumado a los intereses por deuda representan el 85% del déficit financiero, es una nueva señal respecto a cuáles son las prioridades para fortalecer las cuentas públicas. Reforma Impositiva Progresiva con fuerte revisión de exenciones, promociones y subsidios, y otro tratamiento de la Deuda Pública. Todos estos aspectos se describen y cuantifican en el material sobre el Presupuesto que estamos presentando”.
«Las estafas no se pagan»

En diferentes ciudades del país organizaciones sociales, políticas y sindicales realizaron acciones contra el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). En la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentración en el Obelisco, para marchar hacia Plaza de Mayo. » Esto es un verdadero crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza y para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua, educación, necesitamos ejercer nuestro derecho soberano a desconocer la estafa y dejar de pagar lo que no debemos».

«En el marco de la crisis agravada por la pandemia, el 22 de septiembre el gobierno realizó el primer pago de capital al FMI, por la estafa consumada con Macri en 2018. Implicó el desembolso de casi 1.900 millones de dólares – ¡más de $4.000 por habitante! Se trata de una enorme suma de dinero que bien podría haber servido para mejorar las condiciones de vida del pueblo, que viene padeciendo la desocupación y la pobreza», explicaron mediante un comunicado desde el espacio Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

«¡Con el pago al FMI realizado la semana pasada, se podrían haber construido 42.000 viviendas, dando además trabajo y capacitación a 200.000 personas!» afirmaron las y los organizadores.

«Llamamos a todas las organizaciones del pueblo trabajador, a todos los movimientos populares, a unirnos en la acción para exigir al gobierno que no se siga pagando la estafa. Exijámosle nuestro derecho a que se suspenda el pago y se investigue a fondo los orígenes y usos de este reclamo odioso, para repudiar lo ilegítimo e ilícito y sancionar a los responsables tantos locales como extranjeros. Esto es un verdadero crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza y para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua, educación, necesitamos ejercer nuestro derecho soberano a desconocer la estafa y dejar de pagar lo que no debemos» finalizaron.
Día del jubilado: reclamaron jubilaciones dignas

El pasado 22 de setiembre, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina, junto a diversas organizaciones, realizó una concentración y acto en el Congreso Nacional en reclamo de una «jubilación mínima no inferior a la Canasta Básica del Adulto Mayor que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de CABA», el «82% móvil sobre el salario del trabajador activo», la «creación del Instituto Nacional de Previsión Social» que represente a trabajadores activos, jubilados y al Estado, la «normalización del PAMI, poniendo fin a la intervención», y el otorgamiento de «viviendas en comodato para jubilados y pensionados» cuya construcción se financie total o parcialmente con fondos del Tesoro Nacional. Asimismo, convocó a una actividad frente al Congreso en conmemoración del 1° de octubre, declarado por las Naciones Unidas como el «Día Internacional de las Personas Mayores».

«En lo inmediato exigimos un urgente aumento de emergencia, ya que el haber mínimo jubilatorio de $25.144,34 de bolsillo, que percibiremos desde septiembre hasta noviembre, solo alcanza a cubrir mensualmente la tercera parte de la Canasta Básica del Adulto Mayor, que ya era en abril $64.039», amplió la Mesa nacional.

Del acto convocado por la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina también participaron organizaciones sociales, sindicales y de jubilados y pensionados, como Jubilados Clasistas, Jubilados F.O.R.A., la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (U.T.J.E.L.), el MTL Capital, la CTA Autónoma, y también representantes de la Autoconvocatoria por la Suspensión e investigación del Pago de la Deuda.

Las jubilaciones fueron las primeras en ser atacadas de forma directa por el Gobierno al suspender la movilidad jubilatoria, reemplazarla por aumentos por decreto por debajo de la inflación y luego por una nueva movilidad que las ha hecho continuar perdiendo capacidad de compra. Desde la asunción del Frente de Todos la jubilación mínima, que cobra la mayoría de los jubilados, hasta julio de este año (mes del último dato de la inflación del Indec) disminuyó un 6,7 % en términos reales (en comparación con la inflación).

Además de lo perdido con el Frente de Todos, las jubilaciones ya habían descendido un 19,5 % durante el gobierno de Macri.

Alberto Fernández prometió en la campaña electoral y lo repitió en la presentación de candidatos oficiales que “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”. Pero los que siguen ganando a pesar de la pandemia son los bancos mientras pierden los jubilados: durante el primer semestre del 2021 los Bancos privados ganaron $ 200 millones por día, en total más de $40.000 millones en seis meses.

En el primer semestre del año el Gobierno por el cambio de la fórmula de movilidad previsional logró un “ahorro” fiscal de $ 50.000 millones.

Luces y sombras en Jubilación para tareas de Cuidados

Se trata del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado, que acepta a los fines jubilatorios un año por hijo e hija para mujeres y personas gestantes con hijos nacidos vivos o adoptados siendo menores de edad.

A las mujeres que hayan sido titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses, se les computarán dos años adicionales.

Según el organismo, más de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años están en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de servicios requeridos.

Dentro de este universo, 155.000 estarán en condiciones de jubilarse de manera inmediata con esta medida, y otras 30.000 podrán hacerlo en el próximo año.

El 44% de las mujeres en edad jubilatoria no puede acceder a un beneficio previsional, según los registros de la Anses.
El Programa combina tres modalidades complementarias que disminuyen brechas en el sistema de la seguridad social y que, además, permitirán el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio para gran parte de las actuales mujeres adultas mayores, muchas de las cuales, hoy no tienen ningún ingreso.

Según un informe publicado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género del ministerio de Economía, que elaboró junto con Unicef, «el análisis del impacto de la pandemia sobre las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, arroja datos desafiantes de cara al diseño de políticas públicas de reconstrucción y recuperación económica».

Reproducimos aclaraciones de Eva Sacco, economista, docente e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

–Hay segregación ocupacional en el mercado de trabajo y es clara. En los últimos años ha mejorado pero sigue existiendo. Y cuando hablamos de jubilaciones estamos hablando de mujeres que trabajaron hace diez, quince o veinte años atrás, cuando la segregación ocupacional era todavía peor y la división sexual del trabajo estaba todavía más marcada.

Según datos de las encuestas de uso del tiempo, las mujeres realizamos unas seis horas de trabajo no remunerado por día. Eso incluye trabajos de cuidado a menores, adultos mayores, personas con discapacidad y tareas domésticas. Y hay una brecha muy importante de, en promedio, cuatro horas diarias respecto de los varones, que sólo realizan dos horas de trabajo no remunerado. La diferencia se acrecienta en los casos de mujeres y varones que son madres y padres. Esto hace que las mujeres podamos dedicar menos horas al trabajo remunerado. Muchas mujeres ni siquiera acceden.

Uno podría pensar que eso es algo que queda en la organización interna de una familia y que tiene que ver con decisiones que toman las mujeres. Pero hay otra lectura: las leyes, los esquemas y prácticas laborales tienden a expulsar a las mujeres del mercado laboral. Fuimos mejorando con los años pero las mujeres todavía tenemos una tasa de actividad mucho menor que la de los varones: cinco de cada diez mujeres en edad de trabajar, trabaja, y casi ocho de cada diez varones. Y cuando trabajamos lo hacemos menor cantidad de horas, porque la legislación laboral es todavía sumamente machista: no existen licencias por paternidad, lo que hace que ni aunque el varón tenga ganas de cooperar en la crianza de su hijo pueda hacerlo; si sos mujer, en los trabajos todavía te preguntan si tenés hijos o si pensás tenerlos, y si los tenés con quién se quedan.

Esto hace que las mujeres sean mayoría en ciertas profesiones con mucha mayor carga de informalidad, mucho más inestables, y que están mucho peor remuneradas como el trabajo doméstico, que es el peor pago de todos los trabajos urbanos y la tasa de formalización es extremadamente baja: el 70 % sigue siendo informal.

–Las moratorias implican una decisión discrecional y acotada. Mauricio Macri quiso darlas de baja y lo hizo y después se terminaron abriendo nuevamente, pero de todas formas dejaban mucha gente afuera.

De esta manera se reconoce la inequidad en el acceso al mercado laboral, que la mayor inequidad viene dada por la diferencial carga de tareas de cuidado no remuneradas, y que esa carga se da especialmente cuando tenés niños pequeños.

Es decir que esta medida tiene un impacto simbólico y en términos de derechos, porque se está reconociendo un derecho y se está institucionalizando.

–Cuando se reconocen dos años adicionales en el caso de las mujeres de mayor vulnerabilidad, que son las que cobraron AUH, lo que se está reconociendo es que esas mujeres tuvieron trabajos no registrados o que estuvieron en pareja con alguien que no lo tenía, porque nadie puede vivir con una AUH. Es una cuestión de justicia reparatoria hacia atrás, y hacia adelante.

Y hay un reconocimiento de que ese trabajo no remunerado tiene un impacto sobre la economía. Si ese trabajo de cuidado se pudiera valorizar en relación a lo que cuesta la hora de una empleada doméstica de menos categoría, el trabajo de cuidado sería la principal actividad económica.
Muchos hacen hincapié en que esto suma más déficit al sistema previsional, que ya es insustentable…

–Hay que partir de la base de que los trabajos de cuidado cuestan. Si las mujeres decidiéramos en masa no cuidar más y salimos todas a trabajar en el mercado remunerado, esos costos internos habría que cubrirlos con trabajadores y trabajadoras que cuiden a los chicos, a los ancianos, limpien las casas, lo que haría que el costo de la mano de obra se incremente, porque los ingresos que requeriría un varón que sale a trabajar y cuenta con el trabajo no remunerado de la mujer deberían ser mayores.

Lo que está de manifiesto es que lo que no cierra es un sistema que requiere explotar a las mujeres pagándoles por debajo el valor de la mano de obra o directamente no pagándoles para poder reproducir la fuerza de trabajo.

Lo que hay que discutir es cómo se distribuye el excedente, porque el sistema capitalista tiene excedentes y cada vez hay más. El problema es que los excedentes se están acumulando en pocas manos y somos las mujeres, los trabajadores no registrados, y quienes mes a mes van perdiendo poder adquisitivo los que están financiando la acumulación de esos excedentes.

La Anses tiene déficit porque hay una gran cantidad de trabajadores no registrados, y otros que hicieron aportes durante los años de las AFJP que se quedaron los bancos. La posición es pensar un esquema tributario más progresivo, donde los que realmente tienen para aportar aporten y no fuguen el dinero.

–En una economía como la argentina, que es mercadointernista, donde el 80 % del PBI está explicado por el consumo, hay una encerrona. Si hacemos que el ajuste la paguen los trabajadores lo que tenemos es un colapso económico. Si no se redistribuye no tenemos manera de crecer. Sin consumo no hay producción ni crecimiento.

Pensando esto no sólo desde el punto de vista de la justicia sino desde el punto de vista de la eficiencia económica, se requiere que el Estado –en una situación de crisis como la actual– tome medidas para impulsar el consumo, y si esas medidas tienen enfoque de género, mejor.

Al respecto, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina sentó su posición.
Comunicado

De acuerdo con los datos que acaba de dar a conocer Anses, más de 300.000 mujeres entre 59 y 64, años que estarían en condiciones de jubilarse, no cumplen con los 30 años de servicios requeridos, entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por las moratorias vigentes.

A seis años del «NI UNA MENOS» esa es la situación de la mayoría de las mujeres debido a la informalidad, la desocupación, el no reconocimiento de trabajos realizados, entre otras causas.

ANSES también ha dado a conocer el proyecto “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicios por tarea de Cuidados” para posibilitar este año la jubilación de 155.000 mujeres y de 30.000 el año próximo, que percibirían un haber mínimo de $22.372,08 de bolsillo, para cubrir una canasta básica de $64,039.

Toda medida de corrección parcial de derechos es bienvenida, pero aún con este proyecto quedaría sin resolver la situación de alrededor de la mitad de las mujeres, que se jubilarán 5 años más tarde, a los 65 años, con la PUAM, que es igual al 80% del haber mínimo jubilatorio o sea ¡¡¡$17.897,66!!! sin derecho sucesorio a pensión.

Es necesario y urgente resolver integralmente, como propone nuestro proyecto de nueva ley de Previsión Social que contiene estos aspectos principales:
*Jubilación mínima no inferior a la Canasta Básica del Adulto Mayor que calcula la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo oficio o función y la recomposición en todas las escalas, conforme a la historia laboral de cada trabajador.

*Creación del Instituto Nacional de Previsión Social, para la dirección y administración de los fondos previsionales, el que funcionará como entidad de derecho público no estatal sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica, jurídica, financiera, contable y administrativa, dirigida y administrada, como establece la Constitución Nacional, por sus interesados, que son los representantes de trabajadores activos, jubilados y la participación del Estado.

En las condiciones exigidas por el FMI para la renegociación de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, se vienen aplicando ajustes y medidas conducentes a convertir la jubilación en un subsidio a la vejez y lo más grave es la vuelta a las nefastas AFJP. Reafirmamos que se requiere suspender los pagos hasta lograr una investigación del destino de los fondos y de los responsables del mal uso de los mismos.

Para el poder dominante mundial y nacional de los grupos económicos, que son el verdadero poder real y sus instituciones como el FMI, las jubilaciones son un gasto para el Estado que hay que reemplazar con un sistema de capitalización individual, que la experiencia demostró y demuestra, en los países que lo aplican, que es el gran negocio del capital financiero y bancario y significa más pobreza e indigencia para l@s jubilad@s y pensionad@s.

Continuamos la lucha, en jornadas virtuales y presenciales, por un aumento de emergencia que no admite más dilaciones. Por un haber mínimo jubilatorio que cubra una canasta básica de adult@s mayores y proporcional en las escalas, y acelerando la vacunación contra la pandemia, exigiendo el cumplimiento de los contratos con los laboratorios y porque se liberen las patentes para poderlos producir en nuestro país y en el mundo y evitar más muertes de personal de la salud, de otros esenciales y de personas mayores, a las que pertenecemos l@s jubilad@s y pensionad@s que constituimos en argentina alrededor del 80% de los muertos por esta pandemia.
Ante la gravedad de la crisis económica, social, política y sanitaria del sistema capitalista y sus consecuencias sobre la clase trabajadora activa y jubilada, convocamos, en las condiciones de la pandemia y en el año electoral, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales, políticas, a debatir nuestro proyecto de nueva ley previsional para un verdadero sistema público, de reparto, asistido, intergeneracional, por el derecho a una jubilación para vivir con autonomía y dignidad las actuales y futuras generaciones de jubilad@s y pensionad@s.
Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina
Tres haberes mínimos mensuales son necesarios para una canasta básica de un adulto mayor

El dato surge de la actualización semestral que realiza la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Para los conglomerados urbanos hoy la canasta básica de una persona mayor es de 75.505, mientras que el haber mínimo que reciben más de 4 millones de jubiladxs y pensionadxs es de 25.144,34 de bolsillo.

Según advierten desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, más del 70% de lxs jubiladxs y pensionadxs requieren otros ingresos para cubrir esta canasta.

Datos de las necesidades mínimas mensuales en la canasta básica:
Vivienda: $21.630
Medicamentos o insumos: $16.327
Alimentos: $15.104
Limpieza: $6.531
Servicios: $5.363
Transporte: $4.400
Vestimenta: $3.600
Recreación: $2.550
TOTAL: $ 75.505

La realidad con los haberes mínimos:
Vivienda: $6.782
Medicamentos o insumos: $6.540
Alimentos: $5.030
Limpieza: $2.012
Servicios: $1.760
Transporte: $1.257
Vestimenta: $1.008
Recreación: $755
TOTAL: $25.144

Desde la Mesa aseguran que la situación es insostenible para millones de jubiladxs y pensionadxs: “Reiteramos la necesidad de un aumento de emergencia -proporcional en todas las escalas- para que no haya ninguna jubilación por debajo de la Canasta Básica de una Persona Mayor. Es responsabilidad del Estado resolver esta situación provocada por el deterioro acumulado del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, que afecta a las actuales y futuras generaciones de jubiladxs”.

“En lo previsional avanzan decididamente, entre otras medidas, con la disminución de los haberes jubilatorios, con la disminución y anulación de los ingresos y condiciones de regímenes previsionales propios, como el de gremios de las provincias no transferidas al sistema previsional nacional y como el de actividades que, por condiciones de seguridad laboral, territorial y especificidad así lo determinan. Con los mismos objetivos avanzan en el desfinanciamiento del sistema previsional, suspendiendo o disminuyendo los aportes patronales y anulando los del Estado, que se suma a la grave situación de trabajadorxs no registrados, desocupados, subocupados, sin derechos laborales y sin los aportes previsionales de salarios y patronales. La continuidad de estas políticas conduce, como ya la hemos vivido en la experiencia de la década menemista, a la privatización del sistema previsional, con las nefastas AFJP para el mayor incremento de las ganancias del capital bancario y financiero”, agregan.

Finalmente, desde la Mesa remarcan que “las jubilaciones y pensiones no son subsidios a la vejez que se resuelven con bonos y actualizaciones coyunturales. Son el producto de los aportes salariales o ingresos diferidos, establecidos por ley, durante treinta, cuarenta y más años para obtener un sustituto del salario o ingreso en esta etapa de la vida que permita vivir con autonomía y dignidad”.
«Los acusados no deberían ser César y Daniel sino Macri, Bullrich y todos los responsables de la represión contra la movilización popular»

Comenzó la fase final del juicio contra los militantes César Arakaki y Daniel Ruiz, quienes fueron llevados a juicio oral y público por su participación en las masivas movilizaciones populares del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo. En este marco, el Partido Obrero convocó a un acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, en reclamo de su absolución.

En un comunicado, la organización política dio a conocer la posición de Romina Del Plá sobre la causa: «en lugar de los compañeros Arakaki y Ruiz, quienes deberían estar en el banquillo de los acusados son los diputados macristas, y el propio Macri, que definieron abiertamente un curso de ataque contra los trabajadores y jubilados. También Patricia Bullrich y todos los que dirigieron el plan represivo, tanto del 14 como del 18 de diciembre, que se convirtió en una verdadera cacería contra los centenares de miles de trabajadores movilizados en las inmediaciones del Congreso nacional», remarcó la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el FIT-U, Secretaria General de SUTEBA La Matanza y dirigenta de Tribuna Docente.

El lunes 18 de octubre se realizó un acto unitario para exigir la nulidad del juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz y la libertad de Sebastián Romero, perseguidos por su participación en las protestas contra la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri en 2017. Fue frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
Sebastián Romero vuelve a Rosario

En un comunicado el Partido de Trabajadores Socialistas Unificado (PSTU) informó que se logró que Sebastián Romero vuelva a su casa en Rosario para seguir la prisión domiciliaria.

Luego de largas semanas de espera y de presión de organizaciones a nivel nacional e internacional, el Tribunal Oral Número 3 autorizó el traslado de Sebastián Romero a Rosario, su ciudad natal, para seguir cumpliendo allí su prisión domiciliaria.

Desde el 18 de diciembre de 2017 que Sebastián no podía volver a su hogar. Romero fue sometido a una dura persecución política por parte del Gobierno de Macri. Fue acusado judicialmente por haber utilizado pirotecnia legal en el marco de las masivas movilizaciones que tuvieron lugar contra el ajuste a los jubilados impulsado por el Gobierno de Macri.

Recordemos que se trató de un Proyecto de ley que implicó un gran robo a jubilados y jubiladas. Las movilizaciones de rechazo fueron enormes y en ellas se vio una durísima represión -desatada por el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich- que encontró una fuerte resistencia en miles de manifestantes.

Ahora este es un importante paso que debe redoblar las fuerzas para seguir hasta el final por la libertad de Sebastián y todos los presos políticos, y por la anulación del juicio contra Daniel Ruiz y César Arakaki por la misma causa, que está entrando en sus etapas finales.
Trabajadoras de casas particulares marchan para salir de la indigencia

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) realizó una «convocatoria virtual» y, ante esa situación, las trabajadoras del sector se movilizaron el jueves 7 de octubre al Obelisco, primero, y desde ahí se dirigieron hacia el ministerio de Trabajo de la Nación. El reclamo: quieren salarios dignos que las saquen de la indigencia.
En junio se reunió por última vez la CNTCP para fijar un incremento del 42% en cuatro tramos por debajo de la línea de indigencia, la última cuota de cobraría en marzo de 2022 e incorporó a partir de septiembre un porcentaje por antigüedad del 1% anual pero no su pago retroactivo.

La vocera de las Trabajadoras De Casas Particulares en Lucha, María del Carmen Díaz, enfatizó: «Después del aumento al Salario Mínimo las trabajadoras de casas particulares quedamos por debajo de éste. Con la inflación en los alimentos y la suba de alquileres se hace imposible subsistir. Trabajamos por sueldos miserables, la gran mayoría sin estar registradas, en condiciones de semiesclavitud. El aumento del 42% en cómodas cuotas se hizo sobre un valor por hora y mensual tan bajo que no alcanza para nada, no se puede vivir con $230 la hora».

Además, la dirigenta agregó que «ya nos movilizamos cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo y también presentamos una nota al ministerio de Trabajo para exigir el aumento del 100%. La única respuesta que recibimos del gobierno fue el Plan Registradas que en vez de atender la situación de las trabajadoras de casas particulares otorga un subsidio a los empleadores que registren a sus empleadas».

«Este tipo de medidas ya fracasó porque hace 8 años que se encuentra vigente el régimen especial de trabajadoras de casas particulares y la registración nunca llegó ni al 30%. Desde la agrupación Trabajadoras De Casas Particulares En Lucha nos venimos organizando porque somos trabajadoras, no esclavas: queremos el reconocimiento a nuestra actividad con un salario digno», planteó Díaz.
Lo que exige la agrupación es el adelantamiento de las cuotas del aumento del 42% y aumento salarial del 100%, registración en base a la inscripción al IFE 2020, seguro al desempleo y reconocimiento de la antigüedad retroactiva. «Con todos estos reclamos nos vamos a movilizamos al ministerio de Trabajo y queremos que nos escuchen porque hay un millón y medio de trabajadoras del sector que se encuentran en la indigencia», explicó Díaz.

Por su parte, Vanina Biasi dirigente del Plenario de Trabajadoras y candidata a diputada nacional en CABA por el Frente de Izquierda-Unidad agregó que “las trabajadoras de casas particulares se encuentran en una situación crítica: con un salario desvalorizado por debajo del SMVyM, con una pérdida récord de puestos de trabajo en la pandemia y menos del 30% trabajando de manera formal».

Al respecto, las trabajadoras de casas particulares consiguieron un nuevo aumento tras la homologación del nuevo acuerdo paritario al que se llegó el miércoles 13 en el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Se acordó un incremento del 6% para noviembre y un 2% adicional a lo que ya se había negociado para diciembre. De esta forma, el acumulado anual paritario llega al 50%. Además, se pactó una nueva revisión para marzo de 2022.

A pesar de que todavía restaban dos tramos para completar la paritaria de 42% cerrada a fines de junio, los gremios lograron una recomposición adicional.

Con los salarios de septiembre -que se cobraron en la primera semana de octubre- se había aplicado un aumento de 12%, según lo estipulado en la paritaria cerrada a mediados de año. Se trataba del segundo incremento, luego del 13% que se aplicó sobre los sueldos de junio. Ahora restarán aplicar tres tramos adicionales: en noviembre, diciembre y marzo.

A esos incrementos hay que agregarles algunos ajustes adicionales. Entre ellos, el adicional por zona desfavorable, que equivale al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría respecto del personal que trabaja en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Además, por primera vez se sumó el reconocimiento de la antigüedad, que será de 1%. Según el acta acordada en junio, ese adicional se abonará mensualmente a partir del 1° de septiembre, sin efecto retroactivo.

De la negociación participaron la titular del Sindicato del Personal del Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén, Sonia Kopprio, la secretaria General del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de Entre Ríos, Manuela Muñoz, y la abogada Verónica Quinteros en representación de la CTA Autónoma.

Sonia Kopprio celebró el nuevo acuerdo, pero exigió además un bono navideño en escalas de 6.000, 5.000 y 3.000 que sea abonado por el Estado: “Se beneficia permanentemente con exenciones a los empleadores que no cumplen con sus obligaciones, perjudicando directamente a las trabajadoras. Es hora de que el Estado se haga cargo”.

Críticas al programa de registración

Recientemente el Gobierno nacional anunció el lanzamiento del Plan Registradas cuyo beneficio es el aporte estatal de hasta 15.000 pesos a empleadores que blanqueen a empleadas y empleados que presten servicio en casas de familias por un lapso de 6 meses, pero que también establece que por un período de 10 meses no se podrá despedir a ningún/a trabajador/a contratado/a bajo este programa.

Sin embargo, Kopprio advierte que esta iniciativa podría perjudicar, por ejemplo, a una trabajadora con 10 años de antigüedad: “Tal vez, por un capricho del empleador, no se la registró antes, y ahora podría perder todos esos años porque el conteo empieza desde cero al momento del registro”.

“No fuimos consultadas sobre el Plan Registradas y no nos dejó conformes”, señaló la dirigente.

El miércoles 20 los gremios mantuvieron una reunión con integrantes de ANSES, AFIP y las autoridades del programa donde manifestaron las dificultades que podrían enfrentar las trabajadoras con la implementación del plan.
¿Qué es el plan Registradas para trabajadoras de casas particulares?

El 27 de setiembre, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, presentó el programa “Registradas” junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y otros funcionarios. El Estado pagará entre el 30% y 50% del salario durante 6 meses a las nuevas trabajadoras, transfiriendo directamente a una cuenta sueldo en Banco Nación.

Se presentó como “un incentivo a la formalización”, donde se espera que la parte empleadora complete el porcentaje restante del salario e inscriba en la AFIP a la trabajadora realizando los aportes correspondientes. El beneficio alcanza a empleadores que declaren ingresos mensuales hasta $175.000. Sin embargo, no representa una mejora en los salarios ni las condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares.

La condición para el beneficio de los empleadores, además de “formalizar” a la trabajadora, es que la contratación dure 4 meses más después de haber terminado el subsidio, y sólo alcanza a aquellas que mantengan una relación laboral de 12 horas semanales.

El sector tiene los sueldos más bajos del mercado laboral estando incluso la remuneración reglamentaria formal por debajo del salario mínimo. El salario desde el mes de septiembre para la quinta categoría (personal para tareas generales) apenas llega a $28.457 con retiro, mientras el salario mínimo vital y móvil se ubica en $31.104 para este mes.

La medida no sólo legitima esta situación de extrema precariedad, sino que viene a subsidiarla. Recordemos que estos salarios están muy por detrás de los $68.359 que se precisan para no ser pobre según el INDEC o los $108.660 que calcula la Junta Interna del INDEC de canasta básica para una pareja y 2 hijxs.

El servicio de casas particulares se divide en diversas categorías, según la función que cumpla el personal, si es con retiro o sin retiro, etc. Según un informe que difundió la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), la categoría más extendida es “tareas generales con retiro”, que abarca al 78 % del sector.

Este trabajo es realizado en un 98,8% por mujeres y es la segunda rama de ocupación femenina, empleando a casi el 17% de las mujeres que están en el mercado laboral. Representa alrededor de un millón y medio de trabajadores y fue uno de los sectores más golpeados en la pandemia. Según la Universidad Nacional de Avellaneda, si se toma en cuenta la situación desde el inicio de la pandemia ya se perdieron 371.000 puestos de trabajo en el sector.

Si bien es uno de los sectores más grandes de la economía en cuanto a empleo, ocupando al 8% del mercado laboral, es de las ramas más precarizadas. Según estimaciones del INDEC el 72,4 % de quienes trabajan en el rubro lo hacen de manera informal.

Con la medida se sigue beneficiando a los sectores empleadores, lejos de pensar verdaderos beneficios para las trabajadoras, que el 44,2% son jefas de hogar, según el ministerio de Trabajo.
“Las trabajadoras del hogar somos uno de los sectores más vulnerables”

La CTA Autónoma participó de la reunión del Cono Sur de Trabajadoras del Hogar que antecede al VII encuentro de la Gran Alianza Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. La secretaria General del Sindicato del Personal de Casas de Familia de San Juan (SinDeCAF), Stella Marys Zalazar, dijo que “la pandemia nos perjudicó porque no pudimos trabajar, nos descontaban los días, se redujo la jornada laboral”.

Con la presencia de representantes de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay se realizó el 12 de septiembre pasado una reunión virtual del Cono Sur preparatorio del VII encuentro de la Gran Alianza Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, que se realizará el 23 y 24 de octubre con el objetivo de compartir la situación en la región sobre: el Covid 19, el salario, la seguridad social, la violencia y la migración.

En relación a las consecuencias de la pandemia de Covid 19 en las trabajadores del hogar, Stella Marys Zalazar, señaló que “hemos perdido a muchas compañeras, además sufrimos un retroceso muy grande porque a las empleadas nos descontaban los días, no podíamos trabajar, muchas quedaron sin trabajo, cuando nos reintegramos fue tremendo porque la que trabajaba ocho horas empezó a trabajar cuatro, por lo tanto,nuestro sueldo bajaba, agravando la situación porque la mayoría de nosotras somos jefas de hogar”.

La dirigenta subrayó que “nuestro sector es uno de los más vulnerables que hay en la Argentina porque somos la mayoría de las empleadas no registradas. El ministerio de Trabajo admitió que hay escasamente 570.000 registradas, por lo tanto, son 1.200.000 que trabajan sin derechos”. Y agregó: “Es una pena, falta de voluntad política porque como sindicato tenemos el derecho de ir casa por casa para ver quien está en blanco o no pero no podemos, el ministerio de Trabajo sí puede hacerlo para que esas empleadas tengan un salario digno, una obra social, una ART y una jubilación digna”.

Destacó que “el gobierno ayudó con el IFE (Ingreso Federal de Emergencia) a las compañeras registradas, pero las que no están registradas no recibieron ninguna ayuda” y a pesar de “la suspensión de los despidos y la doble indemnización, aún con ese decreto, ha habido muchos despidos y muchas trabajadoras se han quedado sin su fuente de trabajo. Ahora, tuvimos la suerte de que empiecen a pagar la antigüedad”.

“Esperamos que de una vez por todas la comunidad, la sociedad argentina y latinoamericana nos considere como trabajadoras.”, demandó Salazar. Y recordó: “Nuestro sector tiene un salario por debajo de la línea de pobreza, necesitamos llegar a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, porque además en pandemia no nos respetaron con los protocolos de Covid 19, no nos dieron los elementos de prevención, no nos cuidaron”.
Fallo inédito: el trabajo en el hogar es trabajo

Por Sonia Magasinik

El Juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario sentó un importante precedente: el juez Marcelo Quaglia ordenó a un hombre indemnizar a su ex mujer en reconocimiento a las tareas del hogar que ella realizó durante los siete años en que convivieron.

La sentencia reconoce que la organización del hogar por parte de la mujer le permitía a este hombre trabajar con tranquilidad y aumentar su patrimonio, ya que llegaba a su casa después de una jornada de trabajo y encontraba la casa limpia y las compras hechas, todo lo cual contribuía a su bienestar. Además, durante el tiempo de relación, la pareja compró una casa y renovó el auto, que fueron registrados a nombre del hombre.

Si bien la demanda fue por división de bienes, compensación económica y/o enriquecimiento sin causa, el juez rechazó la división de bienes en un 50% porque el Código Civil y Comercial sólo la contempla para el matrimonio, pero no para la unión convivencial. No obstante, el magistrado sí aceptó el enriquecimiento sin causa del hombre y fijó para ella una reparación del 25% del valor del automóvil y del inmueble en el que convivieron.

La división sexual del trabajo

Esta sentencia inédita refleja de alguna manera un debate que desde hace muchos años vienen dando las feministas socialistas sobre la división sexual del trabajo y la explotación de las mujeres en las tareas de reproducción social que el sistema capitalista necesita para sostenerse. Habitualmente, esas tareas se vinculan al afecto, a la abnegación y se atribuyen a la biología femenina y a un supuesto instinto maternal pero, sin embargo, no reciben reconocimiento social ni monetario.

Ya en 1884 Engels afirmaba: “La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. El primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino”.

Esa opresión tiene una incidencia económica directa. La burguesía se beneficia del trabajo doméstico no remunerado que recae mayormente sobre las espaldas de las mujeres y femineidades. Son tareas gratuitas de reproducción y cuidado de la mano de obra trabajadora, encarnada hoy en el marido y los hijos en un futuro. Los capitalistas se ahorran de pagarlas, pero esa mano de obra cuidada por la mujer es la que les rinde ganancias. Si la mujer además trabaja afuera del hogar, sufre una doble carga.

En ese sentido, no es casual que trabajos como los de la docencia y la salud sean altamente feminizados y con bajos salarios, bajo la excusa intencional de “la vocación”. Peor aún es la situación de las trabajadoras de casas particulares, que están entre las más precarizadas y peor remuneradas.

Actualmente, la economía feminista incluye dentro de las tareas de cuidado a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Incluyen el autocuidado, el cuidado de niñes, personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, de las mascotas, tareas de limpieza de la casa, de la ropa, compra y preparación de alimentos, coordinación de horarios, controles de salud, traslados a escuela y a otras actividades extraescolares, supervisión del trabajo de cuidadoras remuneradas, entre otras muchas actividades.

Algunos datos

Según el informe Las brechas de género en la Argentina. Estado de situación y desafíos, de la Dirección Nacional Economía Igualdad y Género del año 2020, las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias. Las tareas de cuidado no remuneradas representan un 15,9% del PBI, aunque puede ser más, y es el principal aporte a toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).

Asociar la idea de cuidado a la economía implica enfatizar el valor económico de estas tareas en el marco del sistema capitalista y las desigualdades que esto implica para la vida de las mujeres. La asignación por esposa e hijos –salario familiar– y la jubilación para el ama de casa, ambas muy magras por cierto, son un reconocimiento indirecto de que las tareas de cuidado tienen valor económico y social. Desde ya, no resuelven ni de lejos la injusticia de fondo.

Trotsky se refería en 1923 al nuevo orden familiar y la igualdad entre hombres y mujeres trabajadores tras la Revolución Rusa que él y Lenin lideraron: “Hasta tanto la mujer esté atada a los trabajos de la casa, el cuidado de la familia, la cocina y la costura, permanecerán cerradas totalmente todas sus posibilidades de participación en la vida política y social”. Por eso el Estado dirigido por los bolcheviques buscó alivianar la pesada carga doméstica femenina abriendo cientos de guarderías, cafeterías, comedores y lavanderías comunitarias. Todo ese sistema público de cuidados retrocedió bajo Stalin, que volvió al modelo familiar tradicional.

Reforzando al patriarcado

Aunque el presidente Alberto Fernández se atribuya el “fin del patriarcado” e intente maquillar de violeta a su gobierno, las políticas públicas en nuestro país siguen enmarcadas en el modelo familiarista, como por ejemplo la AUH o la Tarjeta Alimentar. Más allá de su rol paliativo, refuerzan la ideología patriarcal de que las mujeres son cuidadoras por naturaleza, ya que el ingreso o subsidio que reciben no les reconoce su condición de trabajadora desocupada o precarizada: las reduce a madre de un niño o niña, titular de asignación, siempre bajo control del Estado burgués. Y debe rendir cuentas de su desempeño en ese rol para no perder el subsidio, bajo el eufemismo de condicionalidades.

De esta manera, las intervenciones del Estado siguen reproduciendo el mito mujer = madre = familia, pilar fundamental de las relaciones heteropatriarcales capitalistas, que sostienen que las mujeres son ante todo madres y su principal interés son sus hijos e hijas.

Es urgente una mirada crítica que desnaturalice la actual división sexual del trabajo y las tareas de cuidado, y permita visibilizar las condiciones sociales, éticas y políticas que hacen que “una vida sea digna de ser vivida”. A la vez, cuestionar el paradigma capitalista de cuidados en torno a una maternidad idealizada, en el seno de una familia heterosexual nuclear, bajo un criterio binario de mujer cuidadora/hombre trabajador como único modelo familiar posible.

Nuestras propuestas

El Estado debe destinar un presupuesto real para poner en pie un verdadero sistema público e integral de cuidados, única forma concreta de revertir la desigualdad estructural que perjudica a las mujeres y disidencias. Ese sistema debería incluir, entre otras, las siguientes medidas:
Apertura de guarderías, jardines de primera infancia, comedores comunitarios, lavaderos y hogares para adultes mayores, de calidad, con vacantes suficientes y personal especializado, en todos los barrios.
Extensión generalizada de la escolaridad de doble jornada.
Aumento salarial significativo para todos los trabajos feminizados: docencia, salud, trabajo en casas particulares, etc.
Centros de día para jóvenes y personas con discapacidad.

Familias damnificadas por los créditos UVA

Las familias damnificadas por los créditos UVA, nucleados en el Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados, volvieron a marchar este sábado 23 de octubre desde el Obelisco hasta la Casa Rosada para decir “Basta de Usura UVA”.

Compartimos comunicado:
Hace más de 3 años que desde el colectivo de Hipotecados Uva Autoconvocados venimos denunciando la inviabilidad de este crédito usurero. Pese a ello, ningún gobierno, ni el del ex presidente Mauricio Macri que impulsó esta política nefasta de acceso a la vivienda, ni el actual presidente Alberto Fernández, han tomado medidas para dar una solución de fondo y definitiva a este verdadero martirio.

Con una inflación interanual de más del 52%, el capital adeudado, los intereses y por ende las cuotas no paran de crecer a un ritmo insostenible y muy desfasado a la capacidad financiera de las familias hipotecadas.

El sistema financiero y el arco político en su totalidad, mira para otro lado y pone mil y una trabas para aplicar el tope transitorio del 35 % en la relación cuota/ingreso. Parche que para muchas familias representa un alivio temporal. Pero su aplicación no es inmediata y requiere de farragosos reclamos ante los bancos.

El Banco Central es quien regula esta cuasi moneda llamada UVA, un instrumento financiero que garantiza que los especuladores no pierdan contra la inflación, al tiempo que asegura a los bancos ganancias extraordinarias a costa de las familias trabajadoras.

No nos cansamos de denunciar que no es lícito ni legal indexar créditos al 7 % mensual como viene sucediendo desde el mes de enero por aplicación del plan de convergencia. No existe sueldo, ni ingreso que pueda soportar semejante ajuste.

Las más de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila, diariamente nos debatimos entre pagar la cuota o afrontar otras obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que el gobierno insista que la mora es baja debido a que se niegan a blanquear y contabilizar aquellos muchos que difirieron cuotas al final del crédito, casos protegidos por cautelares y demás. Lo que provoca que a medida que pasa el tiempo sin soluciones legislativas, cada vez más familias recurran al poder judicial para protegerse de los procesos de ejecución de su vivienda por parte de la banca privada y pública (aunque esta última fue creada con el fin de ayudar el desarrollo económico de la sociedad).

Se han presentado en el Congreso Nacional muchos proyectos de ley. No obstante ello, las mayorías parlamentarias circunstanciales se encargan de cajonearlos en las Comisiones.

A esta altura no cabe duda alguna que no existe voluntad política por parte del actual gobierno de otorgar una salida definitiva y de fondo.

Queremos pagar hipotecas justas, previsibles y sostenibles a través del tiempo, que garanticen a nuestras familias el techo y se concrete el derecho a la vivienda

La clase política en su conjunto, no puede seguir mirando hacia otro lado. La justicia, no puede continuar eludiendo pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Haremos todas las marchas que sean necesarias hasta tanto se nos brinde una solución definitiva. No podemos permitir que el sistema financiero siga teniendo ganancias extraordinarias a costa de nuestro sacrificio y que la clase política y la justicia, sean meros diagnosticadores de nuestra «Catástrofe UVA».

NO CESAREMOS EN NUESTRA LUCHA MANTENIENDO EL RECLAMO INDEPENDIENTEMENTE DEL GOBIERNO DE TURNO.

COLECTIVO NACIONAL HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS.

De acuerdo al último informe sobre Alquileres en CABA del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz

► La mediana de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de $ 30.000.-. El Salario Mínimo Vital y Móvil, que en octubre es de $32.000, cubre el 107% de un alquiler, pero no llega a cubrir otros gastos como expensas y servicios.

► La mediana de las ofertas de departamentos de dos ambientes es de $ 37.000.- y de los de tres ambientes $ 55.000.-. En cada categoría, los precios varían en función de otras características propias (tales como antigüedad, si posee cochera, etc.) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales, entre otras).

► Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 18% del costo de alquiler.

► Aumentos mensuales. Los aumentos con respecto a septiembre 2021 fueron de 3,4% en los monoambientes y 5,7% para los de 2 ambientes. Los de 3 ambientes se mantuvieron en el mismo valor.

► Aumentos anuales. En los últimos doce meses, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aumentó 50,0%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 48,0% y de 44,7% en los de 3 ambientes. Por otro lado, el último dato de inflación muestra que, para el mes de septiembre, la variación interanual de los precios fue de 52,5%.

► El Índice para Contratos de Locación. El Índice para Contratos de Locación que publica diariamente el BCRA muestra un incremento interanual de 48,6% al primer día hábil de octubre.

Guernica

Este lunes 25 de octubre, a las 10:00, vecines organizades de la recuperación de tierras de Guernica se movilizarán desde la Estación La Plata hasta el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, para a exigir la inmediata adjudicación de los lotes a les vecines de Guernica: “Basta de falsas promesas y poca concreción”.

Difundimos convocatoria:
ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES YA
GUERNICA VIVE y RESISTE

Próximos a cumplir un año del desalojo de la recuperación de tierras de Guernica, y con los plazos vencidos del acta de preadjudicacion de lote más servicios, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó. Dichas firmas fueron firmadas con les vecines en el mes de diciembre del 2020. Donde el gobernador Kicillof y el ministro Larroque se comprometían a la entrega en 180 días de lotes.

En el mes de julio tenían que estar las entregas de lotes y pasan los meses y no se concreta.
Prometieron que volveríamos a las mismas tierras de donde fuimos desalojades. Esto demuestra el cinismo del mundo político, judicial y empresarial, luego de imponer con violencia y 4.000 policías un desalojo, nos proponen volver al mismo lugar. Hicieron cumplir la Ley 14.449 de acceso justo al Hábitat, la misma que hemos propuesto desde los inicios del proceso de recuperación. Claro estaba que Bellaco es uno de los tantos negocios inmobiliarios flojo de papeles, pero con muchos amigos en el poder.

Recordando también que hace unos meses el gobernador, junto con varios funcionarios más, entre ellos el represor Berni, la señora Blanca Cantero y Larroque. Anunciaron en su acto político de campaña la urbanización de esas tierras, pero las máquinas eran solo para la foto, ya no están trabajando en el predio, y las tierras siguen allí. Mientras les vecines seguimos rebuscándonosla para sobrevivir y la situación habitacional que se vuelve cada vez más compleja. Y las mujeres y disidencias conviviendo con el agresor.

Por tales motivos les vecines organizades de la recuperación de tierras nos movilizaremos al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a exigir a Larroque la inmediata adjudicación de los lotes a les vecines de Guernica. Basta de falsas promesas y poca concreción.

Nos encontramos a las 10:00 en la estación La Plata. Para ir gritando por las calles de La Plata: ¡TIERRA PARA VIVIR, ADJUDICACIÓN DE LOTES YA!

Fuentes: Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, Prensa CTAA, APU, La Izquierda Diario.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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