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Pedro Castillo, sin paz en el palacio

Perú



Do Rebelión, 4 de Setembro 2021
Por María Sosa Mendoza
: NUSO


El presidente peruano ya ha tenido que lidiar con escándalos, con acusaciones de cercanía de sus colaboradores a Sendero Luminoso y con la renuncia de un ministro clave. Y aunque la oposición de derecha torpedea al maestro, la semana pasado ha logrado el voto de confianza del Congreso a su gabinete.

Después de su victoria en las elecciones presidenciales peruanas, en las que se enfrentó a una de las contracampañas más imponentes de los últimos tiempos –que reunió a los grandes medios de comunicación, al grueso de la clase política y a los sectores empresariales–, Pedro Castillo ha tenido que lidiar, básicamente, con grandes derrotas: su bancada no logró tener un puesto en la mesa directiva del Congreso ni la presidencia de las comisiones estratégicas para facilitarle su labor en el Poder Ejecutivo. Tan solo 19 días después de haberse juramentado en el cargo, su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, se vio forzado a renunciar en medio de un escándalo político desencadenado por sus declaraciones sobre el terrorismo en el país.

El Congreso de la República acaba de otorgarle el voto de confianza a su primer gabinete ministerial, por lo que este podrá continuar en funciones. No es poco, pero lo que en el pasado habría significado el apoyo de los parlamentarios a los ministros designados y, por ende, una relativa calma para el gobierno, hoy no necesariamente es así. Se han añadido otras variables al cálculo político de los congresistas.

Después de concedida la confianza, una de las bancadas opositoras anunció que el siguiente paso sería la censura de varios ministros. «Vamos a acabar uno por uno», manifestaron miembros de Renovación Popular. No se sabe a ciencia cierta si eso podría ocurrir, mas la salida de uno de ellos, el ministro de Trabajo, se encuentra casi asegurada.

El comienzo de Castillo

En su primer mensaje a la nación, después de asumir la Presidencia para el periodo 2021-2026, Castillo extendió la invitación que había hecho a los sectores opositores diez días atrás, a poco de ser declarado oficialmente ganador de la segunda vuelta electoral. «Invoco a nuestros contendores políticos, a la lideresa de Fuerza Popular [Keiko Fujimori], a que no pongamos más obstáculos para sacar adelante a este país. Bienvenidos a este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos (…) Compartiremos juntos esta lucha para un Perú más justo y digno», dijo el mandatario.

Su discurso fue considerado consensual. No dejó sus ideas de cambio, pero garantizó que todo lo hará dentro del marco constitucional vigente. El presidente se comprometió incluso a que la iniciativa de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna –una de sus propuestas de campaña más polémicas– pasaría por el Congreso. La situación pareció cambiar un día después, cuando hizo juramentar al presidente del Consejo de Ministros. La elección de Guido Bellido, congresista oficialista y ex-secretario general regional de Cuzco del partido Perú Libre, fue toda una sorpresa, incluso para los ministros que conformaron su gabinete ministerial horas más tarde.

Los medios no tardaron en dar a conocer los antecedentes más cuestionables del nuevo primer ministro. Bellido se encuentra en medio de una investigación preliminar por el delito de apología al terrorismo. Además, varias de las frases que escribió en sus redes sociales años atrás –viralizadas rápidamente– pusieron de manifiesto su homofobia.

En los medios, el «gabinete Bellido» comenzó a ser llamado «gabinete de choque». Se sostenía que antes de su conformación ya había causado un choque y pretendía producir otro. El primero era interno: la negativa inicial de Aníbal Torres y Pedro Francke, los voceados ministros de Justicia y de Economía, respectivamente, a asumir sus cargos tras enterarse de quién presidiría el Consejo de Ministros. El segundo era el choque externo y el supuesto motivo central de su nombramiento: forzar al Congreso a negar la cuestión de confianza. En ese caso, el artículo 134 de la Constitución peruana faculta al presidente de la República a disolver el Congreso si este niega en dos ocasiones las cuestiones de confianza solicitadas por el Poder Ejecutivo. Según la tesis, con sus peculiares designaciones, Castillo buscaba poner contra las cuerdas a los parlamentarios.

Lo cierto es que esa sofisticada estrategia nunca existió, aunque en la práctica negar la confianza significaba acercarse a una posible disolución. El «gabinete de choque» fue más bien el intento de conformar un gabinete de consenso entre las diferentes izquierdas. El primer altercado sacaba a relucir los matices y discrepancias entre ellas. Torres y Francke se juramentaron finalmente como ministros un día más tarde que el resto, después de una intensa negociación. Francke –quien fue, durante la segunda vuelta presidencial, la carta de garantía de Castillo ante los sectores que lo veían como un peligro para la estabilidad macroeconómica– lo hizo con un pin en su solapa en el que se leía «Igualdad»; asimismo, en un tuit publicado un día después de asumir el cargo, se comprometió a apoyar «una lucha firme contra el senderismo asesino».

La configuración del «gabinete Bellido» fue la siguiente: Perú Libre, el partido de gobierno, obtuvo la presidencia del Consejo de Ministros y dos ministerios más; Nuevo Perú, el movimiento liderado por Verónika Mendoza, obtuvo dos carteras; Juntos por el Perú obtuvo una, al igual que el Frente Amplio y Renacimiento Unido Nacional. Fueron incluidos, además, representantes de diferentes sindicatos y organizaciones sociales. Por ejemplo, el dirigente magisterial Iber Maraví, perteneciente a la facción opositora al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), fue designado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, y Víctor Maita, secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), obtuvo la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. Se sumaron, también, personajes reconocidos en la izquierda peruana, como el sociólogo Héctor Béjar y varios independientes cercanos al presidente.

Los cuestionamientos de la prensa y de los sectores opositores al gobierno pueden separarse en dos. Por un lado, se critica a algunos ministros por su poca experiencia en su área o porque, a pesar de tenerla, no son considerados aptos para asumir esa responsabilidad. Se le han formulado este tipo de críticas al ministro de Defensa Walter Ayala, abogado y ex-presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, quien a la hora de asumir funciones tenía un desconocimiento total del sector. Otro ministro que ha sido blanco de críticas es Juan Silva, a cargo de Transportes y Comunicaciones, a quien se lo vinculó con una empresa de transportes multada por prestar servicios de manera informal. Desde esta cartera, además, se han realizado cuestionables nombramientos, algunos de los cuales, ante el escándalo mediático, fueron dejados sin efecto.

Por otro lado, se encuentran las críticas motivadas por el rechazo a las ideologías políticas de los ministros. Como ya se mencionó, Castillo ha logrado aglutinar en su gabinete a todo el espectro político de izquierda, en medio de un panorama de polarización, en el que las fuerzas de derecha –que durante la segunda vuelta promovieron un discurso anticomunista en contra de su candidatura– se encuentran reunidas en el Congreso. Esta pluralidad de izquierdas trae al escenario nacional posturas políticas que nunca antes habían tenido voz, que han sido marginadas por el radicalismo de su discurso e, inclusive, señaladas como terroristas.

Las acusaciones sobre Sendero Luminoso

«Ministro de Trabajo tiene nexos con Sendero Luminoso» fue la «primicia» de un diario de circulación nacional solo dos días después de la juramentación de los ministros. Se trataba de Iber Maraví, dirigente magisterial de Ayacucho, quien años antes había acompañado a Castillo en las huelgas nacionales de su gremio. A Maraví se lo acusa de ser uno de los fundadores del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP (Conare), una facción contraria al sindicato oficial de maestros que, según apunta la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, es el «segundo brazo político» del grupo subversivo Sendero Luminoso.

Pero el escándalo mayor es la investigación preliminar por el supuesto delito de apología al terrorismo que afronta el presidente del Consejo de Ministros. Las diligencias fiscales se iniciaron en abril –durante la campaña por la segunda vuelta–, a partir de unas declaraciones que brindó en una entrevista televisiva, cuando fue consultado por una publicación que realizó en su cuenta de Facebook en 2017 en la que le rendía homenaje a Edith Lagos, una joven integrante de Sendero Luminoso muerta a inicios del conflicto armado interno y que tuvo un funeral multitudinario en Ayacucho. «Sendero Luminoso fue un conjunto de peruanos que tomó un camino con el que discrepamos, un camino por el que quisieron tomar el poder por la fuerza (…). Han tenido acciones terroristas, y las acciones terroristas las han tenido tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas», esgrimió Bellido en esa oportunidad.

Los escándalos generados a partir de estos hechos han debilitado al gobierno de Castillo. Por un lado, ha perdido a aliados que había conseguido en el Congreso y, por el otro, ha recibido ataques por parte de la oposición parlamentaria, que impulsó –sin lograr llevarlas adelante– mociones para declarar como «acto inmoral» del presidente Castillo el haberlos designado como ministros, lo que trae al debate público, una vez más, el polémico artículo 133 de la Constitución sobre la vacancia presidencial por la causal de «permanente incapacidad moral».

La oposición ha aprovechado la situación para golpear constantemente al Poder Ejecutivo. Y ha tenido éxito. Según un estudio de opinión de IPSOS del mes de agosto, 57% de los encuestados (entre quienes sostenían que había «alguna presencia» y una «amplia presencia») consideraba que había presencia de simpatizantes de Sendero Luminoso o del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en el gobierno. 83% consideraba que todo aquel que simpatizara con el grupo subversivo debía ser retirado del gobierno.

Según las acusaciones, la cercanía del gobierno con el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso se encontraría tanto en el magisterio, vinculado directamente al pasado sindical del presidente, como en la ideología de izquierda radical que representaría Perú Libre. Revisemos, brevemente, estos dos frentes.

El sindicato de maestros

Desde que Castillo acaparó la atención de la política nacional en 2017 como dirigente de la huelga magisterial de 75 días que fue acatada por más de 70% de los maestros del servicio público a escala nacional, fue acusado de tener vínculos con Sendero Luminoso. «Tenemos un problema serio. Hay una pequeña minoría de dirigentes del magisterio que tienen una vinculación evidente, que está documentada, con Sendero Luminoso», alertó en ese entonces el ministro del Interior, señalando –entre otros dirigentes– a quien hoy ocupa el sillón presidencial.

La prueba que incriminaba a Castillo y a otros líderes docentes era su supuesta pertenencia al Conare, una facción del magisterio disidente del SUTEP y seguidora del marxismo ortodoxo que, como ya adelantamos, es una más de las varias contrarias a la dirección del sindicato oficial de maestros. La línea ideológica clasista fue la que hizo que los profesores de la izquierda más radical se agruparan en el Conare, entre ellos algunos ex-militantes de Sendero Luminoso que, tras cumplir sus condenas por delitos de terrorismo, buscaban reintegrarse a la sociedad.

Después de grandes huelgas lideradas por un miembro del Conare a espaldas del sindicato oficial –entre 2003 y 2007–, el gobierno y los medios de comunicación empezaron a señalar una infiltración senderista en el magisterio a la que hacían responsable de azuzar a los maestros. La prueba del gobierno para acusar al Conare como el organismo infiltrado que responde a Sendero Luminoso llegó en 2011, en ocasión del intento de inscribir como partido político oficial al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

El Movadef es una organización fundada en 2009 por los abogados de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que pretende, entre sus objetivos centrales, impulsar la consigna de la facción de Sendero Luminoso que en 1992 dejó las armas y apostó por un acuerdo de paz: «Solución política, amnistía general y reconciliación nacional». «Quienes han terminado con su sentencia tienen derecho de participar en la vida política del país», señaló uno de los defensores legales de Guzmán al momento de anunciar la creación del movimiento político. Pero esto no se concretó. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó la solicitud argumentando que el «marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo» que seguía la agrupación implicaba «actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado».

De las 350.000 firmas presentadas para que el Movadef se constituyera como un partido político, 4.819 fueron de profesores. Un trabajo de inteligencia de la Policía pudo determinar cuáles eran los miembros orgánicos del que empezaron a llamar «brazo legal de Sendero Luminoso». Varios de los ex-sentenciados por delitos de terrorismo eran integrantes del Movadef y, al mismo tiempo, del Conare, lo que llevó a la tesis oficial de que este último era un intento de Sendero Luminoso de infiltrarse en el magisterio. Pero, como señala el periodista e investigador Gerardo Saravia, «si se tiene en cuenta que los activistas orgánicos del Movadef presentes en el magisterio no llegan a 15, aquella tesis resulta poco creíble».

En 2017, los grupos contrarios al sindicato oficial de maestros deseaban iniciar una huelga magisterial; se acababa de aprobar una ley que establecía nuevos requisitos para continuar en la carrera pública docente, rechazada unánimemente por el gremio. Pedro Castillo fue elegido como el representante de todos los maestros de base para la huelga nacional. Esta vez el dirigente no pertenecía al Conare, pues los maestros sabían que de lo contrario se intentaría deslegitimar sus demandas. Sin embargo, el Conare y algunos de sus miembros, también pertenecientes al Movadef, apoyaron al profesor Castillo.

¿Un discurso apologético?

Las respuestas que dio Bellido en una entrevista a un programa regional propiciaron que se le iniciara una investigación preliminar, ya que –según se lee en el documento sustentatorio de la Fiscalía– no calificó a los senderistas «como terroristas, sino como peruanos que se equivocaron, es decir, como cualquier tipo de error que comete una persona común, por lo cual tienen derechos como todos».

Desde los inicios del conflicto armado interno en la década de 1980 y conforme fue creciendo la violencia política, distintos sectores acusaron a la izquierda legal de ser «fachada del terrorismo». Con el retorno de la democracia en el año 2000, ese manto de sospecha no se desvaneció. A pesar de que hace más de dos décadas no se registra ningún atentado contra el Estado peruano y que no existe ningún grupo subversivo en actividad, en la actualidad se hace uso de estos miedos para golpear a los candidatos antisistema, especialmente durante las campañas electorales. A Ollanta Humala, ni su condición de ex-militar ni su rechazo a ser considerado un candidato de izquierda lo eximieron de esta clase de señalamientos durante sus dos candidaturas en 2006 y 2011. Verónika Mendoza recibió los mismos ataques en sus campañas de 2016 y 2021. Las réplicas a estas acusaciones son constantes condenas y rechazos categóricos a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Memoria y cercanía

En su libro Sobre héroes y víctimas, el crítico literario Juan Carlos Ubilluz identifica tres discursos sobre el conflicto armado interno en la sociedad peruana: el «discurso de la seguridad nacional», que sostiene que durante las décadas de 1980 y 1990 el país sufrió una arremetida terrorista y que fueron las fuerzas del orden las que nos libraron de ella; el «discurso subversivo» –hoy minoritario–, que sostiene que durante dos décadas se libró una guerra revolucionaria que, finalmente, fracasó; y lo que denomina el discurso del «giro ético», una postura crítica frente a las dos antes mencionadas, que denuncia y rechaza las malas conductas humanitarias tanto de los grupos insurgentes como de las fuerzas estatales. Para Ubilluz, el giro ético es el asumido por la izquierda peruana. Sin embargo, esa izquierda a la que se refiere es la que en el programa de Perú Libre se denomina despectivamente «izquierda capitalina»: la izquierda reformista que, hasta la sorpresiva llegada de Castillo al poder, era la única con presencia en la política nacional.

Perú Libre se califica como «una corriente izquierdista provinciana, [que comenzó] como movimiento regional para luego constituirse en un partido de alcance nacional». Y, efectivamente, su desarrollo político se encuentra más localizado en las regiones y en los sindicatos, espacios con dinámicas y códigos diferentes, en los que, después de dos décadas del fin del conflicto, se convive con quienes en el pasado se levantaron en armas. No es la primera vez que aparece en la política peruana una postura no deshumanizadora con los ex-condenados por terrorismo. Sin embargo, hoy es difícil erradicarla del debate público como otras veces en el pasado.

Si bien esto ha motivado que un reducido sector discuta sobre la reinserción social de los condenados por terrorismo y hasta sobre la necesidad de descriminalizar al Movadef, los ataques al gobierno por parte de los políticos opositores y de los grandes medios de comunicación que durante la campaña de segunda vuelta realizaron una cobertura en contra del candidato de Perú Libre no hacen del presente el escenario más propicio para este debate.

¿La fuerza suficiente?

Castillo cumple su primer mes de gobierno con 38% de aprobación. Son 15 puntos menos que el mes pasado, por lo que no parece tener la fuerza suficiente para sostener los nombramientos que generan más cuestionamientos entre la opinión pública. Sin embargo, tampoco hay una estrategia para hacerlo. Era fácil suponer que las designaciones de Bellido, Maraví y Béjar causarían una gran oposición, pero el Poder Ejecutivo optó por mantenerse silente ante los ataques a sus ministros.

La renuncia de Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores es consecuencia de ese comportamiento. Si bien su pasado como guerrillero en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo que varias voces lo criticaran desde que asumió la Cancillería, el escándalo que motivó su salida fueron unas declaraciones sacadas de contexto por un medio de comunicación. Béjar fue acusado de haber responsabilizado a la Marina de Guerra del Perú del inicio del conflicto armado interno, debido a que en un evento de noviembre de 2020 manifestó que «el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA». El escándalo fue mayúsculo, a punto tal que la Marina de Guerra, sin consultar al ministro de Defensa, publicó un comunicado deplorando estas afirmaciones y le envió una carta notarial en la que le solicitó que rectificara lo dicho. En realidad, la afirmación de Béjar aludía a los atentados contra diplomáticos y algunos almirantes que apoyaban a Juan Velasco Alvarado, ocurridos durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, en la década de los 70. Varios historiadores ampliaron el tema después de que Béjar renunciara.

El Ejecutivo pudo haber sorteado este inconveniente sin problema, pero nunca emitió un pronunciamiento oficial ni coordinó alguna defensa para el canciller con los miembros del gabinete ministerial, quienes ignoraron el escándalo o se limitaron a «deslindar del terrorismo de Sendero Luminoso», pasando por alto las explicaciones de quien hasta ese momento ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores.

Después de su salida, Béjar Rivera manifestó a diferentes medios de comunicación que el premier Bellido le solicitó su renuncia. Él estaba dispuesto a aceptar la invitación que el Parlamento le había hecho con el fin de que aclarara sus expresiones, pero el Ejecutivo no le dio la oportunidad. En su reemplazo fue nombrado Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera que estuvo a cargo del mismo sector durante el gobierno de Alejandro Toledo. La designación ha causado riñas internas en el gobierno y el rechazo total de la izquierda peruana, pues Maúrtua es visto como representante del continuismo en la política exterior.

«El nuevo canciller, Óscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro Partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil», escribió en su cuenta de Twitter el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras conocerse la noticia.

La decisión del gobierno de retirar a Béjar de la Cancillería ha sido, probablemente, su más grande error durante estas primeras semanas de gobierno. Expuso así su debilidad y sus conflictos internos y permitió que la Marina ejerciera presión para el retiro de un cargo de confianza, a pesar de ser una entidad no deliberante y a pesar de que los hechos que le imputaron al ex-ministro no eran ciertos. Además, perdió a uno de los ministros con una de las agendas más completas del gabinete: Béjar puso entre las prioridades de la cartera los temas ambientales y a favor de la comunidad LGBTI+. Con su retiro, un sector de la izquierda peruana se sintió agraviado.

El conflicto en Chumbivilcas

Unos días antes del cambio de mando presidencial –aún durante la administración de Francisco Sagasti–, las comunidades campesinas de Chumbivilcas, en Cuzco, iniciaron un paro indefinido contra el gobierno y la empresa minera MMG Las Bambas por un conflicto socioambiental iniciado en 2018.

En la provincia del sur, 96,458% votó por el lápiz. Ante los medios presentes, los comuneros manifestaron la esperanza de que sus demandas se resolvieran con la llegada a la Presidencia de Castillo Terrones.

Tan solo cinco días después, el premier Bellido viajó a Chumbivilcas acompañado de los ministros de Agricultura y de Energía y Minas para dialogar con la población de la zona. Con un discurso cercano, pasando del castellano al quechua, Bellido logró que las cinco comunidades levantaran la medida de protesta, después de comprometerse a solucionar el conflicto en un lapso de 60 días. Aquello fue visto como un gran logro del gobierno. En entrevistas, Bellido indicaba que el gobierno abordaría los conflictos sociales de manera diferente, junto con la población.

Dos semanas después, el reinicio del paro sorprendió a todos. El Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas emitió un pronunciamiento en el que informó, entre otras cosas, que la presidencia del Consejo de Ministros no había cumplido con instalar la mesa de diálogo para escuchar sus pedidos y tampoco respondía sus llamadas ni sus documentos oficiales.

Si bien el gobierno actuó rápidamente y logró que los comuneros depusieran la medida de fuerza después de acordar con ellos la instalación de una mesa de diálogo, lo sucedido en Chumbivilcas es clave para entender la complejidad de las bases duras del gobierno. Y es que uno de los más grandes retos de Castillo en estos primeros meses será manejar las expectativas de su electorado, que no tiene una fidelidad incondicional y que presenta el factor decepción a flor de piel.

La victoria de Castillo en las urnas no es un ejemplo de construcción de una organización partidaria. El masivo apoyo hacia él se debió a la identificación del electorado («es humilde como yo») y a su promesa de cambio (opción antisistema), en un país en el que 55% de la población se percibe como «perdedora» del crecimiento económico de los últimos 30 años. En ese escenario, reafirmar la confianza de sus bases es esencial, ya que son los únicos que lo defenderían ante algún intento de sacarlo del poder.

La oposición

El politólogo Carlos Meléndez ha señalado que los comicios para el periodo 2016-2021 mostraron dos fenómenos políticos. En primer lugar, el predominio de la derecha en Perú, y en segundo, la bifurcación de esta en dos vertientes: la tecnocrática-liberal y la populista-conservadora, representadas respectivamente por Pedro Pablo Kuczynski con su partido Peruanos por el Kambio (PPK) y por Keiko Fujimori con Fuerza Popular. Efectivamente, desde que Kuczynski obtuvo la Presidencia de la República y Fuerza Popular la mayoría parlamentaria se inició un periodo de polarización y confrontación entre los dos poderes del Estado.

La llegada de Perú Libre al escenario político ha logrado unificar a esas dos derechas, que ahora tienen como objetivo común lo que llaman la «lucha contra el comunismo». Si bien es cierto que en poco tiempo han existido varios conflictos internos en el Parlamento que han terminado con la renuncia de algunos congresistas de las bancadas para las que fueron elegidos, tales conflictos no cambian mucho el escenario hostil hacia Perú Libre, pues las brechas más grandes se encuentran hoy en el eje izquierda-derecha y el voto en contra de las iniciativas del oficialismo se mantiene.

La prensa y los líderes de opinión de tendencia más progresista que tienden a apostar por la gobernabilidad tomaron como una afrenta del gobierno la configuración del gabinete, por lo que actualmente se pronuncian a favor de la vacancia presidencial. Ese es uno de los golpes más grandes para el gobierno, ya que el discurso mediático cada vez adquiere más homogeneidad en su contra y ello podría legitimar a la oposición.

Otro señalamiento constante de parte de este sector es la supuesta intromisión del secretario general de Perú Libre en las decisiones del gobierno. Esta acusación la inició Fuerza Popular durante la segunda vuelta presidencial y es un peso que el presidente no ha podido sacarse de encima. Y es que Vladimir Cerrón, médico formado en Cuba que no tiene temor en llamarse socialista, es un blanco fácil para la campaña anticomunista. La realidad ha salido a relucir en los últimos días: la relación entre el presidente y el líder de Perú Libre son tensas. Ha trascendido que, antes del voto de confianza, Castillo había decidido cambiar a Bellido y a la mitad de su gabinete, a pesar del rechazo de Cerrón. La lideresa de Nuevo Perú Verónika Mendoza tuvo que intervenir para evitarlo.

Es importante señalar que el Congreso, de mayoría opositora, no es popular entre la población: su aprobación es de tan solo 31%. Sin embargo, la narrativa que impone este sector, en la que hace responsable al nuevo gobierno de factores que escapan a su control –como la inflación, que también sufren otras economías de Latinoamérica, y el retraso de la llegada de vacunas provenientes de China, que también ha causado problemas en Ecuador–, crea un espacio para la aparición de un liderazgo opositor que aún no tiene rostro.

Ante este panorama, es válido preguntarse si el programa de gobierno de Castillo tiene alguna posibilidad de éxito. La respuesta es incierta. Castillo debe encontrar un equilibrio que le permita mantener a sus bases satisfechas y que, al mismo tiempo, genere un clima de gobernabilidad política que le permita reunir las condiciones mínimas para avanzar en una agenda de cambio. La confianza otorgada al gabinete es un respiro. Una primera tarea es recuperar el apoyo de los sectores progresistas que tomaron posición a su favor durante el periodo en el que el fujimorismo y sus aliados intentaron desconocer los resultados electorales. Pensando a mediano plazo, esto puede lograrse colocando a cuadros de izquierda con un perfil técnico en sectores estratégicos; el amplio apoyo a la designación de Pedro Francke como ministro de Economía es un claro ejemplo de que ello funcionaría.

En sus próximos pasos, Castillo y su gobierno deben pensar estratégicamente. La gobernabilidad no tiene por qué significar acercarse al centro o ponerse en «piloto automático» porque, como ya se preguntó el politólogo Alberto Vergara, ¿a Ollanta Humala le valió de algo moderarse?

María Sosa Mendoza es licenciada en Periodismo por la Universidad de Lima. Escribe para el Instituto de Defensa Legal de Perú y en el periódico La Plaza. Ha formado parte de la redacción de Perú21.

Fuente: https://nuso.org/articulo/castillo-sin-luna-de-miel/

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