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Basta de ajuste al servicio del pago de la deuda al FMI

Panorama de movimientos sociales y empresas recuperadas


Do Rebelión, 8 de Maio 2021
Por Mario Hernandez


El pasado 4 de mayo se desarrolló una conferencia de prensa en el Obelisco porteño donde se denunció que el Gobierno Nacional decidió recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental. Las organizaciones sociales amenazan con a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva. “Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, ¡no dejamos la calle y el derecho a reclamar!”

El presidente Alberto Fernández se dirigió al país el viernes pasado anunciando nuevas medidas de restricción a la circulación, al tiempo que describió la gravedad de la situación sanitaria que golpea el país, especialmente a lxs trabajadores y lxs sectores populares afectados por la crisis social y económica.

En paralelo a estas declaraciones y a pedir que la gente evite la circulación, el mismo gobierno decidió en las últimas horas recortar los programas de empleo a miles de familias desocupados de los barrios más empobrecidos del país.

La razón de esta medida es ajustar los recursos como en otras áreas para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI.

El mismo recorte fue el que hizo que las organizaciones sociales salieran a la calle semanas atrás y el que nos volverá a movilizar ya que no se puede pretender que 50.000 familias que no tienen nada afronten las restricciones sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa.

Peor aún, la baja dispuesta de los programas Potenciar Trabajo afectará centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, así como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompañan a miles de familias en barrios y villas del país. A su vez, muchos de estos casos son compañeras mujeres y disidencias que deben cargar sobre sus hombros responsabilidades de cuidado de toda una familia sufriendo la violencia en un doble carácter, ya sea por la falta de trabajo o súper explotación o por las prácticas machistas y patriarcales que con la pandemia se han agravado.

Estas decisiones gubernamentales van a contramano de la realidad que afronta el país y de la necesidad que vienen sufriendo los sectores más empobrecidos. Con un 42 % de la población por debajo de la línea de pobreza (más de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupación real cercana al 20%, recortar programas de empleo representa un ajuste que difícilmente las familias acepten sin luchar.

Sumado a esto, se le da el visto bueno a las empresas de servicios para que aumenten un 9% las tarifas eléctricas y la inflación mensual continúa comiéndose los pocos ingresos de lxs trabajadorxs y se paga una enorme suma en intereses de una deuda ilegal e ilegítima que no contrajimos los trabajadores, plata hay, lo que prima es un interés de clase en los ajustes que el gobierno viene haciendo contra los trabajadores, como lo muestran las luchas de la salud y otras por el salario.

A su vez, el gobierno nacional es el responsable directo de que esta última semana se fijara el salario mínimo en un monto por debajo de la canasta de indigencia, lo cual representa una verdadera vergüenza nacional. De hecho, la canasta básica para que una familia no sea pobre está en $ 61.000.

En su discurso de los últimos días, el presidente Fernández no anunció ningún tipo de medida social que acompañe el pedido de “quedate en casa” o ayude a las familias que ya no disponen ni de changas. ¿El IFE? Bien, gracias. ¡¡¡No solo no hay más recursos ante la emergencia, sino que se recortan los pocos que existen!!!

A esto hay que sumarle las amenazas de represión a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto de parte del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad. El ajuste genera conflictividad social y los gobiernos amenazan con represión, repudiamos estas amenazas y llamamos a rechazarlas.

No al recorte de los programas de empleo
Vacunas para todxs lxs trabajadorxs esenciales de los barrios
Aumento de los alimentos para los comedores barriales
Basta de Ajuste
Fuera el FMI
Salario mínimo igual a la canasta básica.

POLO OBRERO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE/LIBRES DEL SUR – MST TERESA VIVE – FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR

Consejo del salario

El martes 27 hubo marcha piquetera al ministerio de Trabajo donde se reunió el Consejo del Salario y cortes y ollas populares en todo el país, convocada por las mismas organizaciones.

COMUNICADO:

Basta de ajuste, ningún salario por debajo de la canasta básica de 61.000 pesos.

Los movimientos piqueterxs y desocupados/as, marchamos al Consejo del Salario, allí haremos un acto en común con organizaciones de ocupadxs y sindicatos combativos.

Vamos al ministerio de Trabajo de Nación, donde tendrá lugar la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVyM) para que no haya trabajadores/as por debajo de la línea de pobreza.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, es un “Consejo” entre burócratas sindicales, las patronales y el Estado, que conspira contra el salario de los/as trabajadores/as, para sellarlos a la baja.

El salario mínimo esta hoy en $21.600, muy por debajo de la llamada línea de indigencia. En la Argentina de hace décadas se puede trabajar más de 40 horas semanales y tener un salario de ¡¡¡indigencia!!! Esta cifra retrata a todo un régimen social que gobierna la Argentina hace décadas.

Las burocracias sindicales en su rol de sostén de las políticas de los gobiernos de turno acuerdan con las pautas del ajuste y en ese marco darán la espalda a los reclamos de los trabajadores en la reunión del Consejo del salario, ya que no se conoce el reclamo de las burocracias sindicales, ni mucho menos han hechos asambleas de base de los/as trabajadores sobre cuál debería ser el reclamo de sus representados/as para llevar a esa reunión y cuál sería la respuesta de las centrales si, como se espera, se vuelve a aprobar un salario mínimo de miseria.

La situación es aún más grave para las compañeras mujeres y disidencias quienes se encuentran realizando tareas de cuidado no remuneradas, recibiendo menos salario por igual tarea y sin presupuesto para atender las violencias.

A esto se suma que seis de cada diez niñxs son pobres.

No solo este salario afecta a estos trabajadorxs, es también la referencia para el cálculo de los programas sociales, la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas.

La inflación es otro factor que acentúa la pérdida salarial y arrasa con los ingresos de los jubilados, trabajadores y programas sociales.

La anulación del DNU que frena desalojos pone el vilo a miles de familias obreras que ya no pueden pagar más el alquiler.

*Pobreza, salud y educación*

Sin recursos el debate es estéril, la política educativa y sanitaria están totalmente condicionadas por el ajuste que ordena el FMI y aplica el gobierno, con el apoyo de Cambiemos.

La unidad piquetera, que viene protagonizando las últimas luchas que impactaron en todo el país contra el hambre, el ajuste y contra el pago al FMI, será nuevamente un espacio protagónico, que marchará hacia el Ministerio de Trabajo de Nación, y hará una confluencia unitaria de trabajadores/as ocupados/as y desocupados/as.

*Hay razones para marchar*

Por estas fuertes razones, aún bajo la actual situación, estamos obligados a movilizarnos, con reservas, cuidados sanitarios y los límites que nos coloca el crecimiento de los casos de Covid-19, pero con la convicción que con en el aumento del salario mínimo se juega también la salud, la educación y la vida de los/as trabajadores/as.

El aumento del salario mínimo según la canasta básica de 61.000 pesos debe unir a todos/as los/as trabajadores contra este infame pacto, y va de la mano con el reclamo de un seguro al desocupadx, en el marco de la pandemia, de $40.000, para poder aguantar en casa los resguardos sanitarios, ante contagios que alcanzan números récord.

Entrevista a “Chiquito” Billiboni del Polo Obrero, Plan B(aires) – FM La Boca (90.1)
«Al gobierno le interesa ajustar«

M.H.: El 8 de abril hubo una jornada impactante, estuve recorriendo canales de televisión viendo la convocatoria. Aunque hablaban de los cortes, las dificultades del tránsito, pero todos destacando la masividad. Mis felicitaciones por esta gran movilización plantando los reclamos de las organizaciones sociales de trabajadores.

B.: Claro, evidentemente hay una situación sanitaria muy complicada, pero no se ve solamente en la CABA, está todos los días en los barrios, en las escuelas que no están en condiciones, en los lugares de trabajo donde no se respetan los protocolos, la enfermedad está en todos lados y no solamente cuando hay una protesta.

Muchas veces cuando escucho las críticas a las movilizaciones, pienso que esconden una crítica al reclamo porque la verdad es que la movilización es masiva y la ha alentado el gobierno y las patronales para el beneficio económico de estas patronales y porque al gobierno le interesa recaudar y, por otro lado, ajustar como lo hizo y lo hace con el Presupuesto en función de una deuda externa ilegítima, ilegal y vergonzosa.

De manera que cuando escuchamos esas críticas hay que prestarle atención a qué se reclama. Reclamamos cosas elementales, trabajo, vacunas, alimentos para los comedores populares. Por eso tiene esa masividad la protesta. No es casual, no es que la gente es desaprensiva y tiene ganas de ir a pasear un día a la CABA. Claramente hay una necesidad y lamentablemente el gobierno no escucha, en un momento en que la situación social se sigue agravando y el gobierno mira para otro lado. Donde los comedores populares reciben en pleno verano y por meses y meses, kilos de polenta, cuando el alimento no es solamente llenar la panza, sino tener los nutrientes necesarios, sobre todo en la etapa de la infancia que se necesita una nutrición determinada, proteínas, etc., para poder desarrollar el principal órgano que tiene el ser humano que es el cerebro.

No es casual que nos manden polenta y que nos quieran engordar como a los animales, también tiene que ver con un cuadro de dominación y contención política que el gobierno ya se ha dado como metodología para aplicar un ajuste y que pase sin mayores reclamos.

Hubo una demostración clara de que hay al menos una parte del pueblo que no está dispuesta a aceptar este ajuste pasivamente y que va a luchar y a dar pelea para que los pibes coman, tengamos trabajo, con el salario correspondiente.

M.H.: ¿Qué necesitan las organizaciones populares en este momento?

B.: Lo central es poder asistir a los comedores populares, que haya un seguro para los desocupados que les permita pasar la situación social que están atravesando. Poder tener a sus familias en sus casas mientras dure la pandemia y también acercar la conectividad a la juventud que hoy es imprescindible para mantenerse conectados con el mundo y la educación. Son todas cosas que estamos reclamando hace tiempo y que no están siendo escuchadas.

M.H.: ¿Cómo continúa esta lucha?

B.: Con acciones que ya hemos votado en un plenario en Parque Lezama. Pero esperamos que el gobierno reaccione, a la vez que hacemos las propuestas hemos pedido una reunión con el ministro Arroyo. Tuvimos una reunión con el ministerio de Trabajo donde reclamamos que la próxima convocatoria al Consejo del salario mínimo vital y móvil escuche los reclamos de las organizaciones sociales pero también de los sindicatos que están reclamando. Un salario mínimo igual que la canasta básica que hoy está en 58.000 pesos.

M.H.: ¿Tienen previstas nuevas acciones en los próximos días?

B.: Para la semana que viene están planificadas otras acciones pero preferimos escuchar al gobierno, qué tiene para decir después de esta reunión de descontento. Algunos voceros del oficialismo dicen que le van a reclamar a Guzmán que suelte el hacha con la que vino desde la reunión con el FMI. Esperemos que eso efectivamente ocurra y que los recursos que este país tiene vayan a parar a las necesidades de la población. Y sino continuaremos con el plan de lucha a fondo.

Nos vamos a reunir con los compañeros de la Coordinadora Sindical Clasista donde hay sindicatos, delegados de distintos gremios y vamos a elaborar un programa de salida de emergencia para los trabajadores y vamos también a votar acciones de lucha en conjunto para unir a ocupados y desocupados contra este ajuste y para que se termine este oprobio de un acuerdo con el FMI que nos va a llevar al desastre.

M.H.: Te voy a despedir como te despidió Mauro Viale cuando fuiste a su programa: “cuidate”.

B.: Nos cuidamos, no solo yo, sino todos. Hoy tuvimos un equipo de sanitización con tanques de alcohol y agua, todo el tiempo estamos tirándonos en las manos, les pedimos a los compañeros que mantengan los cuidados, el distanciamiento, la utilización del barbijo; pero todo eso es un esfuerzo que hacemos nosotros ¿Qué esfuerzo va a hacer el gobierno? Si no, vamos a seguir luchando.
Acciones en 100 supermercados de la provincia de Buenos Aires

En el marco de la Campaña Nacional “¡Paren la mano, bajen los precios!”, el Frente Popular Darío Santillán se movilizó el jueves 29 de abril, frente a 100 supermercados en la provincia de Buenos Aires “para señalar a los responsables del hambre de nuestro pueblo”.

Reproducimos convocatoria:

Todos los días, un puñado de empresas definen cuánto debe gastar una familia trabajadora para vivir: Techint, Cencosud, Wall Mart, son solo algunas de las que determinan a cuánto debe ascender el costo de vida.

Mientras los trabajadores y las trabajadoras hacemos malabares para llegar a fin de mes, las grandes corporaciones se enriquecen a costa del esfuerzo de nuestro pueblo.

Es hora de ponerle un freno a esta dinámica y revertir las prioridades: o ganan las corporaciones o ganan los trabajadores.
Organizaciones sociales movilizadas contra el ajuste en el programa «Veredas limpias»

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Somos Barrios de Pie, FeNaT- CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), La Dignidad Confluencia y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, realizaron una conferencia en el Obelisco porteño, en reclamo por la continuidad de trabajo en el programa «Veredas Limpias».

«El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, conducido por María Migliore, busca vaciar el programa ‘Veredas Limpias’ que nuclea a 2.500 cooperativistas, quienes trabajan, en jornadas de seis horas durante cinco días a la semana, limpiando y desinfectando espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Perciben por estas tareas, un salario mensual que ronda entre los 12.000 y 16.000 pesos. Reclamamos que el Gobierno porteño nos convoque a una mesa de trabajo para poder discutir el plan de reconversión propuesto para el programa y la posibilidad de celebrar nuevos convenios para el trabajo en el marco de la nueva ley de economía popular», remarcan.

Los movimientos ya habían realizado, por el mismo reclamo, un paro de actividades de las cooperativas de la Ciudad. Además de la continuidad de los puestos de trabajo del programa «Veredas Limpias», también reclaman la emergencia sanitaria en la Ciudad, aumento salarial acorde a la inflación, refuerzo sanitario y alimentario para comedores, merenderos y familias aisladas, herramientas e insumos sanitarios para garantizar el trabajo, vacunación para los y las trabajadoras comunitarias, cumplimiento del DNU presidencial con conectividad para todos y todas, basta de represión a los y las trabajadoras.

Además sostienen: «el gobierno porteño precariza el trabajo de cooperativistas de la Economía popular en un delicado contexto de crisis; tanto en lo sanitario, como en lo económico. La segunda ola de la pandemia tensiona el sistema de salud a la par que los aumentos de precios erosionan cada vez más el bolsillo de las familias trabajadoras. De acuerdo a lo últimos datos arrojados por el INDEC, correspondientes al mes de marzo 2021, una familia con cuatro integrantes debe reunir $25.685 para no atravesar la línea de indigencia (Canasta Básica Alimentaria) y $60.874 respecto a la línea de pobreza (Canasta Básica Total)».

«Según informaron desde el Ministerio a principios de año, se pretende desvincular a los cooperativistas del programa ‘Veredas Limpias’ y conformar, en su reemplazo, ‘polos productivos’, donde serían las propias cooperativas las que deberían absorber los costos de maquinarias e insumos para su producción, generando una gran inestabilidad sobre los futuros ingresos de los trabajadores, quienes cuentan con su salario para solventar los gastos de sus familias, pertenecientes a los sectores más vulnerables de la Ciudad», señalan, y agregan: «desde las organizaciones sociales señalamos que, durante los últimos cuatro meses, el Gobierno porteño no entregó los insumos, las herramientas y los uniformes que necesitan las cuadrillas de trabajo para desarrollar sus tareas de limpieza en calles y baldíos, mientras que los pagos de los convenios vienen retrasados».

Asimismo, apuntaron contra el déficit alimentario que viven varias familias en medio de la crisis sanitaria y económica: «alertamos por los recortes que se vienen realizando sobre las raciones de alimentos a las personas que se encuentran aisladas por Covid-19 y a los comedores y merenderos comunitarios, lo cual agrava la situación de los sectores populares de la Ciudad».

Finalmente, destacaron el rol de contención y cuidado que vienen cumpliendo en el marco de la pandemia, y la necesidad de que accedan al plan de vacunación contra el Covid-19: «las organizaciones sociales venimos desarrollando un papel esencial en cuanto al cuidado comunitario durante el transcurso de la pandemia. Coordinamos más de 700 comedores que alimentan a miles y miles de familias a diario. Organizamos ollas populares para asistir a las familias en situación de calle. Sostenemos una inmensa red de vecinos y vecinas capacitados, entre otras funciones, en salud colectiva, para colaborar con los centros de salud de los barrios, o en educación popular, para acompañar a los chicos en su vínculo con la escuela, pese a la falta de inversión del gobierno en dispositivos electrónicos y conectividad. Es imperioso que se priorice e incluya a quienes ponen el cuerpo todos los días en los barrios en el plan de vacunación.

Finalmente, solicitan al Gobierno de la Ciudad «que asuma una postura de responsabilidad ante el delicado contexto que atravesamos, ya que la presión sobre los sectores populares es cada vez mayor», y reclaman que el Gobierno porteño las «convoque a una mesa de trabajo para poder discutir el plan de reconversión propuesto para el programa Veredas Limpias y la posibilidad de celebrar nuevos convenios para el trabajo en el marco de la nueva ley de economía popular».
Más de dos millones de inscriptos en el Registro de la Economía Popular

El Gobierno nacional presentó un informe sobre los avances del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que confirma que entre julio de 2020 y febrero de este año se recibieron 2.093.850 inscripciones.

La presentación fue realizada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el lunes de esta semana, por videoconferencia. Estuvieron presentes los subsecretarios de Economía Social, Alejandro Gramajo y Daniel Menéndez, así como referentes de organizaciones y movimientos sociales de todo el país.

Durante el evento se destacó que hubo una “inscripción masiva en poco tiempo”, que además tuvo un alcance federal y con una importante paridad de género. La gran mayoría de los inscriptos son jóvenes y personas de mediana edad (un 34,8% entre los 25 y 35 años y un 29,5% entre 18 y 24), un sector al que habitualmente se le dificulta el ingreso al mercado laboral formal por falta de oportunidades.

Pérsico destacó: “Nuestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el ReNaTEP es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociendo a las trabajadoras y los trabajadores de la economía social popular”.

En relación con la distribución territorial de las inscripciones, se destaca que la mayoría pertenecen a la provincia de Buenos Aires (35,7%), seguida por Chaco (5,6%), Tucumán (5,5%) y Salta (5,2%). Un análisis por rama de actividades muestra un predominio de Servicios Socio Comunitarios, Servicios Personales y Otros Oficios, que concentran el 60% de las inscripciones. “Es posible afirmar que la gran cantidad de trabajadora/es inscriptos/as en la rama socio comunitaria, esté relacionada con la coyuntura de emergencia social y alimentaria producto principalmente del proceso de recesión económica sostenida desde mediados del año 2018 y profundizada -en términos económicos, sociales y sanitarios- por los efectos de la pandemia de Covid-19”, detalla el informe.

Respecto de la cuestión de género, se destacó que el 57,1% de las inscripciones corresponde a mujeres, una cifra que contrasta claramente con la de los trabajadores registrados, de clara predominancia masculina, lo que marca el fuerte componente femenino de la Economía popular. Esta mayoría de mujeres se incrementa además en las ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados mientras que se reduce en aquellas asociadas tradicionalmente al trabajo masculino. En este sentido, el informe subraya que: “Al interior de la Economía popular registrada se reproduce la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de géneros que existe en la sociedad en su conjunto”.

En términos educativos, se confirma que “la mayoría no ha podido culminar los estudios obligatorios, es decir, no tiene completado el nivel secundario, establecido por ley como obligatorio para toda la población”.
La UTEP formaliza quiénes integran el Consejo Directivo de dicha organización

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó oficialmente el 29 de abril a las autoridades del sindicato, que está cerca de cerrar las negociaciones con el ministerio de Trabajo para lograr la personería gremial, una reivindicación histórica del sector. De hecho, el acto tomó la forma de una «asamblea constitutiva» y sirvió para terminar de designar a los y las integrantes del Consejo Directivo y para formalizar la elección del Secretariado Nacional. «Este es un paso más hacia la representación formal del sector y la cristalización de una herramienta que nos permita seguir conquistando derechos para la Economía popular», dijeron en un comunicado.

El siguiente paso, una vez formalizada la estructura, será presentar la documentación en la cartera que conduce Mario Moroni. El Consejo Directivo quedó conformado por el Secretario General, Esteban el ‘Gringo’ Castro, la Secretaria General Adjunta, Dina Sánchez, la Secretaria General Adjunta, Norma Morales, el Secretario General Adjunto de Organización, Freddy Mariño y el Secretario General Adjunto Gremial, Gildo Onorato.

«Vamos a lanzar la campaña de afiliaciones más grande de la historia para sindicalizar a los cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la Economía popular que pelean y siguen esperando por sus derechos. Vamos a construir nuestro sindicato para construir la Argentina sin hambre y sin pobreza que necesitamos”, afirmó Gildo Onorato.
Solicitan a las organizaciones sociales «una tregua por 21 días»

Horas después de que presentaran las autoridades de su sindicato, UTEP, el Gobierno hizo un llamado a las organizaciones sociales para tener 21 días sin movilizaciones.

«Respetuosamente pedimos a las organizaciones que hagamos una tregua y que por 21 no nos movilicemos aunque los reclamos sean legítimos porque estamos tratando de frenar la curva de contagios», resaltó “Chino” Navarro, secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita.

El funcionario nacional precisó: «Reconocemos que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos y organizaciones sociales que reclamen porque en el marco de la pandemia, después del desastre que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri y todo agravado, la economía está muy golpeada».

En esa línea, indicó que el Gobierno tiene «una clara vocación de no reprimir» las movilizaciones sociales, sino «tratar de consensuar en el sentido racional y pacíficamente», pero aclaró que no van a «permitir que se haga un desfile de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general».

«Todo esto es fácil decirlo pero llevarlo a la práctica no es tan fácil, pero el ministerio de Seguridad de la Nación, el ministerio de Seguridad de la Ciudad, los municipios vecinos del Gran Buenos Aires, tendrán que trabajar para evitar que las movilizaciones no afecten la salud de la sociedad, que de por sí está muy golpeada», subrayó.

Respecto de la posibilidad de que se destinen vacunas contra el coronavirus a organizaciones sociales, explicó: «Lo considera un decreto hace más de un año cuando se determinó quiénes eran los trabajadores esenciales, los autorizados a poder movilizarse de un lugar a otro. En ese listado están los trabajadores de los comedores escolares, comunitarios y los merenderos».

«Mayoritariamente son mujeres y hombres de organizaciones sociales, de parroquias católicas, de templos evangélicos y ONGs. Obviamente que quieren ser vacunados», manifestó Navarro.

Por último, indicó que se articuló con el ministerio de Salud «hacer un relevamiento para precisar la cantidad» y «la situación de salud de esas personas que trabajan en los comedores».

«Escuché a algún periodista opositor decir que estábamos negociando que no se movilicen a cambio de vacunas. Es un disparate importante», concluyó.
El Gobierno destina 70.000 vacunas a las organizaciones sociales

El Gobierno nacional acordó con los movimientos sociales destinar unas 70.000 vacunas para inmunizar a los colaboradores de los comedores y merenderos populares, a fin de evitar el cierre de esos espacios y garantizar la llegada de alimentos a los sectores más necesitados.

A partir de esa medida sanitaria se organizó el cronograma de vacunación en el contexto de pandemia, que desde el año pasado afectó a varios de los más de 1.200 comedores por contagios de muchos de sus dirigentes, que en algunos casos hasta perdieron la vida.

En ese contexto, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, diagramó cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación durante una reunión que mantuvo con dirigentes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie, tras el pedido que le hicieron al presidente Alberto Fernández.

De esta forma, el Gobierno Nacional y los movimientos sociales buscan evitar el cierre de los comedores, una preocupación constante en medio de la crisis sanitaria, que se suma al pedido «urgente» para que la comida llegue a los barrios populares.

La solución al reclamo se dio tras un planteo que se evaluó en la Casa Rosada a solicitud del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En ese sentido, fuentes del gobierno indicaron que «la inmunización» de los trabajadores de los merenderos y comedores trasciende la «lógica epidemiológica» por su «importancia social», al garantizar que miles de familias de sectores carenciados reciban sus alimentos a diario.

Los trabajadores de comedores comunitarios tienen que ser declarados esenciales

Franco Armando, secretario de Organización de la CTA-A Capital e integrante de la Federación Nacional Territorial, explicó que reclaman desde el año pasado la declaración de esencialidad de las personas que prestan servicios desde la alimentación. “A través del ministro de Salud, Fernán Quirós se había comprometido el año pasado que íbamos a estar en un listado de prioridad. Este año estamos avanzando en la vacunación y nuestras compañeras y compañeros se siguen muriendo enfrentando esta pandemia”.

“El año pasado, en el peor pico de la pandemia, estuvimos 14 días seguidos sin agua, y eso había empeorado nuestra situación sanitaria porque una de las maneras de combatir el virus es aseando, limpiando… Nosotros hemos denunciado, hicimos un amparo al gobierno de la Ciudad por el tema del agua y la emergencia sanitaria”, afirmó el referente social.

“En la Villa 31, hay obras de urbanización que por el momento solo mejoran la vista del barrio, como las pinturas de las casas, y no contemplan cloacas o distribución de agua”, agregó.

Luego del fallecimiento por Covid-19 de Ramona Medina en mayo del 2020, uno de los casos más visibles por la falta de agua, Armando comentó que “se han muerto un montón de compañeros y compañeras y eso nos atraviesa hasta en lo personal, mi mamá que estaba encargada de un comedor en la 31 también falleció en pleno momento de falta de agua”. “Es muy difícil hacer frente a una pandemia sin el acceso a los servicios básicos”, expresó el dirigente.

Desde la FeNaT también reclaman planes de contingencia en casos de contagios y aislamientos para no ir a un colapso en la cuestión alimentaria: “La semana pasada en el comedor nuestro de la 31 tuvimos que cerrar por un contacto estrecho de una cocinera, y el mismo día se suspendió la entrega de alimentos, no se cocinó y el gobierno de la Ciudad no entregó alimentos, ni en seco. Ellos tendrían que contemplar un protocolo de contingencia a esta situación”, concluyó Armando.

Legislatura de Chubut rechazó la Iniciativa Popular y las asambleas cortan Ruta 3

En una sesión que mostró el acuerdo del régimen en rechazar la voluntad popular, 13 legisladores votaron en contra de la IP, 2 se abstuvieron y 12 votaron a favor, pero dieron el quórum necesario para consumar este nuevo rechazo al mecanismo constitucional de la iniciativa popular respaldada por más de 30 000 firmas.

Asimismo, ni bien conocerse el resultado de la votación se decidió cortar la ruta 3 en las afueras de Trelew para repudiar esta maniobra en la que todos los partidos del régimen provincial demostraron su alineamiento con el proyecto extractivista de Alberto Fernández y Mariano Arcioni al servicio de las multinacionales mineras como Pan American Silver. En toda la provincia se esperan acciones desde las asambleas ambientales en repudio a este nuevo ataque a la voluntad popular que en reiteradas oportunidades ha dicho #NoEsNo.
Las presas políticas de Andalgalá

Dos mujeres relatan desde su detención domiciliaria los allanamientos, el maltrato en la comisaría y los días de encierro. Quieren que el Anconquija siga siendo lo que es y que bajen las máquinas del cerro.

Sara Fernández es una de les 10 presas políticas que aún siguen detenidas en Andalgalá.

La detuvieron la mañana del 12 de abril y lleva con prisión domiciliaria ocho días.

Sara relata que en el momento del allanamiento se encontraba en la habitación de su casa, estudiando, cuando sintió ruidos y la voz de un hombre queriendo entrar. Abrió la puerta y se encontró con varios policías. La agarraron del brazo, la tiraron al piso, mientras ella pedía que le mostraran la orden judicial y les decía que quería ser su propia testigo del allanamiento. La esposaron, la golpearon y la estrellaron contra el armario. “Una oficial mujer me tomó del cuello con el antebrazo y me asfixió unos minutos mientras me decía que no fuera tan espamentera. Me estaba asfixiando. Cada vez que quería hablar me pegaban cachetazos”.

Luego de dar vuelta toda su habitación y de llevarse algunas de sus pertenencias como un cartel que dice No a la mina la llevaron en un móvil hasta la comisaría del pueblo.

En el camino uno de los policías de Catamarca preguntó por dónde tenía que ir y Sara intentó responderle. La mujer policía, que la había asfixiado anteriormente, le tapó la nariz y la boca nuevamente para que no respire. También la llevaron arrestada a su hermana porque quería entrar a la habitación a defenderla y la liberaron unas horas después. “Nosotras vivimos con niños”, relata Sara desde el patio de su casa.

Al llegar a la comisaría la tuvieron esposada hasta las 3 de la tarde de ese día. “Las condiciones de higiene eran paupérrimas, compartía baño con todos los efectivos policiales, un baño sin agua, un colchón detonado con todos los olores y manchas que te puedas imaginar, creo que por eso nos dieron la domiciliaria”.

Sara es montañista, soldadora, estudiante y luchadora. Junto con otros integrantes de la Asamblea el Algarrobo armaron este año “Andalgalá en senderos”, un proyecto de senderismo que tiene el objetivo de poner en valor la naturaleza del lugar y las especies que lo habitan y que consiste en generar caminatas abiertas a la comunidad para que la gente conozca por lo que están luchando. “Sabemos cuál es la problemática acá y hay un solo culpable, Yamana Gold y su proyecto ilegal Agua Rica, mientras hablamos ahora ellos siguen con sus máquinas destruyendo el cerro, pero Andalgalá es un lugar de resistencia y sabe que la que lucha puede perder pero la que no lucha ya perdió”.

Durante el corte de ruta, cuenta Sara, los policías venían a intimidarles y a preguntar quiénes eran los que estaban ahí. “A nosotres nos pueden arrancar la cabeza si quieren, lo que no entienden es que es el pueblo el que no quiere la megaminería. Todes nos conocemos, sabemos quiénes somos y que siempre la ley cae sobre quién se rebela y no contra quien viola las leyes.”

Graciela Diamante todas las mañanas va a fiscalía a exigir la libertad de su hija, se encuentra con las otras mujeres, todas valientes, tenaces, fieles a su reclamo. Saben que es justo, que si tocan el Aconquija su vida ya nunca será igual y que hay 12 personas detenidas por razones políticas.

Graciela es la mamá de Ailén Saracho Diamante. Su hija está detenida desde el 14 de abril, cuando las fuerzas de choque de la provincia de Catamarca irrumpieron en su domicilio.

Graciela camina a paso lento. Se detiene en la virgen. Reza. En su casa la esperan sus tres hijas, una nietita y Ailén que está con presión domiciliaria desde hace cuatro días. «Yo antes no salía, le tenía mucho miedo a la pandemia, pero desde que pasó todo esto no paro un minuto, no voy a descansar hasta que se haga justicia y mi hija quede libre. Cuando yo era chica teníamos el agua más pura del mundo, desde que llegaron las mineras compramos el agua de botella, eso es una injusticia”.

El sábado 12 de abril –día en que se realizaron las primeras detenciones– Ailén fue a la comisaría junto a la organización en la que participa para pedir la liberación de sus vecinas, también luchadoras y luchadores.

El lunes, a las 17:30, entraron en la casa, revisaron todo, sacaron a su hija de la habitación, la esposaron, le confiscaron el celular y se la llevaron. Ailén tiene 21 años y desde su adolescencia se moviliza por las causas justas.

“Más de 10 efectivos subiendo por los techos, la sacaron de la casa y empezaron a revisar habitación por habitación”. Damaris, la hermana de Ailén, cuenta que se querían llevar hasta sus hilos de algodón con los que confecciona lámparas, sillas, adornos y porta macetas artesanales.

“El día que me sacaron yo quería mi barbijo, entonces les decía que me dejaran entrar a buscarlo, dice Ailén desde la detención domiciliaria en su casa. Uno de los policías sacó un barbijo de su bolsillo y me dijo: ´ponete éste´. Un asco. ¿No se supone que habían llegado a la provincia 200 efectivos por la pandemia?”.

Su primera noche en la comisaría fue un calvario, cuenta. Estaba incomunicada y con vómitos. Compartía un baño con el resto de les detenidas, más todos los policías. “Me sentía mal, tenía vómitos y escuchaba cómo los policías se burlaban de mí y de mis dolores”.

Tres días en condiciones infrahumanas hasta que la dejaron continuar la detención en su casa: “En un momento estaba sentada esperando junto al resto de detenidos y puse una pierna sobre el asiento, vino un policía y me agarró del brazo y me zamarreó diciendo ‘¿qué estás haciendo?’».

Lourdes Brizuela también tiene mucho que contar: Augusto, su papá, también está detenido. “A él lo detuvieron a la vuelta de la casa de mi abuela a eso de las 10 de la mañana, y como a las 11 fueron a la casa de mi abuela. Ella estaba solita y entraron a la habitación y le revolvieron todo”.

“Es difícil no sentir miedo después de todo esto que le hicieron a mi hija y a la gente de mi pueblo, pero no vamos a dejar de luchar por este territorio, ya no”, alienta Graciela.

Nota del editor: Los presos políticos de Andalgalá recuperaron su libertad, pero continúan procesados.

A 6 meses del desalojo de Guernica

Desde la Coordinación de Vecines y organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica difundieron un comunicado en el que afirman que siguen organizades, esperando respuestas concretas por parte de las autoridades.

29 de abril del 2021

A 6 meses del desalojo de Guernica
¡Seguimos Esperando una Solución Integral!

A 6 meses del desalojo y represión de la madrugada del 29 de octubre del 2020, donde un mega operativo que contó con 4.000 policías, que entraron al predio de la recuperación de tierras, que lejos de importarles que estábamos con nuestras familias y que muches teníamos niñes a cargo. Ingresaron armados hasta los dientes, tirando y quemando todo lo que encontraban a su alrededor, dispuesto a sacarnos con toda la brutalidad y violencia que los caracteriza.

En nuestras memorias, que no están tan deshilachadas, tenemos impreso y presente cómo los sectores del poder salían a festejar que estaban reprimiendo. Aquella foto selfie del fiscal Condomí Alcorta sonriendo en medio del operativo reafirmó su tendencia de defender los intereses de empresarios, pequeños; medianos propietarios y políticos corruptos.

Del mismo modo, el actual ministro de Seguridad, Sergio Berni, se jactaba de desalojar y reprimir a miles de familias con niñes, plasmados en sus spots publicitarios de campaña, donde remarcaba el honrar el derecho a la propiedad privada por encima del derecho social de tener una vivienda digna, olvidándose que según la situación legal de los que decían ser dueños de los terrenos de 100 hectáreas presentaban ciertas incongruencias, o para decirlo en criollo, les que se decían dueños estaban flojos de papeles.

En esta Argentina dónde el índice de pobreza trepa el 42 %, con miles de familias que solo nos limita en el trabajo de sobrevivir y subsistir a tanta miseria, sin fuentes genuinas de trabajo y graves problemas habitacionales que nunca fueron resueltos por los poderes políticos de turno que solo seguían la lógica lobista del mercado inmobiliario, no podemos seguir aplicando la fórmula de subsistir. Todo este combo que no elegimos vivir, se aceleró más aún con la crisis económica y la pandemia que atraviesa el país, considerando que la mayoría somos cuentapropistas, trabajadoras de casas particulares, mujeres y disidencias que huimos de la violencia patriarcal y estatal, precarizades, desempleades.

Tras 6 meses de aquel triste día, gracias a la lucha y organización que seguimos les vecines, firmamos un acta de compromiso político expreso mediante escritura la entrega de terrenos que deberá ser ejecutado seis meses post firma. Cuyo compromiso por parte del gobierno provincial y del ministerio de Desarrollo social y de la Comunidad; una pre adjudicación del programa lote más servicios.

En tanto les vecines de la recuperación de tierras de Guernica seguimos organizades. Esperando las respuestas concretas que merecemos. ¿Dónde están nuestras tierras? ¿Dónde armaremos nuestro barrio comunitario que planificamos? La tierra y la vivienda nos son un sueño son un derecho, y como tal, como nos enseña la historia de luchas sociales, no pararemos hasta conseguirlo.

A 6 meses del desalojo GUERNICA VIVE LA LUCHA SIGUE, TIERRA PARA VIVIR Y FEMINISMO PARA HABITAR.

Coordinación de Vecines y organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica
“Las fábricas son de quienes las trabajan”

Por Red Eco Alternativo

En lo que va de la pandemia, uno de los sectores productivos que ha encontrado dificultades y cuyas vulnerabilidades se han profundizado es el de las empresas recuperadas por sus trabajadorxs, en especial aquellas que no finalizaron sus trámites para formalizarse como cooperativas o cuyas situaciones respecto a los ex patrones son aún precarias. Aquí recorremos la situación en general a partir de los resultados de una encuesta y consultando a protagonistas de dos casos muy especiales: ex Ansabo y Gotan.

Para paliar la crisis económica a la que se enfrentan las empresas y trabajadorxs, profundizada pero no iniciada con la pandemia, desde el Estado se han implementado algunas políticas públicas (IFE, ATP, etc.); sin embargo, en muchos casos las Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs (ERT) no pueden acceder a ellas, por diferentes motivos.

De acuerdo al informe publicado por la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una encuesta digital completada por 195 ERT y Cooperativas en general que cerró el 5 de noviembre de 2020, la dificultad principal para el acceso a estas políticas es que la normativa del cooperativismo de trabajo es insuficiente en cuanto al reconocimiento de la condición laboral del trabajo autogestionado: «Al no ser considerados trabajadores asalariados ni empleadores, quedaron en una zona gris de la política asistencial, en la que no fueron contemplados para los subsidios ATP por no responder a una relación de dependencia ni tampoco cubiertos del todo por el IFE, pues en muchos casos las incompatibilidades que definían el universo de beneficiarios excluían a gran parte de estos colectivos de trabajo, generando la incómoda situación de ingresos disímiles en empresas autogestionadas que, en gran parte, se manejan con criterios igualitarios para el reparto de ingresos.
Asimismo, los créditos para capital de trabajo para Pymes otorgados a través del sistema bancario eran también inaccesibles para las cooperativas, por razones similares a la del ATP, así como los créditos para monotributistas individuales a tasa 0″.

En forma tardía aparecieron dos medidas que intentaron resolver este problema: la reactivación de la Línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que prevé un subsidio mensual, y la implementación de créditos especialmente pensados para cooperativas de trabajo.

Mientras tanto, las cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadorxs necesitan seguir trabajando y llevando el pan a sus casas. Frente a las restricciones de la primera parte de la pandemia, algunas cooperativas y ERT reconvirtieron sus producciones y/o invirtieron en adaptarse a los protocolos para poder trabajar y cuidar su salud. En algunos casos, con el equipamiento disponible y sus conocimientos podían hacer aportes frente a las urgencias que impone el contexto. En otros, además, les permitió seguir produciendo como esenciales, a diferencia de sus actividades originales.

En el caso de la ex Ansabo, hoy P.OR.Y.SO (Papeleros Organizados y Solidarios), que desde julio de 2019 está bajo gestión de sus trabajadores por abandono y quiebra de la patronal, durante el 2020 consiguieron la oficialización como cooperativa y volvieron a producir; pero no sólo como papelera (fabrican bobinas de papel para hacer corrugado desde hace más de 60 años) sino que la Comisión de Mujeres comenzó a fabricar sanitizantes para vender a precios accesibles o donar a quienes necesiten.

En entrevista con Red Eco, Silvia, integrante de la Comisión de Mujeres, nos cuenta que este espacio surge al calor de la lucha, durante los primeros días de ocupación de la fábrica: «Entre charlas y mates compartiendo la misma experiencia que estábamos atravesando en ese momento, tomamos la decisión de acompañarlos más activamente».

En 2019 comenzaron moviendo el fondo de lucha, contando la historia de los trabajadores de la fábrica, vendiendo ropa que les donaban hicieron un roperito en la puerta de la fábrica para hacer ollas comunes. También realizaron ferias del plato, festivales y acompañaron la lucha en las marchas. El rol de las mujeres fue crucial en esos momentos, nos cuenta Silvia: «Siempre estuvimos al lado de ellos, escuchándolos, apoyándolos, apuntalándolos, porque más de uno cayó y las mujeres lo tratábamos de levantar para que continúen, porque eran días muy difíciles porque ellos eran y son los pilares de familia».

Cuando comenzó la pandemia la fábrica estaba iniciando la primera producción de prueba y decidieron comenzar a organizar ayudas solidarias a los vecinos: «Como para devolver todo lo que nos habían dado ellos durante el primer año de lucha». Además del merendero, la olla popular (que aún funcionan) y el ropero solidario, desde la Comisión de Mujeres se decidió reconvertir la oficina de la dueña para producir sanitizantes de alcohol, cuya producción es donada o vendida a precios razonables.

En octubre del 2020 la cooperativa P.OR.Y.SO obtuvo su matrícula y esto le brindó la posibilidad de acceder a programas públicos, tramitar subsidios de los servicios y comercializar en regla. Silvia cuenta que fue un gran triunfo que los llenó de alegría y fuerzas para salir adelante: «En la actualidad hay 20 trabajadores en actividad, produciendo papel, no como se hacía antes pero mantenemos las máquinas trabajando. Ahora el conflicto sigue, la causa sigue abierta, por eso continuamos peleando por la aprobación del Proyecto de ley de expropiación, que ya tiene el visto bueno en la Comisión de Tierras y Urbanización, es decir, que está a un paso de ser tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. “La idea es que tanto los inmuebles como las maquinarias sean legalmente de la cooperativa, una cooperativa formada por los trabajadores, y así poder tener una fábrica recuperada y exitosa, porque como dicen algunos de los muchachos, ‘las fabricas son de quienes las trabajan'».

Gotan es una productora de mobiliario urbano e institucional, ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, que fue abandonada y quebrada por sus patrones en septiembre de 2019. Sus trabajadores denunciaron maniobras ilegales de vaciamiento (ver notas al pie) por parte de sus ex dueños. En un comunicado publicado en febrero de 2021, los trabajadores decían: «De un lado se encuentra el empresario Horacio Lamberti, quien fuera secretario nacional de Parques industriales bajo el gobierno de Macri, y que vació la fábrica en pleno contexto de ajuste y despidos. Pero por el otro, estamos nosotros, que volvimos a llenarla de trabajo y sueños. Gestionamos la producción y ponemos nuestra energía y creatividad al servicio de los que más lo necesitan. Luchamos por avanzar en la expropiación de nuestra fábrica. Denunciamos la quiebra como fraudulenta y vemos con extrema preocupación que en el juzgado que sigue nuestra causa exista un ‘pedido de restitución del inmueble’ que pueda proceder a una orden de desalojo».

Hoy esa orden de desalojo sigue vigente, aunque desde Gotan presentaron un pedido de expropiación del inmueble. Según contó Néstor a Red Eco: «Estamos pronto a un desalojo y queremos cuidar nuestra fuente de trabajo».

Néstor también explicó que a raíz de la pandemia comenzaron a fabricar dispensers de alcohol en gel, barreras y alfombras sanitizantes para combatir al virus y generar ingresos para los trabajadores, porque «una familia no se puede mantener con un fondo de desempleo de 7.000 pesos». Además, se realizaron donaciones de estos equipos a hospitales y colegios.

Hoy en día, además del pedido de expropiación, se encuentran tratando de poner a funcionar las máquinas para dar trabajo, aunque parte de este proceso es una lucha contra la burocracia del Estado.
Además, ya que el eje de su producción es mobiliario urbano, piden al Estado que les dé trabajo «ya que supuestamente quieren recuperar las pymes y cooperativas».

También para Gotan el rol de las mujeres de ex Ansabo es importante pues hay solidaridad entre ambas cooperativas. El rol de las mujeres sosteniendo las luchas y los ánimos es crucial en estos procesos, aunque frecuentemente esté invisibilizado por no ser ex empleadas de las fábricas.
En ambos casos, la creatividad y potencia de lxs trabajadorxs y sus familias es enorme, valiéndose además de la solidaridad mutua y de lxs vecinxs de las fábricas.

http://www.redeco.com.ar/actividades/28917-ansabo

https://ar.radiocut.fm/audiocut/estamos-devolviendo-a-comunidad-todo-lo-nos-vienen-dando-ansabo-bajo-gestion-obrera/

http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/30283-cooperativa-ansabo

http://www.redeco.com.ar/masvoces/entrevistas/29290-gotan-la-f%C3%A1brica-es-de-quien%20trabaja

http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/31943-trabajadores-de-gotan-denuncian-maniobras-ilegales-en-vaciamiento
La Toma (Rosario) rumbo a los 20 años

Una contundente movilización de trabajadorxs y organizaciones populares, la acción decidida de una mayoría legislativa solidaria, RECHAZÓ la improcedente pretensión de un concejal de cuestionar el establecimiento en manos obreras resistiendo el desalojo que impulsan un puñado de carroñeros y especuladores.

La misma pedía informes sobre la supuesta «irregularidad» del lugar.

Lxs trabajadorxs somos los primeros en solicitar la regularización del lugar.

Y si se retira la orden de desalojo y se cierra el expediente como se ha propuesto en varias oportunidades y desde distintos sectores somos los primeros en liquidar este asunto.

Ahora, mientras un puñado de carroñeros impida la solución, solicitando la ejecución de la orden de desalojo, solamente deberemos mantener la movilización, la resistencia y la utilización pública y solidaria del establecimiento ocupado desde hace 20 años.

El único camino será seguir la política de resistencia, solidaridad y lucha colectiva que hemos impulsado estos 20 años y que debemos profundizar todos los años que hagan falta.

Agradecemos el acompañamiento de Sindicato de Correos (MSR), Sindicato Judicial (MSR), CTA de lxs trabajadores, ATE Rosario, Sindicato de Cadetes, APDH, AMMAR, CEPeTel, FUR, que ingresaron a exponer con los trabajadorxs en lucha, organismos de DD HH, Mesa de Jubilados, que hicieron presentaciones previas, FIT-U, trabajadores Hey Latam, LIO en NEOS, Pañuelos en Rebeldía, Peronismo Militante, AMSAFE (provincial y delegación Rosario), Subsecretaría de Economía Social de Municipalidad de Rosario, Mujeres de Negro, Aprender a Vivir, PS, FPyS, PSTU, Asamblea Ambiental, Campaña por el aborto y Rebelión Popular, que se hicieron presentes en el lugar.

LA ENORME SOLIDARIDAD RECIBIDA NOS GENERA LA INMENSA RESPONSABILIDAD DE PROFUNDIZAR LA LUCHA POR LA DEFENSA DE ESTE LUGAR.

¡¡¡Mientras esté en manos de sus trabajadores La Toma será la casa de aquellxs que luchamos por un mundo más justo!!!

COMISIÓN GREMIAL – CENTRO CULTURAL DE LA TOMA

Una joven compañera española, becaria en el Centro Cultural Parque España ha escrito la siguiente nota sobre La Toma (establecimiento en manos obreras en conflicto desde 19 años y medio).

Recomendamos leerla y difundirla.
https://ccpe.org.ar/web/actividades/el-diario-de-ines-capitulo-29/
Histórico fallo de reinstalación de los despedidos de Hey Latam

Con un fallo muy importante la Justicia Laboral Rosario, desde el Juzgado N° 10 ordenó reincorporar a los trabajadores de Contact Center a la firma Key Market, ambas pertenecientes a la empresa Hey Latam. También ordenó abonar los salarios que se adeudan desde antes del concurso preventivo.

Los trabajadores anunciaron en un comunicado que tomarán todas las medidas de lucha necesarias para que la patronal que incumple la ley respete el fallo, porque como señaló la propia patronal, la firma no cuenta con problemas económicos. Además, expresaron que el sindicato Empleados de Comercio se tiene que poner al frente de estas medidas.

En el comunicado expresaron que: «La justicia con este fallo nos dio la razón: como denunciamos desde el primer día los trabajadores, existió un fraude. La empresa con dos firmas, quebró una de ellas de manera fraudulenta para poder despedir trabajadores a pesar de estar prohibido por ley. Por otro lado, con la otra firma con los mismos dueños, domicilio y actividad continuó haciendo negocios. Son dos firmas solidarias de una misma empresa que el empresario manipuló a su antojo para hacer negocios, al punto de vaciar una para ganar más y atacar a los trabajadores y sortear de manera fraudulenta el decreto de prohibición de despidos».

Las y los trabajadores de Hey Latam se mostraron firmes en la pelea: «Nuestra lucha continuará y se profundizará para hacer efectiva la reinstalación. Este fallo es una gran conquista para todos los trabajadores para defender los puestos de trabajo porque las patronales despiden igual a pesar del decreto. Nuestra lucha, en el marco de la crisis social y sanitaria, es para defender el derecho al trabajo y ponerle límite a las empresas como el caso de Hey Latam que quieren seguir haciendo negocios a costa de los trabajadores».

Las concejalas que integran la Comisión de Derechos Humanos propusieron en el recinto del Concejo Municipal la votación de una declaración de “preocupación ante la posible imputación penal de algunos de los trabajadores del ex call center “Hey Latam” en el marco de un conflicto de índole laboral, por constituir un inadmisible precedente de criminalización de la protesta social.” Asimismo, el Concejo manifestó su apoyo a la conformación de la Cooperativa de Trabajo Rec Tuel por parte de los y las trabajadores como apuesta colectiva para la defensa de sus derechos laborales y de sus puestos de trabajo.

Fue votado por los bloques de Ciudad Futura – FSP, Socialista, Creo, Frente de Todos – PJ, Iniciativa Popular, PDP, Radical, Unidad Ciudadana, Rosario Progresista y Unite. Los que se abstuvieron fueron de los distintos bloques de Cambiemos.

Después de más de 100 días de lucha, marchas, acampe y declarada la quiebra de Contact Center & Recovery, una de las firmas del call center Hey Latam, los trabajadores formaron la Cooperativa Recuperada Trabajadores Unidos En Línea (ReCtuel) y el viernes 19 de marzo volvieron a ofrecer sus servicios. La recuperación de los puestos laborales se logró luego de firmar un acuerdo de Cooperación por el Trabajo y la Educación junto al movimiento social Causa.

La organización popular Causa que integra el Frente Social y Popular, nació en 2003, luego del estallido social y económico que terminó con la salida del gobierno de la Alianza.

“Los días de lucha dieron sus frutos. Empezamos a trabajar inscribiendo al Programa Progresar (para iniciar o completar estudios en cualquier nivel educativo) a jóvenes de 18 barrios populares de Rosario y Pérez, como Cabín 9 y Villa Banana, entre otros, y pusimos en funcionamiento nuevamente la empresa con un perfil social y solidario”, explicó Tomás Breme, uno de los trabajadores.

Ante ese escenario y acompañados por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), los ex empleados de Hey Latam le entregaron a la Justicia su plan de trabajo, pidiendo que se mantengan las fuentes laborales, demostrando que es posible y que la quiebra se trató de una maniobra fraudulenta de la patronal que continúa operando bajo la firma Key Market.

En ese marco, los trabajadores continúan con su pedido para que la provincia y el municipio les permitan gestionar las líneas de atención del 0800 por la crisis sanitaria de Covid-19, plan de vacunación, la línea 144 de atención a la Violencia de Género, la línea 147 y 911, entre otras.

“Queremos crecer, tener más chances y tomar a nuevos clientes, empresas y organizaciones. Estamos capacitados de brindar ayuda social y así poder garantizar los puestos laborales”, aseguraron.

De los 300 empleados del call center Hey Latam, 150 aceptaron el retiro voluntario. Actualmente, hay unos 85 trabajadores que cumplen su jornada laboral con horarios rotativos.

Farmacoop

Farmacoop, el primer laboratorio recuperado en la historia, sigue creciendo. La cooperativa comenzó a producir el primer test serológico argentino para detectar Covid-19 y anticuerpos en 5 minutos.

A través de un subsidio de $ 10.000.000 que le entregará el Inaes, podrán realizar obras y adquirir maquinarias para aumentar la producción de 20.000 test mensuales a 400.000. Además, generará más trabajo y experiencia acumulada para fabricar otros test, como el del dengue.

La Coopi: revés judicial

Después de un largo camino judicial, la intendencia de Villa San Carlos, afín al macrismo, logró el objetivo de quitarle la concesión del servicio de agua potable a la Coopi , una cooperativa de referencia de Córdoba.

“Es un día triste”, dice el comunicado que publicó este proyecto colectivo que surgió en 1963.

“Fue de espaldas a la ciudadanía como se llegó a esta situación: no hubo audiencias públicas ni consultas al Consejo de Representantes”, agrega el texto que agradece el apoyo recibido.

Fuentes: elciudadanoweb.com, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Canal Abierto, Plan B(aires) – FM La Boca (90.1), Red Eco Alternativo, Anred, Tiempo Argentino.

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