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La emergencia sanitaria y económica reclama urgentes cambios

Do Rebelión, 27 de Abril 2021
Por Julio C. Gambina 



Existe incertidumbre en la economía y la política contemporánea, lo que habilita un gran debate mundial sobre lo que acontece, en el marco de la pandemia. El interrogante es como sigue la historia, en lo económico y en lo político.

El asunto aparece con reiteración en multiplicidad de foros internacionales, académicos y en el debate cotidiano. La sensación es que “esto” no funciona y claro, remite al orden contemporáneo, que la pandemia desnuda con crudeza, por insuficiencia en la respuesta sanitaria o económica, que afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Incluso, ahora con vacunación iniciada, problemas de producción y limitado alcance de inoculados, los contagios crecen y la edad de afectados baja. El problema no es solo de personas mayores o vulnerables, ni siquiera de corto plazo.

Algo hay que hacer y cambiar, lo que motiva la explicación sobre “ensayos políticos” que aparecen como surgidos de la nada y en contra de toda razonabilidad política. A modo de ejemplo pueden remitirse a la sorpresa Trump, Bolsonaro o al Brexit, entre algunas de las más visibles. Con imprecisión, a esas experiencias se las ubica en la “razón populista”, de orientación derechista y amplios consensos electorales sustentados en el descontento con la racionalidad tradicional de la política. Resulta interesante y polémica la reflexión de Minouche Shafik, Directora de la London School of Economics and Political Science, LSE, que viene escribiendo sobre la necesidad de un “Nuevo Contrato Social”, cuestión exacerbada por la emergencia sanitaria del COVID19. Su reflexión apunta a la crítica del “populismo”, que acierta en el diagnóstico y contacta con el malestar social, dice, por lo que atrapa votos, pero no propone “soluciones” adecuadas a los tiempos, por lo que aboga por un nuevo contrato social.[1]

Es un debate de época que estuvo presente a comienzos del año en la cumbre virtual del Foro Económico Mundial y claro, en su contraparte del Foro Social Mundial. Incluso, aparece la cuestión en el lenguaje y la prédica del FMI y en los organismos internacionales sobre la participación pública para contener el regresivo impacto social de la situación de emergencia en curso y la potencial amenaza del conflicto social. Son opiniones que remiten al legado tortuoso de la situación mundial en el post 2008/09, la desaceleración de la economía mundial, incluso a futuro, los miedos e incertidumbres para las nuevas generaciones, privadas de los beneficios históricos del “contrato social”, y los desafíos que especialmente genera el feminismo, el cambio climático o la digitalización.

Todo ello es parte del desorden actual y el descontento de las nuevas generaciones respecto de los futuros cercanos o mediatos, sea por cuestiones sociales que explicitan peores condiciones de vida para millones, especialmente jóvenes y mujeres, al tiempo que se deteriora el medio ambiente, tal como se evidencio en los variados debates a propósito del día internacional de la Terra, el pasado 22 de abril. La crisis ecológica se arrastra por décadas, asentada en un modelo productivo depredador y sin restricciones, o modificaciones, que evidencian la ausencia de un rumbo alternativo para un metabolismo reproductivo de la vida social y natural. A veces parece un debate de sordos entre el deber ser de la utopía que se formula desde la crítica y el pensar-hacer que impone la realidad productivista, de la ganancia y la acumulación.

La recuperación de la categoría del “contrato social” es interesante, ya que remite a la concepción filosófica del nuevo orden capitalista emergente con la revolución productiva y la industria, inspiración política de la revolución francesa. De allí provienen las nuevas codificaciones y regulaciones de la sociedad contemporánea, recogidas en textos constitucionales, ordenamientos y regulaciones sociales locales y mundiales. Vale señalar que ese contrato fue objetado por luchas sociales y políticas, como por la crítica teórica en búsqueda de otros rumbos bajo parámetros alternativos de ordenamiento social, en el que destacan los escritos de Carlos Marx y su tradición hasta el presente, y claro, la revolución rusa y sus derivas, en tanto expectativas por otro mundo posible. Un tema que ha sido vuelto a suscitar en el reciente Congreso del PC de Cuba y la renovación de su dirigencia, con una nueva generación en reemplazo de la camada histórica, en el compromiso del sostenimiento del proyecto socialista.

Esas confrontaciones sociales e ideológicas llevaron a que en pleno despliegue de la crisis de 1930 se recuperara el debate sobre el “contrato social” bajo la denominación de “new deal”, o “nuevo acuerdo”. En rigor, un nuevo “contrato social”, enmienda constitucional estadounidense mediante, para resolver los obstáculos del capitalismo. Los cambios institucionales en EEUU hacia 1932/33 evidenciaron la actualización del orden económico social, la adecuación necesaria para no sucumbir a la debacle anunciada por la gran crisis y el desafío del oriente socialista instaurado en 1917. Fue una acción defensiva generalizada en occidente luego de la segunda posguerra bajo la denominación de “Estado del Bienestar”, que devino en la ampliación de derechos sociales, la mejora del ingreso de la población, al tiempo que satisfacía el objetivo de la ganancia. En su desarrollo encontró los límites de la crisis de los 70, por lo que hubo que discutir el “contrato social” a una nueva lógica liberalizadora, denominada “neoliberalismo”. Era el tiempo de las privatizaciones, las flexibilizaciones y las aperturas, recreando las tradiciones del libre comercio, de la competitividad y del libre cambio.

Nuevas adecuaciones y proyectos en disputa

La situación actual convoca nuevamente a pensar en adecuaciones del contrato social, más aún, sin la existencia de la bipolaridad global desarticulada hace tres décadas. Si en los treinta, la adecuación sistémica fue a la defensiva contra la avanzada por el socialismo, y a la ofensiva en los setenta contra el socialismo y el reformismo; con los límites actuales a la lógica liberalizadora y ante ausencias de paradigmas civilizatorios alternativos, lo que rige es el ensayo y el error, característica de estos tiempos de incertidumbres. Puede constatarse la ausencia de cooperación internacional ante la emergencia sanitaria y ni hablar del incumplimiento, incluso retroceso, en todo objetivo de superación de problemas sociales y ambientales, del estilo de los objetivos del milenio, que sufre hoy la sociedad y la naturaleza. Se discute el orden contemporáneo en esta tercera década del Siglo XXI y no parece haber imaginario teórico o político de sustento. El interrogante sobre por donde transitar promueve las pasiones en por lo menos tres direcciones, la última en una búsqueda más allá del capitalismo:

· de quienes miran hacia atrás y demandan mayor liberalización económica social, en desmedro de derechos sociales conquistados, laborales, sociales, colectivos, en una deriva libertaria y conservadora;

· de quienes imaginan que es posible avanzar en reformas que atenúen los regresivos impactos sociales y naturales acumulados en tiempos de liberalización por casi medio siglo (una vuelta al Estado benefactor) y claro;

· de quienes critican al orden vigente y demandan un nuevo orden, relativo al “otro mundo posible”.

Mientras transcurre el debate, retorna la preocupación inflacionaria en EEUU por la suba de las tasas de interés, un escenario que parecía lejano en el tiempo, de allá por los fines de los 70 del siglo pasado. La Reserva Federal discute actualmente, desde su legado monetarista con los discursos y propuestas de la Teoría Monetaria Moderna, con influencia en la gestión del ejecutivo estadounidense y cierta prensa crítica de la lógica conservadora. ¿Emitir o no emitir, moneda y deuda? Es una discusión atravesada por innovaciones tecnológicas que promueven cambios monetarios inspirados en la digitalización vía criptomonedas, en tanto nuevas formas de extender la dominación del mercado y la especulación financiera. China por su parte mundializa su moneda y disputa desarrollos en la frontera tecnológica en la producción y circulación de bienes y servicios, especialmente en el campo de las esferas de influencia de las divisas y los circuitos globales de la economía. El interrogante remite a cuanto de esta discusión está presente en los debates políticos, económicos, sociales, culturales fronteras adentro en la región latinoamericana y caribeña. En un estudio reciente relativo al acontecer regional, el FMI señala [2]:

“La contracción de 7 por ciento experimentada por la región en 2020 fue la más pronunciada del mundo, superando con creces la desaceleración mundial, que fue de 3,3 por ciento. Se prevé que en 2021 el crecimiento se sitúe en 4,6 por ciento, por debajo del 5,8 por ciento estimado para los mercados emergentes, excepto China. El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocará pérdidas acumuladas del 30 por ciento respecto a la tendencia prepandémica.”

“Según las proyecciones, Brasil recuperará el nivel de producto de 2019 en 2022, debido al repliegue del apoyo de las políticas fiscales y monetarias y la lenta distribución de las vacunas. México no alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia antes de 2023, pese al impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de Estados Unidos, dado que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la inversión”

Por eso, con base a este crudo diagnóstico, resulta imprescindible el debate sobre el futuro, mientras se impone una dura realidad con elevado costo social, con mayor gravedad sobre jóvenes y mujeres. No existe la ilusión de una pronta recuperación en la región y el rebote económico demorará más allá de las previsiones originales, especialmente en los países de menor desarrollo relativo. Las tendencias de retorno a la “normalidad” pre-pandemia se orientan hacia el 2025, y claro que es discutible aquello que se considere normal.

En el caso argentino, la realidad es compleja por el arrastre de problemas históricos asociados a la ralentización del crecimiento y la recurrente inflación.

La disputa por el gobierno y en torno a la dinámica de acumulación, asuntos de arrastre, dificultan cualquier normalización más allá de contagios, vacunas o problemas sanitarios.

Si hay fin de época global y es parte de la discusión mundial y regional, con más razón se impone la cuestión ante la situación argentina. En especial, se trata de un país fuertemente endeudado y con vencimientos imposibles de sostener en el corto y mediano plazo, con un horizonte de subas de las tasas de interés en EEUU y en el mercado mundial de crédito.

¿Hay espacio social y político para más ajuste en el país? En la línea de perspectiva y debate señalado vale interrogarse sobre las posibilidades de exacerbar las políticas de ajuste y reforma reaccionaria, incluso en pensar que reformas progresivas puede aceptar un orden que disputa el modelo de acumulación, más aún y más difícil, pensar en términos alternativos al orden capitalista.

Los datos oficiales son el marco de esta discusión, y no son buenos, más allá del rebote proyectado y en curso, ya que se mantienen preocupantes indicadores sociales, de pobreza, desempleo y flexibilización, lo que incrementa la precariedad laboral.

A febrero 2021 se mantiene una baja recuperación de la capacidad instalada en la economía local, del orden del 58,3%, menor que hace un año y que del repunte a noviembre 2020 (63,3%). La línea de indigencia para una familia de 4 personas se establece en $26.000 por mes y la Línea de la pobreza en $61.000, para un promedio de ingresos del orden de los $33.000. La estimación mensual de la actividad económica reconoce una caída anualizada del – 2,6% y de -2,4% para el primer bimestre del 2021, lo que opera sobre la regresividad en la distribución del ingreso. El dato estimulante proviene del saldo comercial positivo en 2.500 millones de dólares, pero claro, el mismo es disputado por el sector privado para cancelar deuda externa, remitir utilidades al exterior o constituir activos afuera del país, por lo que es poco lo que puede nutrir cualquier estrategia de resolución de problemas estructurales y sociales.[3]

Argentina está en la cima de una segunda ola de contagios y poco se discute el sentido estratégico de la problemática actual, acumulando desgaste y descontento en la sociedad. La expectativa favorable en una pronta vacunación habilitará la posibilidad de expresión del conflicto social, que puede ser un estímulo para que emerjan voces y propuestas que aparecen acalladas en la lógica política mediada por una comunicación social sesgada, que escamotea debates relativos a las transformaciones necesarias. Será entonces la potencia de la política de la sociedad en dinámica de movimiento para reclamar cambios.

Notas:

[1] Minouche Shafik. Nota reciente y video breve sobre el tema en: https://www.lavanguardia.com/economia/20210418/6944296/espabilan-partidos-populismo-ganara.html

[2] FMI. “Inyección rápida y recuperación duradera para América Latina y el Caribe”, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15489

[3] INDEC. Utilización de la capacidad instalada en la industria. Febrero de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/capacidad_04_2121E8B54B22.pdf; Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires. Marzo de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_04_21EDC756AEAE.pdf ; Estimador mensual de actividad económica. Febrero de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_04_215053D29E10.pdf ; Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de marzo de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_04_218F82178202.pdf

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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