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Crisis de legitimación, cólera social y estrategia macroniana de la muleta

Do Rebelión, 29 de Janeiro 2021
Por Said Bouamama: bouamamas; Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos


[Foto: manifestación contra de la ley de seguridad global]

Ley sobre la seguridad global, ley sobre los «separatismos», ley de programación de la investigación, disolución de asociaciones como CCIF (siglas en francés de Colectivo Contra la Islamofobia en Francia) o (la ONG de ayuda humanitaria) BarakaCity, promulgación de tres decretos que amplían los motivos legales para fichar a una persona en un registro judicial (1), negación obstinada de la violencia policial, acusaciones de islamo-izquierdismo como herramienta para intimidar y silenciar, reanudación del debate y de la cuestión de la «identidad nacional», etc. A finales del año 2020 todo indica una sobrecarga ideológica tanto del gobierno como de muchos grandes medios de comunicación.

Como siempre, una subida de la fiebre no es sino un síntoma de una infección que conviene tratar de diagnosticar. En su discurso de Año Nuevo el presidente Macron dio su diagnóstico de la infección, del que se desprende lógicamente el remedio que se desea. En su opinión, la infección se debe únicamente a un factor externo, el coronavirus, venido a paralizar a una Francia que se estaba recuperando económicamente, en vías de reconciliación social y nacional al superar la anticuada distinción «derecha-izquierda», se estaba rearmando moral y filosóficamente en torno a unos «valores de la República» y del «laicismo», etc. Según Macron, la pandemia también ha revelado los poderosos anticuerpos de la sociedad francesa, independientemente de las clases, que auspician un próximo renacimiento a condición de que cada uno ponga de su parte y de que se lleve a cabo una caza despiadada contra quienes saboteen el necesario esfuerzo colectivo. Una auténtica tragedia que, en cierto modo, acaba bien con un final de unanimidad nacional contra los enemigos tanto del interior como del exterior. Si se tienen en cuenta algunos datos estadísticos y algunos hechos nacionales e internacionales se ve que la tragedia es, de hecho, una comedia.

LA NOSTALGIA DEL IMPERIO DE UN SISTEMA DE DOMINACIÓN DEBILITADO

Mucho antes de la pandemia la clase social dominante en Francia se enfrentaba a un aumento de unas persistentes luchas sociales en Francia y a un cuestionamiento de sus políticas neocoloniales en el exterior, en particular en África y Oriente Próximo. Utilizar el contexto de la pandemia para justificar una llamada al orden autoritaria tanto en el ámbito interno como en el externo era una oportunidad de la que no podía dejar de sacar partido esta clase.
Una sociedad destrozada y llena de una cólera social generalizada

A pesar del paréntesis que supuso el primer confinamiento, hay que constatar la sucesión de movimientos de protesta por diferentes motivos desde el inicio del movimiento de los Chalecos Amarillos a finales de 2018. Desde el movimiento de los Chalecos Amarillos al movimiento contra la reforma de las pensiones, pasando por el que está en contra de la violencia policial, el actual que se opone a la llamada ley de «seguridad global» o la reciente movilización de las personas sin papeles, el tiempo de las grandes manifestaciones parece perdurar. Una de las características del periodo es que diferentes componentes de las «clases populares» e incluso una parte de las llamadas «capas medias« se han puesto en movimiento. Entendemos por clase popular las categorías que el INSEE (siglas en francés de Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos) reagrupa bajo los términos de obreros y empleados, a los que se añade una «fracción de los agricultores, artesanos y comerciantes» que «se puede considerar que forma parte de las clases populares, lo mismo que algunos trabajadores […] que ejercen bajo el estatuto jurídico de “autónomos emprendedores”» (2).

Aunque estas clases populares y sus diferentes componentes tienen en común una contradicción absoluta de intereses con la clase dominante, no constituyen una categoría homogénea. Nunca lo han sido puesto que una de las leyes del capitalismo es el hacer competir al conjunto de las fuerzas laborales, lo que provoca una estratificación de las personas trabajadoras en muchos estatus según unos criterios de origen étnico, sexo, edad, cualificaciones, etc. Lo son todavía menos hoy en día, tras cuatro décadas de neoliberalismo (entendido aquí como la fase del capitalismo de la época de la globalización capitalista), cuyo efecto es una desestabilización del conjunto de la condición salarial, independientemente de sus componentes, una disminución de las protecciones sociales colectivas, una pauperización y una precarización en el caso de la base de las clases populares, y un desclasamiento social en el caso de los demás, incluida una parte de las «capas medias». La ideología dominante creyó poder obtener de estos procesos el final de la «lucha de clases», la desaparición de la clase obrera, la obsolescencia del marco interpretativo de la oposición entre clases dominantes y clases dominadas, etc. El sociólogo Gérard Mauger nos recuerda que eso es tomar el deseo por la realidad: «La profundización de la división del trabajo y de la especialización ha hecho más complejo el antagonismo bipolar entre patronos propietarios y proletarios vigilados por algunos capataces, pero no ha hecho desaparecer la relación de dominación principal entre clases dominantes y clases dominadas» (3). La puesta en movimiento sucesivo y duradero de diferentes componentes de las clases populares pone de relieve una crisis de legitimidad que aumenta rápidamente y tiende a extenderse al conjunto de las clases populares e incluso a una parte de las «capas medias». La duración de estos movimientos forja progresivamente las condiciones de subjetividad de la famosa «convergencia de luchas» y por ello constituye la obsesión del gobierno. En nuestra opinión, esta obsesión es el motivo de la modificación de la doctrina del mantenimiento del orden en la gestión de las manifestaciones públicas cuyo primer resultado fue el despliegue de una violencia policial sistemática contra ellas. Al igual que ocurre desde hace décadas en el caso de los barrios populares y sus habitantes, la modificación de la doctrina de mantenimiento del orden se traduce concretamente en una explosión de violencia del Estado que se trivializa.

Las elecciones presupuestarias que se han hecho para afrontar los efectos económicos de la pandemia no pueden sino aumentar la polarización social entre una minoría cada vez más rica y una inmensa mayoría en deterioro. En su discurso del 12 de marzo de 2020 el presidente de la República francesa prometía aprender de la pandemia «cueste lo que cueste». Lo que se había afirmado durante casi medio siglo de neoliberalismo dominante (el déficit público anual no puede superar el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), la deuda pública no puede exceder el 60 % del PIB), de pronto se consideraba obsoleto debido a la gravedad de la situación: «La salud no tiene precio. El gobierno movilizará todos los medios financieros necesarios para ofrecer asistencia, para hacerse cargo de las personas enfermas, para salvar vidas. Cueste lo que cueste […]. Se hará todo lo necesario para proteger a nuestros asalariados y para proteger a nuestras empresas. Cueste lo cueste, también en este caso» (4) .En su discurso de Año Nuevo retomaba otra vez el famoso «cueste lo que cueste» para justificar los 100.000 millones de euros del plan «France Relance» [Reactivación de Francia] y los 20.000 millones de euros de ayuda de emergencia suplementarios anunciados en los presupuestos de 2021. Sin embargo, en ningún momento se precisaron las preguntas más importantes: «¿Cueste lo que cueste a quién?» y «¿cueste lo que cueste a beneficio de quién?». El economista Maxime Combes responde de la siguiente manera a estas dos preguntas no planteadas:

“Sin embargo, es insuficiente constatar que se ha abierto el grifo: falta saber a quién se riega y a quién no, y con qué fin. En efecto, llueven miles de millones, pero no por todas partes y no para todo el mundo. Los barrios populares, olvidados en los planes de urgencia y de reactivación, reclaman lo que les corresponde. Las personas más pobres se tienen que contentar con el 0,8 % de la financiación de plan de reactivación. Por lo que se refiere a los servicios públicos y sus agentes, se les atiende con parsimonia. En cambio, al sector privado, y muy particularmente, a las grandes empresas se les sirve con toda urgencia. […] Tras rastrear los miles de millones de euros de dinero público movilizados desde el inicio de la pandemia de covid-19 para ayudar a las empresas privadas gracias a la labor del Observatoire des multinationales, podemos afirmar: más que una vuelta del Estado con el fin de satisfacer el interés general, estos miles de millones transcriben sobre todo la voluntad de poner al Estado y sus recursos al servicio de los intereses del sector privado y de la acumulación de capital, sin exigir a cambio nada más que “compromisos voluntarios”, sin cambiar las reglas de juego, sin actuar para que el mundo de después sea fundamentalmente diferente al mundo de antes» (5).

Así, todas las empresas del [índice bursátil francés] CAC 40, incluidas las 26 que han pagado dividendos este año, han recibido una ayuda importante relacionada con la pandemia sin condición alguna. En efecto, los debates sobre el proyecto de ley de finanzas 2021 destacaron por el rechazo de todas las enmiendas que proponían condicionar las ayudas públicas vinculadas a la pandemia a la prohibición de los despidos, a que no se paguen dividendos o se limiten, a la relocalización de la producción, etc. Aunque va a aumentar de forma importante la pobreza de las clases populares, aunque muchos pequeños comercios no resistirán al cese de su actividad debido a los sucesivos confinamientos, la elección del gobierno es muy clara: apoyo al capital monopolista y a los grandes grupos industriales, comerciales y financieros. Así, el «mundo de después» se anuncia peor que el «mundo de antes» en términos de pobreza y de polarización social. La base material de las revueltas sociales, muy presente ya antes de la pandemia, aumenta considerablemente a consecuencia de ella y de las elecciones económicas a favor del capital monopolista. Ahora bien, gobernar es anticipar, y el gobierno actual no deja de anticipar esta previsible cólera social. Esta es la primera causa de la sobrecarga ideológica y de la inflación legislativa en materia de seguridad de finales de 2020.
El fervor guerrero de un imperialismo debilitado

En el plano internacional la situación no es más estable para la clase dominante francesa. En las últimas décadas las dificultades con las que se ha encontrado el imperialismo francés en Oriente Próximo y África han aumentado particularmente. Bajo el efecto de varios procesos (exacerbación de la competencia vinculada a la globalización capitalista, desarrollo de las potencias emergentes, movimientos populares que cuestionan a los aliados locales de París, etc.), se degradan las posiciones económicas y geoestratégicas del imperialismo francés. «Desde finales de la década de 2000 el espacio mundial conoce profundas transformaciones económicas y geopolíticas: una crisis económica (2008) que en el momento de la pandemia todavía no se había superado, la decadencia del liderazgo de Estados Unidos que favorece la vuelta de Rusia y las ambiciones de las potencias regionales, las emergencia geopolítica de China y, por último, la explosión de los pueblos en África y Oriente Próximo (las «Primaveras Árabes») que hicieron tambalearse los regímenes autoritarios sometidos a las grandes potencias» (6), explica el economista Claude Serfati.

Esta decadencia relativa tiene una excepción, la de la muy lucrativa industria del armamento. «El continuo debilitamiento de la industria francesa en los mercados mundiales desde principios de la década de 2000 ha convertido a la industria del armamento y aeronáutica en uno de los últimos pilares de la competitividad internacional del Francia», resume Claude Serfati en el artículo antes citado. Francia se sitúa en sexta posición en la clasificación mundial de gasto militar y en primera en la clasificación de la Unión Europea. Así, en 2010 el sector militar representaba el 21,5 % del gasto público y la industria del armamento empleaba a casi al 10 % de las personas asalariadas industriales (7). El declive competitivo relativo del imperialismo francés y la posición particular de la industria del armamento llevan a una grave consecuencia: el sobreactivismo militar se traduce en la multiplicación de las OPEX, las operaciones militares exteriores. La muy oficial página web « Vie publique » [Vida pública] presenta el siguiente balance de estas:

«Irak, Siria, República Centroafricana, Sahel, las operaciones militares exteriores se han convertido en un componente estructural de la actividad operacional de los ejércitos, en particular del ejército de tierra. […] Los nombres de las operaciones recientes son Harmattan (Libia, 2011), Serval (Mali, 2013), Sangaris (República Centroafricana, 2013), Barkhane (Sahel, 2014) o Chammal (Irak, Siria, 2014). […] Desde 1995 los ejércitos franceses han estado implicados en unas 106 operaciones llevadas a cabo fuera de las fronteras nacionales. A estas operaciones hay que añadir cinco operaciones lanzadas antes de esa fecha, pero que todavía están en curso. […] El Tribunal de Cuentas destaca que los gastos suplementarios debidos a las OPEX han representado, en los tres últimos ejercicios, más de 1.100 millones de euros cada año. El coste unitario, por militar desplazado, de una operación exterior se ha duplicado con creces desde hace una década hasta alcanzar más de 100.000 euros por soldado desplegado al año» (8).

Lo que caracteriza más específicamente al imperialismo francés es este papel de gendarme de la Unión Europea y más ampliamente de la OTAN. Esta especialización en la intervención militar se convierte en un punto de apoyo en las diferentes negociaciones entre grandes potencias, ya sea en la Unión Europea o en el ámbito de la OTAN. Ahora bien, el año 2020 se caracteriza precisamente por una serie de reveses en estas pretensiones internacionales del imperialismo francés. El descalabro de Macron en Líbano o la protesta por la presencia militar en el Sahel son los dos ejemplos más elocuentes. En Líbano, con ocasión de la catástrofe del puerto de Beirut, el presidente francés se había permitido un discurso conminatorio que exigía, sin orden alguno, un «nuevo pacto», unas «reformas indispensables y la formación de un «gobierno de técnicos». Con un tono paternalista digno de un gobernador colonial del siglo XIX, pretendía así regir las decisiones de una nación soberana. Dos meses después la dimisión del primer ministro libanés Mustafá Adib, punto de apoyo del presidente francés en esa operación, cierra esta secuencia de nostalgia del imperio. «El chasco de Emmanuel Macron» (9), resume el periodista de Le Monde Diplomatique Olivier Pironet.

Por lo que se refiere al Sahel, la opinión pública, que exige cada vez más la retirada de las tropas francesas, denuncia insistentemente los verdaderos objetivos de la Operación Barkhane, esto es, por una parte asegurar el uranio de Níger (pero también el oro, el petróleo, el gas y los diamantes de la zona) y por otra instalar una presencia militar duradera en esta zona geoestratégica esencial para el control tanto del norte de África como del África subsahariana. En Mali, Burkina Fasso, Níger o Chad cada vez más sindicatos, asociaciones y partidos defienden esta reivindicación, como atestiguan las pancartas que se exhibieron durante la manifestación de apoyo al reciente «golpe de Estado» en Mali:

«La presencia de Francia se ha vuelto cada vez más impopular en Mali, porque no ha disminuido la violencia que mina la seguridad del país desde 2013. Miles de personas protestaron contra la presencia de Francia, que a menudo calificaron de “ocupación”. Durante la concentración del viernes para apoyar el golpe de Estado las y los malienses llevaban pancartas que clamaban contra el antiguo colonizador: “No es un golpe de Estado, es una revolución del pueblo”, “Parad el genocidio de Francia en Mali”, “Muerte a Francia y a sus aliados”y “Abajo Francia y su gobernador”» (10).

Este movimiento de protesta por la presencia militar francesa y la sucesión de muertes de militares franceses en el Sahel pueden debilitar a corto plazo la legitimación de la intervención militar. Ahora bien, como esta no se puede justificar sobre la base de sus verdaderos objetivos imperialistas, solo puede esperar obtener el apoyo de la opinión pública (o, al menos, su indiferencia) organizando una escenificación del peligro «terrorista» tanto en el interior como en el exterior de Francia. Gobernar es anticipar y Macron no deja de anticipar esta crisis de legitimidad de las OPEX difundiendo unas explicaciones en términos de «guerra de civilizaciones» que, lógicamente, incluye la construcción de un peligro «terrorista» en el exterior y «separatista» en el interior. Esa es la segunda causa de la sobrecarga ideológica y de la inflación legislativa en materia de seguridad y autoritaria de finales de 2020.

FORTALEZAS, DEBILIDADES Y CONTRADICCIONES DE LA RESISTENCIA AL GIRO AUTORITARIO

Por consiguiente, la anticipación gubernamental consiste en preparar el aparato de Estado para la guerra (exterior e interior) por una parte y por otra en tratar de crear el consentimiento de la opinión pública respecto a esta guerra. El vocabulario y la semántica de la guerra nunca han estado tan presentes: «consejo de defensa sanitaria», «estamos en guerra», «enemigos internos», «aliados objetivos del islamismo», «los nuevos muniqueses» (11), etc. El bombardeo del discurso de guerra está a la altura de la cólera social. Su magnitud pone de relieve las dificultades con las que se ha encontrado el gobierno para cumplir su objetivo de legitimación de una sociedad de control. Las manifestaciones públicas de rechazo de las nuevas leyes son multitudinarias y ello a pesar del contexto sanitario. Tras los Chalecos Amarillos, el movimiento contra la reforma de las pensiones, el movimiento contra la violencia policial y el de las personas sin papeles, etc.; son cientos de miles las personas que se manifiestan regularmente contra los nuevos proyectos de leyes liberticidas. La diversidad de las personas que participan pone de relieve una «convergencia de luchas», tanto más amenazante para el poder cuanto que no es el resultado de un llamamiento desde arriba de las organizaciones, partidos o asociaciones, sino que se origina desde una acumulación de experiencia desde abajo. Aunque la fuerza del movimiento de resistencia es real, este también se caracteriza por unas contradicciones que lo debilitan. Estas contradicciones revelan los ángulos muertos persistentes a propósito de la islamofobia y la inmigración.

Las contradicciones de una resistencia

Aunque todo el proyecto de ley sobre la seguridad global es liberticida, algunas grandes organizaciones y asociaciones, la prensa y el discurso gubernamental desplazaron rápidamente el foco de atención únicamente sobre el artículo 24 por una parte y por otra redujeron el impacto de este solo a la libertad de prensa. A pesar de que este proyecto de ley es un engranaje que se articula con otros proyectos de ley (ley sobre los «separatismos», ley de programación de la investigación, extensión por decreto de los motivos legales para fichar a una persona en un registro judicial, etc.), generalmente se ha corrido un tupido velo sobre la dimensión sistémica de la ofensiva gubernamental. Este foco de atención está lejos de ser espontáneo. Resulta de una orientación política (consciente para algunas personas e inconsciente para otras) que revela una subestimación de la magnitud del actual giro autoritario y de seguridad. También resulta de los efectos de la ofensiva ideológica del gobierno. El miedo a ser tachado de «conspirador» lleva frecuentemente a renunciar a denunciar unas estrategias de las clases dominantes, lo que tiene como consecuencia el confinar la crítica y la protesta a las disposiciones más escandalosas, más emblemáticas y más mediatizadas. La sobreinflación de los discursos sobre la «conspiración» lleva así a una autocensura en forma de renuncia a tener en cuenta unas dimensiones sistémicas, es decir, a una lectura fragmentada de la realidad. Sobre todo, este foco de atención ofrece al gobierno una salida que permite salvaguardar lo esencial en caso de una relación de fuerzas inevitable: sacrificar el elemento para preservar el sistema en general, abandonar el artículo 24 para preservar los demás artículos, cambiar para no cambiar.

Esta lógica que ya está en marcha en la protesta contra la ley de seguridad global, lo está aún más a propósito de la ley sobre los «separatismos». Es patente la tendencia a reducir el actual movimiento de protesta por el giro de seguridad únicamente a la ley sobre la «seguridad global». Esta tendencia se concretiza en la ocultación e invisibilización del intento del gobierno de fundar una «unidad nacional» guerrera sobre una base islamofóba. Aunque en opinión de algunos muchas personas musulmanas o que supuestamente lo son estaban chifladas, según otros paralizadas o atemorizadas debido a la violencia del ataque y al acompañamiento mediático de esta ley que «refuerza los principios democráticos», estas personas musulmanas también han tenido una fuerte sensación de soledad ante la ausencia de reacción de algunas grandes organizaciones o asociaciones. Respecto a esta cuestión conviene igualmente evitar toda tentación de homogenización. La lógica del «doble rasero» en la reacción a las dos leyes (la de seguridad global y la del separatismo) no revela las mismas motivaciones según los diferentes actores. Para algunas personas la motivación es táctica en una lógica de destacar la ley que afecta al conjunto de la ciudadanía en detrimento de la que solo ataca a una parte de nuestra sociedad. Para otras resulta de nuevo de una lógica de autocensura por miedo a ser acusado de «islamo-izquierdismo». Y, por último, para otras refleja la aceptación (total o parcial) del marco interpretativo culturalista difundido desde hace varias décadas por los sucesivos gobiernos, cuya consecuencia lógica no es sino la islamofobia reivindicada o avergonzada, consciente o no, general o parcial, etc. Más allá de esta diversidad de causas, el resultado es el mismo: la invisibilización de la ley sobre los separatismos es una incitación objetiva al desarrollo de una islamofobia de Estado. Ante unas elecciones presidenciales imposibles de ganar sobre la base del balance de su quinquenio y de la cólera social acumulada, Macron se ve así reforzado en su estrategia de imponer una elección forzosa entre Le Pen y Macron cuya única base ideológica posible es la nostalgia del imperio para legitimar unas injerencias militares en el exterior y la islamofobia y la guerra contra «el enemigo interno» con el fin de desviar una cólera social en Francia.

Más allá de la secuencia actual, lo que se revela aquí son los ángulos muertos del software político de una parte no despreciable de las organizaciones y asociaciones que afirman ser anticapitalistas sobre las cuestiones de la inmigración, de la articulación entre el antirracismo y la lucha de clases, del imperialismo francés y sus guerras de injerencia, de la función ideológica de los discursos estatales sobre el Islam, la lucha contra el terrorismo, el comunitarismo o el separatismo. La publicación en Le Monde Diplomatique de enero de 2021 de un artículo del historiador Gérard Noiriel y el sociólogo Stéphane Beaud titulado «Un militantisme qui divise les classes populaires. Impasses des politiques identitaires» [Una militancia que divide a las clases populares. Callejones sin salida de las políticas identitarias] es una ilustración excelente de estos ángulos muertos. Lo que divide son precisamente estos ángulos muertos reduccionistas que, a su vez, tienden a suscitar lógicamente unas posturas reactivas que pueden ser igual de reduccionistas.
Los ángulos muertos y sus consecuencias

El artículo de Beaud y Noiriel reitera una acusación clásica ya utilizada muchas veces en la historia de nuestra sociedad contra otros sectores militantes. Así, la acusación de división se esgrimió contra las personas militantes de la inmigración que se movilizaron por la independencia de sus países en el momento del Frente Popular, por ejemplo. También se resaltó contra el movimiento feminista en la década de 1960, por ejemplo. Igualmente, estuvo presente en algunas reacciones al movimiento de los Chalecos Amarillos a principios de este siglo. Por consiguiente, es inútil mencionar, como hacen nuestros autores, una supuesta «americanización de la vida pública» o, como hacen otros autores, una «importación» a Francia de debates estadounidenses. La cuestión en Francia no es nueva ni virgen de teorizaciones o balances. Hace más de una década le dedicamos un capítulo de nuestro libro sobre las discriminaciones racistas titulado «el marco interpretativo obrerista»:

«Este paradigma se basa en un enfoque “esencialista” de la clase obrera y de los medios populares que invisibiliza la construcción histórica y sistémica de una jerarquización de las opresiones y de las explotaciones. El miedo a la división de las personas dominadas lleva por medio de este proceso a negar las discriminaciones racista, y/o a relativizarlas, y/o a reducirlas a algunas desviaciones racistas aisladas. Con el pretexto de tener un “blanco principal” y de tener como objetivo al “enemigo principal” (12), este tipo de enfoque lleva a desarmar la lucha contra las discriminaciones, incluso a luchar contra ella con el pretexto de que sería peligrosa para la “unidad”» (13).

Con todo, hagamos justicia a nuestros autores, que no niegan la existencia de discriminaciones sistémicas o de la segregación. Critican, en cambio, las militancias que se desprenden de estas opresiones específicas por ser portadoras de divisiones con el pretexto de que las personas inmigradas postcoloniales y sus descendientes franceses pertenecen de forma generalizada a las clases populares. Esta pertenencia de clase innegable a la luz de los datos estadísticos existentes no significa, sin embargo, una comunidad completa de condición social. Lo propio del capitalismo es, precisamente, hacer competir a todas las fuerzas de trabajo y la segmentación jerarquizada de las clases populares. Para lograrlo todos los factores de diferenciación (sexo, edad, origen, etc.) pueden servir de punto de apoyo para asignar a algunas personas a unos lugares de sobreexplotación y para hacerlo se movilizan todas las herencias ideológicas (patriarcado, racismo colonial, prejuicios culturalistas, etc.) y se revivifican para legitimar esta construcción piramidal. La división de las clases populares no es en primer lugar una producción de los movimientos militantes, sino un dato estructural del modo de funcionamiento del sistema social. La unidad de estas clases populares tampoco es espontánea, es el resultado del movimiento militante común a condición de que este integre en sus luchas y en su agenda los intereses de los segmentos más explotados de las clases populares. Mientras una opresión específica no se tiene en cuenta y se integra totalmente en la agenda, origina inevitablemente movimientos específicos. La unidad de las clases populares es un resultado y no un punto de partida. Así, lo que divide a las clases populares es que no se tomen en cuenta suficientemente las discriminaciones racistas, la violencia policial sistémica, la islamofobia, unas guerras imperialistas y sus consecuencias en Francia, etc., y no la existencia de movimientos militantes que luchan contra estos tratos de excepción.

Nuestros dos autores invierten el proceso imputando a estos movimientos militantes específicos la responsabilidad de las dificultades de unificación de las clases populares. Estas se especificarían por medio de un enfoque en términos de «política identitaria», una «racialización» de los análisis, un planteamiento centrado en la «emoción» y un aislacionismo que niega la necesidad de alianza. Además de la homogeneización de movimientos militantes con sus diferencias y divergencias tanto en el análisis de la situación como en las estrategias deseables, esta crítica achaca a estos movimientos militantes las reducciones difundidas por los discursos políticos y mediáticos dominantes. Estos movimientos militantes serían en cierto modo «comunitaristas» e incluso «separatistas». Nada nuevo bajo el sol, excepto retomar unos leitmotivs de la ideología dominante destinados a invalidar las protestas. Recordemos que los discursos políticos y mediáticos dominantes redujeron así la revuelta de los barrios populares de noviembre de 2005 a un «mimetismo», los movimientos masivos contra la violencia policial a una importación errónea de los debates estadounidenses, las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino a una «importación del conflicto israelo-palestino» y a una nueva «judeofobia», la denuncia de las discriminaciones a un «racismo antiblanco», etc.

Lejos de ser un debate únicamente teórico y general, estas cuestiones atraviesan nuestra secuencia histórica y los actuales plazos militantes. Están presentes en la tentación de jerarquizar las luchas contra los dos proyectos de ley (seguridad global y separatismo), en el silencio más o menos importante sobre el desarrollo de una islamofobia de Estado, en la debilidad de las reacciones ante la disolución de asociaciones como Baraka City y el CCIF, etc. La ocultación y silenciación de una parte de la realidad no puede sino aumentar la división de las clases populares. Esta regla de sentido común es pertinente sea cual sea el contexto, pero todavía más en nuestra secuencia actual en la que se despliega un intento de instaurar una policía del pensamiento (ley de programación de la investigación, acusaciones inflacionistas de islamo-izquierdismo, imposición de la noción de «valores de la república» como condición de la libertad de expresión, etc.). Nunca se construye de forma duradera y sólida sobre la base de la negación de toda o parte de la realidad social.

No basta con esgrimir permanentemente la consigna de la «convergencia de luchas« para que esta progrese concretamente, es necesario que no se imponga como la subordinación de algunas luchas a otras y de algunas reivindicaciones a otras. Para ello es indispensable desviarse de todas las muletas esgrimidas por el gobierno para, precisamente, dividir a quienes deberían estar unidos y unir a quienes deberían estar divididos.

Notas:

(1) Martin Untersinger, “Le gouvernement élargit par décret les possibilités de fichage”, Le Monde,6 de diciembre de 2020; se puede consultar en la página web lemonde.fr.

(2) Thomas Amossé, Lise Bernard, Marie Cartier, Marie-Hélène Lechien y Yasmine Siblot, “Une exploration des classes populaires à partir de leurs fractions médianes”, en la obra colectiva, Être comme tout le monde. Employées et ouvriers dans la France contemporaine, Raison d’Agir, París, 2020, pp. 51-52.

(3) Citado en Olivier Masclet, “Subalternes dans une « société de semblables »”, en la obra colectiva, Être comme tout le monde. Employées et ouvriers dans la France contemporaine, op. cit., 21.

(4) Emmanuel Macron, discurso del 12 de marzo de 2020, se puede consultar en francetvinfo.fr del 12 de marzo de 2020.

(5) Maxime Combes y Olivier Petitjean, “Derrière ces milliards d’euros d’argent public se pérennise le détournement sans condition des ressources de l’Etat au profit d’intérêts privés”,Le Monde, 30 de noviembre 2020; se puede consultar en la página web lemonde.fr.

(6) Claude Serfati, “France. « Militaro-sécurité globale » : le jour d’après est déjà là”, 15 de diciembre de 2020; se puede consultar en la página web alencontre.org.

(7) Julien Malizard, “Dépenses militaires et croissance économique dans un contexte non linéaire”, Revue économique, n° 3, 2014, p. 602.

(8) Artículo de la «redacción», “Les opérations militaires extérieures de la France (OPEX)”, Vie publique; se puede consultar en la página web vie-publique.fr.

(9) Olivier Pironet, “Le flop d’Emmanuel Macron”, Le Monde Diplomatique, Manière de voir, n° 174, diciembre de 2020-enero de 2021; se puede consultar en la página web monde-diplomatique.fr.

(10) “Malgré le coup d’Etat et la défiance des Maliens, la France maintient l’opération « Barkhane »”, Le Monde, 27 de agosto de 2020; se puede consultar en la página web lemonde.fr.

(11) N. de la t.: en Francia se denomina «munichois», muniqueses, a los partidarios de los Acuerdos de Munich firmados por Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia en 1938 y que dieron luz verde a Hitler para anexionarse aquellas regiones de Checoslovaquia en las que predominaba la población alemana, los llamados «sudetes».

(12) Retomamos aquí el título del libro de Christine Delphy sobre las luchas por la igualdad entre sexos, L’ennemi principal, économie politique du patriarcat, Syllepse, París, 1998.

(13) Saïd Bouamama, Les discriminations racistes : Une arme de division massive, L’Harmattan, París, 2010, pp. 65-66.

Fuente: https://bouamamas.wordpress.com/2021/01/08/crise-de-legitimite-coleres-sociales-et-strategie-macronienne-de-la-muleta/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

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