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Geopolítica sudamericana del coronavirus

La región sudamericana ha reaccionado de manera disímil y descoordinada a la pandemia de coronavirus en el marco de un debilitamiento de los mecanismos de integración. Las diferentes estrategias están marcadas por el temor a una crisis sanitaria, los peligros de estallidos sociales por los efectos económicos de las cuarentenas y las carencias institucionales de más larga data de los Estados nacionales. En este marco, muchos miran a China, en busca de apoyo, más que a sus vecinos
Da Carta Maior, 13/04/2020

Por Juan Gabriel Tokatlian, Carlos A. Romero, Monica Hirst, Carlos Luján 
 
*Argentina, el Estado y el coronavirus
*Venezuela, la pandemia y la política
*La errática política de Brasil
*La reacción uruguaya

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Argentina, el Estado y el coronavirus

Juan Gabriel Tokatlian

En la campaña que lo llevó a la Presidencia, Alberto Fernández destacó, en entrevistas, debates y pronunciamientos, que en materia política la tarea era recuperar un rol activo del Estado; en materia social, propender a la protección de los sectores más débiles; y en materia internacional, procurar el equilibrio ante las grandes potencias. En esas tres materias, la idea central era reflejar, al menos en el discurso durante la campaña de 2019, la contracara del gobierno de Mauricio Macri, que privilegió el mercado, careció de empatía frente a los grupos necesitados y enarboló una política exterior propia del unilateralismo periférico concesivo. La agenda de la competencia electoral fue, por supuesto, más amplia: el endeudamiento, la inflación, el federalismo, la justicia, la interrupción voluntaria del embarazo, etc. Sin embargo, a los efectos de comprender la estrategia del Frente de Todos ante la emergencia del coronavirus, su visión sobre lo político, lo social y lo internacional resulta clave.

La celeridad, intensidad y variedad de acciones emprendidas cuando se hizo evidente la pandemia mostraron que Fernández estaba dispuesto a colocar el papel del Estado en el centro de sus medidas. Ahora bien, en tiempos de catástrofes en todos los países, con gobiernos de derecha e izquierda, el Estado retoma centralidad. En cuanto al coronavirus, se han podido advertir dos tendencias en ese sentido: las naciones que buscaron suprimir la expansión del virus y las que intentaron mitigarla. Entre las primeras se destacan los países del Sudeste de Asia (China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, por ejemplo): cuarentena masiva inmediata, testeo riguroso de la población, acción sanitaria sostenida, severas sanciones a los que incumplen el aislamiento social, freno total de la economía. Entre las segundas está la mayoría de las naciones de Occidente. Y en ese grupo la diferencia se expresa en variaciones respecto al distanciamiento social, el alcance del confinamiento, la cantidad de pruebas sanitarias, entre otras. Pero indudablemente, una cosa es Alemania y otra Argentina.

En el fondo, y más allá de las diferencias de regímenes políticos entre «supresores» y «mitigadores» e intramitigadores, lo fundamental radica en las capacidades estatales. El caso argentino comprueba que la voluntad de reivindicar el Estado se choca con la realidad, más estructural, de décadas de paulatino desmantelamiento a pesar de que diferentes gobiernos intentaron reconstruir los atributos estatales. Un ejemplo histórico y comparativo ilustra notablemente el debilitamiento progresivo del Estado argentino: en 1956 el país experimentó una asoladora epidemia del polio. Después de desplegar una política intensiva de vacunación, se convirtió en el primer país latinoamericano libre de polio. El efecto de aquel desmantelamiento ha sido un sistema de salud pública muy averiado.

En materia social, el gobierno ha adoptado una política de control de daños, especialmente dirigida a la población en mayor situación de riesgo. Bonos, aumentos, compensaciones, provisión alimentaria, entre otros, son algunas de las decisiones que apuntan a reducir los efectos deletéreos de la emergencia sanitaria sobre los más pobres. Un país que viene de un desplome del crecimiento desde 2018, con una inflación persistentemente alta, una deuda acumulada (al 31 de diciembre de 2019) de 227.370 millones de dólares, y una caída de las inversiones extranjeras, está asumiendo una serie de medidas que seguramente harán mucho más difícil superar una recesión que se agudizará. Ciertamente, ante el dilema salud/economía, el gobierno de Fernández escogió privilegiar la salud. Ante la envergadura previsible de lo que será el reto económico en el post-coronavirus, habrá que observar si el Frente de Todos decide agrandar su base de sustentación social y política ante las enormes dificultades que se avecinan. Posiblemente Argentina necesite una coalición de gobierno aún más amplia para lidiar con una situación social muy delicada, sin olvidar que está pendiente la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas privados.

En materia internacional, el Ejecutivo llevó a ese ámbito su énfasis en las dimensiones sanitarias, humanitarias y multilaterales por sobre las económicas, securitarias y unilaterales. Vale la pena, en esa dirección, notar el creciente auge del lenguaje de guerra contra el coronavirus que han invocado mandatarios occidentales (e incluso algunos expertos en epidemias). La postura argentina la manifestó Fernández en la cumbre virtual del G-20 (organización actualmente presidida por Arabia Saudita). Y, muy probablemente, insistirá en llevar esa posición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Cabe advertir, sin embargo, que el posicionamiento de Argentina ante el múltiple desafío catalizado por la pandemia global no parece tener aún eco en la región, pues el multilateralismo latinoamericano ha colapsado; en especial, desde 2016 en adelante.

En breve, el fenómeno del coronavirus, con todas sus tragedias y encrucijadas, ha puesto a prueba algunas de las promesas electorales del Frente de Todos. Habrá que ver los resultados de este intento de llevar a la práctica aquello que se enunció: una prueba sin duda ardua para un gobierno en medio de una Argentina devastada.

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Venezuela, la pandemia y la política

Carlos A. Romero

El gobierno de Venezuela, ante el peligro de la propagación del virus en el país, decretó en emergencia la sanidad con una alarma roja y formó una comisión presidencial, coordinada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que está compuesta por varios ministros y especialistas en enfermedades sociales y procesos inmunológicos. El presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela no estaba en peligro, pero que era consciente de que, como según él sucedió en China, le podían «sembrar» el virus, y que este era el producto de una campaña de Estados Unidos para reducir las capacidades de China y de otros países como Venezuela enfrentados «al Imperio». Hasta ahora el gobierno ha reconocido 146 casos de Covid-2019 en el país y cinco fallecidos. Pero en círculos médicos de la oposición se dice que hay ya más casos.

Según expertos mundiales y venezolanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela está muy mal preparada para una eventual propagación masiva del virus, dados el desorden, la mínima capacidad logística, la crisis sanitaria en los hospitales venezolanos y la carencia de equipos para combatir la enfermedad. También contribuye a esta situación el nivel elevado de pobreza, al igual que el tránsito de personas en las fronteras con Colombia y Brasil. Según la OMS, Venezuela, junto con Haití, es un caso muy inestable para contrarrestar el virus.

El gobierno ha tomado medidas, como los controles en la entrada al país. En todos los puestos migratorios hay personal venezolano y de la OMS que toman la temperatura corporal, chequean a los pocos viajeros y toman nota de su estado físico. Venezuela depende de la logística de donaciones y de la OMS. El país está desprotegido por falta de equipos y los insumos de protección escasean.

No obstante, la publicitada acción del gobierno, cuyos resultados son negados por la oposición, ha sido eficaz para mantener el control total del país, en medio de las dificultades ya sobrevenidas en estos meses, como la inflación, la falta de agua y de luz y la escasez de gasolina. El gobierno incluso ha usado la crisis del coronavirus para reducir al mínimo el consumo de gasolina, que está racionada, por turnos y pocas estaciones de servicio; se está mandando agua dos veces a la semana y de forma muy débil y no para todo el mundo; y de paso, hay severos recortes de energía eléctrica.

En este contexto, el ciudadano de a pie ya está sufriendo los rigores de la situación. Poco transporte, suspensión del pago de salarios, efectos sobre los trabajadores no asalariados de la economía informal, desastre hospitalario. Ya se observan brotes de violencia, sobre todo por la falta de comida. En este sentido, los inventarios de alimentos están fijados hasta el mes de mayo de este año y la reposición es muy débil, dado que el gobierno no tiene dinero para aumentar las importaciones y se vive con los inventarios del año pasado, acumulados paradójicamente porque llegó un momento a principios de diciembre en que había más oferta que demanda, en el marco de una polarización de hecho de la economía.

Este cuadro debe mantenerse al menos 15 días más, ya que el gobierno promete que será uno de los primeros países de la región que declarará ganada la lucha contra el virus. Desde luego que en la oposición hay un gran escepticismo y una soterrada campaña para negar la labor sanitaria del gobierno y más bien insinuar que la crisis del coronavirus va a ser el detonante para que el gobierno deba finalmente abandonar el poder o, por lo menos, pactar con la oposición y formar un gobierno de emergencia nacional. Esto es lo que propone el gobierno de Estados Unidos a través de un «Marco democrático para Venezuela», por medio del cual Maduro y Juan Guaidó se retirarían de sus presidencias y darían paso a una junta de gobierno transitoria. Esta propuesta, ya ensayada sin éxito en Libia y en Siria, no fue obviamente bien recibida por el régimen, que volvió a denunciar la injerencia imperialista.

En esta vía, lo que recorre el país por vía electrónica son informaciones de poco peso y declaraciones de líderes de la oposición que ya dan por un hecho que la caída del régimen está por venir, pero hasta ahora la simbiosis político-militar comandada por Maduro y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, parece mantenerse estable.

En medio de esta crisis de salud y sanitaria, el 26 de marzo de 2020 el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, dio un paso adelante en su confrontación con el régimen chavista, al ofrecer una serie de recompensas por la información que lleve al arresto de Maduro y otros altos funcionarios del gobierno por su supuesto papel en el narcotráfico y el terrorismo internacionales. Esta decisión coloca a Venezuela dentro del paradigma antiterrorista estadounidense para Oriente Medio, sin tomar en cuenta que aquí no hay guerra civil, el Ejército no está fracturado y existe un régimen que aún controla la gestión pública. Además, no se dan los factores religiosos y étnicos presentes en esa región.

La mayoría de la oposición respaldo esas medidas y radicalizó su discurso. Así, el encargado de las relaciones internacionales del presidente provisional Guaidó, Julio Borges, dijo en relación con ese tema que esa medida reflejaba una estrategia de avance: ahora resultaría evidente que no solo hay una dictadura en Venezuela, sino que «oficialmente hay un narcoestado».

El gobierno de Donald Trump ha manejado un portafolio variado en contra de Venezuela, que incluye un conjunto de amenazas, sanciones y medidas coercitivas. Las últimas iniciativas pusieron de nuevo en el tapete la cuestión de la transición en el país, y esto lleva a preguntarse si estas medidas se aplican para tratar de fracturar a la coalición dominante que se sostiene en el poder en el país o si son consideradas como el preámbulo para efectuar alguna acción de naturaleza estratégica, sea ya interna o externa, como la promoción de un golpe de Estado, de la guerra civil o de una invasión apoyada por Estados Unidos, o una intervención directa de Washington para llevar adelante la transición.

En cualquiera de los casos, las posibilidades de lograr una salida pacífica, negociada y pactada a la crisis venezolana se reducen considerablemente y de algún modo se plantea un escenario de suma cero. Dios proveerá.

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La errática política de Brasil

Monica Hirst

Brasil será el país en la región con mayor impacto en términos absolutos y relativos de víctimas e infectados por el nuevo coronavirus. Además de los motivos demográficos, las razones se vinculan a los problemas causados por la morosidad, la fragmentación y la persistente confusión transmitida por las autoridades públicas a la población en cuanto a recomendaciones oficiales, de alcance colectivo e individual, para frenar la pandemia. Todas las medidas de prevención del coronavirus han sido parciales, con impacto diferenciado en las diferentes unidades federativas del país. Autoridades municipales y provinciales han actuado a partir de decisiones propias basadas en la disponibilidad de recursos económicos y profesionales. Las medidas de carácter federal se han trabado casi todas en Brasilia, donde los embates entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Ejecutivo –sumadas a la inercia de la burocracia estatal– impiden una acción veloz y responsable que enfrente la llegada y rápida expansión de la pandemia en todo el territorio nacional.

Seguramente Brasil será el país latinoamericano en el cual el coronavirus tendrá mayor impacto político-institucional. La crisis política interna generada por el estilo y el contenido negligente y sanitariamente irresponsable por parte del presidente Jair Bolsonaro ha llevado a rupturas en las principales alianzas de apoyo del gobierno, ya sea en los ámbitos partidarios, estaduales e incluso en el de las Fuerzas Armadas.

Los canales de entendimiento y diálogo entre el Planalto y el Parlamento han pasado de una etapa de estremecimiento y discordias a una de pública ruptura. Las fisuras dentro de la propia base de apoyo del gobierno ganaron importancia a partir de la desavenencia entre el gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, jefe del grupo ruralista en el Parlamento, y el presidente Bolsonaro. El aislamiento político del jefe de Estado ha sido acompañado por la construcción de un cerco de protección por parte de su séquito más fiel. Rotulado en la prensa como el «gabinete del odio», este grupo palaciego está formado por varios ministros y los hijos del presidente. Autoridades ministeriales otrora centrales como Sérgio Moro y Paulo Guedes parecen ya no pertenecer al núcleo duro del bolsonarismo.

Dos puntos son claves para acompañar el proceso: el protagonismo del ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, dispuesto a defender el aislamiento social colectivo hasta que lo saquen de su cargo, y la determinación ya claramente asumida por el mandatario de dar a su gestión presidencial una forma autocrática y militarizada. Las variadas manifestaciones celebrando, el pasado 31 de marzo, del golpe de Estado de 1964 contribuyen a asegurar el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya es fuente de preocupación compartida por analistas y líderes locales que esta forma de gobernar pueda transformarse en una fórmula de funcionamiento acotado del Estado de derecho, justificada por una realidad de cuerpos apilados, caos social y depresión económica.

La actual crisis política conduce a dos universos de caos, marcados por la ineficiencia, la precariedad y la incertidumbre. El primero es el de la salud pública y el segundo, el de la gestión de políticas económicas y de ayuda social, ambos bajo las condiciones de excepcionalidad impuestas por el estado de calamidad oficialmente declarado el 18 de marzo. Doce días después, los números oficiales informaban 165 muertos y 4.561 infectados por el Covid-19 en todo el país, con más de 70% de los casos concentrados en la ciudad de San Pablo (al 2 de abril, los casos ascendían a 7.910 y los muertos a casi 300, según datos de la OMS).

La reacción de diversas unidades de la federación frente a tal realidad ha sido redoblar sus capacidades reactivas y proactivas para lidiar con la veloz expansión del virus en sus regiones. Sin embargo, la parálisis de los sectores productivos y comerciales con consecuencias sociales inmediatas, especialmente para el amplio segmento de la población que vive de la economía informal, genera demandas de necesidades básicas que solo pueden ser atendidas por el fortalecimiento de la provisión del gobierno federal. No obstante, no han sido pocas las trabas burocráticas y la falta de orientación de la administración pública para poner en acción las medidas de alivio que poco a poco se aprueban en el Congreso.

En verdad, no ha sido posible en Brasil construir un consenso sobre la secuencia de prioridades entre el derecho universal a la vida, y por lo tanto la obligación estatal de asegurar las condiciones sanitarias necesarias para garantizar protección en contextos de pandemia, y el funcionamiento de las actividades económicas que generan riqueza y condiciones de sostén de la población. La resistencia de las autoridades económicas a moverse de sus dogmas fiscales para formular políticas de asistencia inmediata al conjunto de la sociedad, con especial atención a sus sectores vulnerables, ha generado críticas aprensivas por parte del establishment económico y sus más reconocidos asesores en cuanto a los costos sociales a corto y mediano plazos de que esta obstinación siga prevaleciendo. El gobierno de Bolsonaro ha descartado taxativamente la opción de suspensión total de la actividad económica nacional (el lockdown) y el presidente viene negando la gravedad de la pandemia. Habrá que vincular la tensión entre prioridades a las percepciones diferenciadas, los intereses y las expectativas generados en los planos interno e internacional. La fuerza del axioma liberal en quienes conducen el Ministerio de Economía se apoya en recetas en las que el combate a la pandemia deberá siempre subordinarse al funcionamiento del mercado.

Desde el prisma regional, Brasil ha sido el país con respuestas más tímidas y erráticas en el movimiento de protección de sus fronteras terrestres y aéreas. El gobierno brasileño retardó hasta el 19 de marzo la determinación de cierre total de las fronteras terrestres con sus vecinos, con la excepción de Uruguay, y mantuvo un control parcial de la llegada de vuelos internacionales al país. Esta forma de proceder subrayó aún más el contraste entre Brasil y los demás países sudamericanos en cuanto a medidas de protección y prevención sanitaria. En este mismo sentido, Brasilia se ha aislado políticamente de la región, mostrando coherencia con su decisión ya tomada en enero del corriente año de retirarse de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Desde el prisma internacional, la reacción presidencial a la pandemia exacerba una lógica ya conocida de las visiones de mundo del gobierno de Bolsonaro aplicadas por su canciller, Ernesto Araújo. Es posible encontrar un hilo de continuidad y coherencia entre las posiciones asumidas de cuestionamiento y descalificación de la agenda medioambiental y cambio climático, de derechos humanos y protección y plena igualdad de género y costumbres sexuales, y ahora de combate global a la pandemia causada por el coronavirus. Visiones del mundo autoritarias, que se distancian de valores y compromisos alineados con la defensa del Estado de derecho, se caracterizan por refutar agendas de gobernanza global apoyadas en respuestas multilaterales. No tomar en cuenta las orientaciones de la OMS para combatir el Covid-19 es parte de esa postura.

Así, la determinación del actual gobierno brasileño de rechazar el aislamiento social colectivo representa la contracara de la opción de su aislamiento político internacional. En el corto plazo, no parece poco probable que el grupo gobernante maneje el cálculo de que la condición de paria internacional sea un mal menor, remediable y hasta necesario para lograr sus objetivos políticos internos.

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La reacción uruguaya

Carlos Luján

El 1º de marzo de 2020 asumió un nuevo gobierno en Uruguay. El problema del coronavirus era un tema de baja prioridad en ese momento. Se trataba de un fenómeno «chino» que se veía como lejano y ajeno.

El gobierno se conformó sobre la base de los cinco partidos políticos que habían apoyado a Luis Lacalle Pou en el balotaje de noviembre de 2019, la llamada «coalición multicolor»: el Partido Nacional (PN, al que pertenece el presidente), el Partido Colorado (PC), el Partido Cabildo Abierto (CA, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos), el Partido Independiente (PI) y el Partido de la Gente (PG). En el total de 30 integrantes de la Cámara de Senadores, solo tres de estos cinco partidos cuentan con representación. Esta coalición va desde la centroderecha hasta la derecha más dura, encabezada por Manini Ríos.

Como en la mayor parte de los países, la llegada del coronavirus ha causado una situación crítica en Uruguay. Respecto a la dimensión procesual de las políticas públicas nacionales e internacionales que el gobierno ha impulsado, es posible señalar que:

- Se han registrado diferencias entre los integrantes de la coalición, principalmente entre el presidente, el secretario de la Presidencia, la ministra de Economía y Finanzas y el ministro del Interior (todos pertenecientes al PN), por un lado, y el ministro de Salud Pública y su líder político el general Manini Ríos (CA), por otro.

- El ministerio de Educación y Cultura fue el primero en reaccionar frente a la pandemia, decretando el cierre temprano de los locales escolares en acuerdo con las autoridades educativas; nótese que, de acuerdo con el ordenamiento constitucional del país, es la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y no el Ministerio el organismo con competencia en materia de educación inicial, primaria, secundaria, técnica y de formación docente. En cuanto al nivel universitario, la Universidad de la República se había anticipado al Ministerio en la cancelación de los cursos presenciales y la adopción de la modalidad en línea.

- El ministro de Relaciones Exteriores (colorado) estuvo concentrado en cuatro líneas de acción: a) el retorno de los uruguayos en el exterior; b) la creación de cordones sanitarios para facilitar la salida de los extranjeros que transitoriamente estaban en Uruguay o en cruceros que habían atracado en los puertos uruguayos; c) el cierre de fronteras con Argentina, primero, y con Brasil, posteriormente; y d) la búsqueda de cooperación internacional para obtener mascarillas, test y respiradores.

- El ministerio de Defensa Nacional estuvo muy cercano a los temas internacionales, sea con la organización de los vuelos de la Fuerza Aérea para la repatriación de uruguayos o con el patrullaje de las fronteras por parte del Ejército. En el plano interno, también estuvo presente en el ámbito sanitario, con el acondicionamiento de camas en las unidades militares y la producción y el suministro de mascarillas por parte del Ejército.

- Los restantes ministerios han estado más centrados en los asuntos propios de sus carteras: el Ministerio de Trabajo manejando el tema de los seguros de paro; el Ministerio de Desarrollo Social, diseñando mecanismos para proteger a la población más vulnerable (por ejemplo, quienes están en situación de calle o en hogares diurnos o nocturnos con hacinamiento); el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha debido ocuparse de la emergencia agropecuaria; el Ministerio de Industria y Obras Públicas ha tenido muy bajo perfil, mientras que el Ministerio de Turismo se ha mostrado preocupado y ocupado con la caída abrupta del turismo, con escaso margen de acción.

En cuanto a las discrepancias internas del gobierno, la principal desavenencia se presentó entre dos posiciones. La primera ha sido favorable a una cuarentena obligatoria, sobre todo después de que la esta medida se implementó en Argentina, priorizando la salud por sobre la actividad económica; en tal sentido, se han visto videos y declaraciones públicas de parte de CA donde se propone posponer los aumentos de las tarifas públicas, atender a los más carenciados que están con severas dificultades económicas, poner un tope de 100.000 pesos uruguayos (unos 2.000 dólares) a los salarios públicos –una medida convalidada por el Ejecutivo y a consideración del Parlamento– y permitir el ejercicio físico de las personas al aire libre como forma de hacer más llevadera la cuarentena voluntaria vigente.

La postura presidencial se basa en la exhortación al distanciamiento social voluntario, la preservación de la salud mediante cuarentena de las personas mayores de 65 años, el incentivo al teletrabajo y la educación a distancia, la prohibición de actos públicos y la restricción de las ferias vecinales a la venta de productos alimenticios. Todo esto es complementado en el plano económico con medidas dirigidas al apoyo de los pequeños empresarios o productores rurales (para quienes se declaró la emergencia agropecuaria), a los trabajadores formales mediante la flexibilización del acceso al seguro de paro y el otorgamiento de un subsidio a los obreros de la construcción luego de que estos se movilizaran en forma rápida y contundente, sin llegar a reunirse públicamente en grandes cantidades pero a punto de hacerlo.

Simultáneamente, Manini Ríos asumió una postura particularmente dura: tuvo una reunión con el presidente y declaró ante los periodistas que el país estaba «en guerra con un enemigo invisible» y que, como en toda guerra, se debía tener unidad de mando el que, en este caso, correspondía al presidente de la República, aclaración por demás innecesaria en nuestro orden constitucional.

Finalmente, la izquierda, organizada mayoritariamente en torno del Frente Amplio (FA), ahora en la oposición, ha asumido un perfil bajo en sus declaraciones públicas, sobre todo por las diferencias que existen en su interior: unos están muy preocupados por una epidemia que el sistema de salud podría no estar preparado para afrontar y que podría colapsar, y otros comparten esta preocupación pero temen los desbordes sociales, como saqueos y la subsecuente represión policial o incluso militar. La izquierda es consciente de su debilitada capacidad en la actualidad para contener un potencial estallido social.

Por otra parte, están los partidos o sectores frentistas más cercanos a las corrientes nacionales-populares, que ven en Argentina el modelo a seguir, y la izquierda más clásica (comunistas y socialistas), que están fuertemente preocupados por los efectos económicos y sociales sobre los más desposeídos. Los sectores más moderados del FA, si bien comparten la preocupación por la salud pública y la caída abrupta de las condiciones de vida de los más vulnerables, apuestan a un apoyo crítico al gobierno, desde un discurso de lealtad institucional que mantenga dentro de lo posible la estabilidad macroeconómica y, en niveles manejables, el desempleo, el déficit fiscal y el endeudamiento público externo.

La central obrera, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), hace suyos los planteos del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de implementar una cuarentena obligatoria con medidas económicas proclives a atender no solo la emergencia sanitaria sino también la social, la cual, en su visión, ya ha llegado a los sectores más pobres y precarizados laboralmente del país. Las entidades gremiales agropecuarias y empresariales también mantienen un bajo perfil y dejan que el gobierno, en el que se sienten plenamente representados, tenga la iniciativa.

Finalmente, retomando la dimensión internacional, en el mediano plazo se puede prever que la cooperación internacional y regional en materia sanitaria será muy poca y muy probablemente provenga de China, más que de los países occidentales. Esto, si la situación se agrava, podría afectar los futuros relacionamientos bilaterales de Uruguay. China, además de ser el principal socio comercial de Uruguay y el motor de las exportaciones uruguayas en lo que queda de 2020, incrementará su soft power si finalmente es el único con capacidad de auxiliar al país en una crisis sanitaria de envergadura como la que hoy atraviesa el mundo.

Este artículo forma parte de la sección Diálogo y Paz, realizada junto con analistas y especialistas para analizar la compleja situación política de América Latina.

*Publicado originalmente em 'NUSO.org - Nueava Sociedade'

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