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El ajuste neoliberal debilitó los hospitales franceses frente al Covid-19

Años de recortes lastran la respuesta ante la epidemia


Do Rebelión, 21 de Março, 2020
Por Antonio Cuesta 
: Prensa Latina


El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en un discurso dirigido a la nación que la pandemia mundial del virus COVID-19 revela que “hay bienes y servicios que deben colocarse fuera de las leyes del mercado”.

En su mensaje televisado del 12 de marzo, el jefe del Estado afirmó que “la salud no tiene precio” y que el gobierno “movilizará todos los medios financieros necesarios para brindar asistencia, cuidar a los enfermos y salvar vidas a cualquier costo”, enfatizó.

Puede resultar tranquilizador que un máximo dirigente se exprese de esa manera en un momento en que la salud de todos los ciudadanos depende del cordón de seguridad que pueda ofrecer el sistema público sanitario para tratar a un número de pacientes que, con toda seguridad, aumentará de forma exponencial en los próximos días.

Sin embargo la fortaleza de los hospitales franceses se encuentra en entredicho tras más de tres décadas de lento desmantelamiento, acosados por medidas de orientación neoliberal, en un momento muy delicado para la salud pública en Francia, donde aún no se decretó la situación de epidemia, pero las medidas adoptadas la declaran en la práctica.

Macron no es el único responsable de esta situación de postración, pero durante la primera mitad de su mandato las demandas de los médicos y del personal sanitario se hicieron oír mediante acciones de protesta, huelgas y manifestaciones, cuyo objetivo era dotar de recursos humanos y materiales a los maltratados hospitales públicos.

El portavoz de la Asociación de Médicos de Urgencias de Francia (AMUF), Christophe Prudhomme, señaló a finales de octubre que “la única forma de superar la crisis en la que se encuentran los hospitales es aumentar el presupuesto”, en una entrevista concedida a Prensa Latina.

Desde 2017 el gobierno francés retiró 12 mil millones de euros del presupuesto en salud, imponiendo una dura política de austeridad al limitar la asignación financiera a los hospitales y que el colectivo de profesionales pidió revertir “con el fin de salir realmente de la lógica de los planes económicos impuestos por varios años y que están en el origen de la crisis actual”.

En ese momento el gobierno se limitó a “negar que el problema fuera la falta de medios, argumentando que las soluciones estaban en una reorganización del sistema”, y ofreció a cambio “un bono de 100 euros al personal de emergencia”, dijo Prudhomme, sin atender a la falta de personal ni de camas en los hospitales.

Ahora con la emergencia impuesta por el COVID-19, los hospitales ya ocupados en la lucha contra el final de la gripe estacional, se encuentran de frente con esta nueva pandemia, originada por un virus que apareció en diciembre en Wuhan (China) y se detectó en Francia el 24 de enero.

Desde entonces los casos de contagio han crecido de forma progresiva, y si bien su índice de mortalidad permanece bajo por el momento, las personas a quienes la enfermedad se declara en forma severa requieren cuidados intensivos durante una o dos semanas para curarse.

El resultado es que cada vez hay más camas ocupadas de manera permanente, al tiempo que continúan llegando nuevos pacientes y el personal de cuidados intensivos de varios hospitales comienza a estar superado por la imparable llegada de personas en estado grave.

Los doctores Justin Breysse y Hugo Huon, ya alertaron el pasado 28 de febrero de “la catastrófica situación en la que se encuentran varios servicios hospitalarios”, y que en caso de epidemia “serán los cuidadores, totalmente dedicados a su tarea, quienes una vez más compensarán las fallas del sistema para proteger a la población de esta nueva amenaza”.

Por supuesto este gradual deterioro no surgió de la noche a la mañana, ya en 1983, durante el primer mandato de Francois Miterrand, se estableció un sistema de recogida de datos con el objetivo declarado de cuantificar y estandarizar la actividad y los recursos de los establecimientos de salud.

Oficialmente se trataba de reducir las desigualdades entre hospitales y de controlar mejor los gastos, en la práctica sirvió para establecer el «objetivo de gasto en salud», estableciendo un límite presupuestario que no debía de ser superado cualesquiera que fueran las necesidades del sistema.

Pocos años después, el primer ministro Alain Juppé, estableció por decretó el importe de esta partida sin pasar por el Parlamento y con el objetivo claramente declarado de “reducir en 100 mil camas en los hospitales franceses, casi un tercio de su capacidad”, según detalló el Instituto de Investigación y Documentación en Economía de la Salud.

Esta normativa provocó entre 2003 y 2016 el cierre de más 60 mil plazas hospitalarias de tiempo completo, la mayor parte en ciudades de tamaño medio o pequeño, al mismo tiempo que la población del país aumentaba, así como la proporción de ancianos, los más vulnerables, y el uso de servicios de urgencia.

Pero la lógica neoliberal endureció aún más su ataque al sistema sanitario, en 2007 el ministro de Sanidad Jean-Francois Mattei presentó un plan para “modernizar la gestión y fomentar la inversión” de los hospitales, que también fue aprobado sin ser debatido en la Asamblea Nacional, y que establecía una tarifa por servicio para medicamentos, obstetricia y cirugía en los hospitales públicos.

De acuerdo a este método de financiación, los establecimientos recibirían un presupuesto en función del número de intervenciones realizadas, sometiendo a los médicos a una mayor presión y a la lógica de la rentabilidad al mercantilizar su tiempo de trabajo, cuantificando monetariamente los resultados.

Además a partir de ese momento las obras de reforma, ampliación o construcción de nuevos edificios se financiarían mediante préstamos concedidos por entidades de crédito a precio de mercado, que deberían ser devueltos por los propios hospitales, lo que provocó con la llegada de la crisis financiera global que la deuda de estos centros se triplicara.

Otra vuelta de tuerca llegó en 2009 de la mano de la ministra Roselyne Bachelot, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, subordinando el comité médico de cada centro a un gerente, cuyos conocimientos no entraban en el campo de la salud sino de la gestión financiera.

Por último, en 2016, siendo presidente Francois Hollande, se aprobó una nueva ley con medidas como la creación de “grupos de hospitales regionales”, lo que significa fusionar hospitales para reducir el número de establecimientos y continuar con la eliminación de camas.

Tras esta larga travesía por el desierto los hospitales franceses se encuentran exhaustos, a pesar de que Macron asegure que “lo que esta pandemia ya revela es que la atención médica gratuita, sin condiciones de ingresos, carrera o profesión, nuestro estado de bienestar no son costos ni cargas, sino bienes preciosos, activos esenciales cuando golpea el destino”.

Incluso los defensores alemanes del presupuesto de déficit cero, incluida la canciller Angela Merkel, creen que esta «regla de oro» ya no es válida en la situación actual.

Habrá que comprobar si estas declaraciones se corresponden con hechos, y las drásticas medidas se aparcan definitivamente, ahora que el COVID-19 ha hecho acto de presencia y no parece que vaya a ser erradicado en mucho tiempo.

Antonio Cuesta. Corresponsal de Prensa Latina en Francia.

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