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EEUU: La economía política de la epidemia de opiáceos

Do Sin Permiso, 07 de Setembro, 2019
Por Sam Pizzigati
 



A finales de este mes de octubre, en Ohio, un jurado comenzará a escuchar pruebas contra los gigantes farmacéuticos que se han fabricado - y se han beneficiado mucho – de la epidemia de opiáceos.

Este juicio en Ohio será la escaramuza legal más importante hasta ahora entre las grandes empresas farmacéuticas y los más de 2.000 estados, localidades y otros reclamantes que han presentado una demanda contra los mayores vendedores de pastillas de Estados Unidos. Las sobredosis de opioides han dejado más de 400.000 muertos desde finales de 1990.

El juez federal que supervisa las demandas consolidadas en contra de las grandes empresas farmacéuticas preferirían que este juicio no tuviera lugar. Le gustaría que las partes llegasen a algún tipo de acuerdo antes del juicio, y el martes pasado hubo la primera señal de movimientos serios de un posible acuerdo. Una filtración a la prensa ha revelado que un acuerdo con Purdue Pharma - la farmaceútica que inició la epidemia de opioides - puede estar a la vista.

Ese acuerdo, según informes de prensa, obligaría a la familia Sackler - el clan detrás de Purdue Pharma – a entregar a los estados y localidades unos 3 mil millones de dólares. Vendrían directamente de la fortuna personal de la familia Sackler. Hasta 9 mil millones le correspoderían a Purdue Pharma como empresa.

Nada de esto, por supuesto, puede finalmente suceder. De hecho, algunos temen que la filtración de la noticia puede echar por tierra las conversaciones y evitar que se alcance un acuerdo. Pero si se alcanza, ¿habría motivo para celebrarlo? ¿O simplemente representa otra forma de evadir la justicia para las grandes empresas norteamericanas?

Los Sacklers tendrá sin duda motivo de celebración. Ganarían tranquilidad - protección contra futuras demandas - a un precio relativamente asequible. En marzo pasado, el Índice de multimillonarios Bloomberg estimó de manera conservadora su fortuna personal y corporativa combinada en 13 mil millones de dólares. El desembolso personal y corporativa previsto en la filtración dejaría a los Sacklers, según Bloomberg, con al menos 1.5 mil millones de dólares en sus carteras de activos personales.

Y - bono especial - ningún Sackler tendría que pasar tiempo en una celda de prisión.

¿Qué hay de los estados y localidades que han presentado la demanda contra Purdue Pharma? ¿Tiene este acuerdo sentido financiero para ellos?

Vale la pena considerar algunas cifras: la campaña actual para tratar la sobredosis de opiáceos y evitar la dependencia de medicamentos recetados, según los Centros federales para el Control de Enfermedades, está costando a los estadounidenses 78,5 mil millones al año. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, en un análisis de las cifras de 2015, sitúa el coste general de la epidemia de opioides en más de 500 mil millones de dólares anuales.

El acuerdo de Purdue Pharma, si va acompañado de acuerdos similares con otras grandes empresas farmacéuticas, podría aumentar de forma importante estos costes. Pero sabemos por el famoso acuerdo con la industria del tabaco en 1998 que el dinero en efectivo de un acuerdo de este tipo no siempre termina donde debería. De los 125 mil millones de dólares que han ido a los estados desde el acuerdo de 1998 del tabaco, sólo el 3 por ciento ha sido destinado a la lucha contra el tabaquismo y a ayudar a las víctimas del tabaco.

El resto ha ido a gastos generales de diversos tipos. En algunos estados, los ingresos por el acuerdo del tabaco podrían incluso estar llenando los agujeros fiscales dejados por los recortes de impuestos para los ricos.

¿Ello hace que el acuerdo filtrado con Purdue Pharma sea poco más que una ilusión? Tal vez no. El acuerdo, según lo informado, puede ofrecer una plantilla para una reestructuración más amplia de las grandes empresas farmacéuticas.

Según el acuerdo, la familia Sackler perdería todas sus participaciones en la propiedad de Purdue Pharma. La compañía se convertiría en una “corporación beneficiaria pública”, dirigida por tres fideicomisarios designados por los tribunales independientes y un nuevo consejo de administración nombrado por esos tres fideicomisarios. Todos los beneficios de las empresas de esta nueva “corporación beneficiaria pública” irían a los demandantes de los distintos casos contra Purdue Pharma.



Este podría ser un modelo interesante. Purdue Pharma, bajo la dirección de representantes independientes del interés público, podría dejar de ser una compañía que gana miles de millones fabricando pastillas peligrosamente adictivas en las comunidades más vulnerables de Estados Unidos.

Imagínese si este enfoque se convirtiese en el modelo para hacer frente a todos los fabricantes de las grandes empresas farmacéuticas de medicamentos, distribuidores y minoristas que tiene responsabilidad en los cientos de miles de muertos por opioides. Las grandes empresas farmacéuticas se convertirían pronto, en efecto, en empresas públicas.

Podríamos fomentar este nuevo espíritu público corporativo legislando controles sobre los bonos e incentivos corporativos que han alimentado la crisis de los opioides. Podríamos, por ejemplo, gravar más a las empresas que pagan a sus altos ejecutivos mucho más que a sus trabajadores que las empresas que pagan a los ejecutivos algo menos y más a sus trabajadores.

En 2018, el CEO de Johnson & Johnson Alex Gorsky ganó 20.1 millones de dólares, 268 veces el sueldo del empleado típico de Johnson & Johnson. A principios de esta semana, un juez en Oklahoma dictaminó que Johnson & Johnson era culpable de corromper a médicos para que prescribieran abusivamente sus medicamentos basados en opioides. Durante los últimos seis años, el CEO contraparte de Gorsky del distribuidor farmaceútico McKesson hizo llegar al mercado 14,1 mil millones de pastillas de opioides en los Estados Unidos. Ese CEO, John Hammergren, se retiró el pasado mes de abril, después de embolsarse cerca de 800 millones de dólares en sus 16 como ejecutivo de McKesson.

Estas recompensas indignantes incentivan comportamientos escandalosos. Al legislar sanciones fiscales para las empresas con grandes diferencias salariales entre sus ejecutivos y sus asalariados, podríamos controlar estos incentivos y ayudar a asegurar que las futuras “corporaciones beneficiarias públicas” sirven al interés público.

Así que manos al asunto. Insistamos no solo en que las grandes corporaciones farmacéuticas paguen. Cambiemos también la estructura salarial de las empresas en Estados Unidos - y cambiemos a las grandes corporaciones farmacéuticas en el proceso.

Sam Pizzigati es miembro asociado del Instituto de Estudios de Políticas y coeditor de Inequality.org. Es el autor de “El caso por un salario máximo” (Polity Press, 2018).Fuente:
https://www.counterpunch.org/2019/09/06/the-political-economy-of-the-opioid-epidemic/Traducción:Enrique García
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