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Francia. La movilización de los chalecos amarillos

En Revista Viento Sur162, El desorden global, 15 de março, 2019
Por León Crémieux



La movilización de los chalecos amarillos continúa desde principios de año y ya hemos superado el segundo mes consecutivo de bloqueos, manifestaciones y de asambleas ciudadanas en localidades o en barrios. Todo esto, a pesar de la desconfianza o la franca hostilidad del movimiento obrero tradicional y de todos los esfuerzos del gobierno Macron para intentar sofocarlo mediante su denigración y criminalización. Esfuerzos que desde noviembre se han traducido en una creciente dinámica de violencia policial y el aumento de las víctimas de esa violencia.

El gobierno, por otra parte, lejos de salir de su crisis, se encuentra social y políticamente aislado, contra la pared, tratando de tomar un poco de aire y de escapar del avispero que le paraliza y le impide continuar con sus reformas liberales.

Ahora bien, en el campo de las clases populares, el problema central continúa siendo el cómo modificar la relación de fuerzas frente a un gobierno parapetado detrás de la policía y una patronal que no abre la boca y contiene el aliento, pero que continúa amasando beneficios. ¿Cómo lograr imponer las reivindicaciones planteadas por los chalecos amarillos, sobre todo la cuestión del poder adquisitivo, es decir, de los salarios, las pensiones, los subsidios y la justicia fiscal?

El apoyo y simpatía hacia los chalecos amarillos continúa siendo mayoritario entre la población, sobre todo entre la gente asalariada, pero no se traduce en movilización de nuevos sectores sociales en las empresas y en los barrios populares. Se trata de sectores que, a pesar de la incorporación a este movimiento de militantes sindicales y asociativos, aunque no en la medida necesaria para reforzar cualitativamente el movimiento de chalecos amarillos, se mantienen en una actitud atentista, como si no tuvieran la respuesta para modificar la relación de fuerzas.

La movilización se mantiene frente a las maniobras del gobierno

Desde hace dos meses, el país vive una crisis latente. El 5 de diciembre, el gobierno, que se encontraba entre la espada y la pared, se vio obligado a anular sin más el incremento del impuesto sobre los carburantes que hizo estallar el movimiento. Pero con esa medida el movimiento no hizo más que reforzarse. Macron realizó un nuevo intento para salir del atasco y el 9 de diciembre anunció una serie de medidas-trampa, ofreciendo a un determinado sector de la gente asalariada que cobraba el SMI la anticipación del incremento de la prima de actividad, al mismo tiempo que suprimía el incremento [realizado en enero de 2018] de la CSG [contribución social generalizada] a las pensiones. Estas medidas, que los medios de comunicación presentaron como una marcha atrás muy importante del gobierno, no fueron recibidas con el mismo entusiasmo por parte de los chalecos amarillos, ni de la gente que cobra el SMI, ni por las y los pensionistas.

En el fondo, las medidas anunciadas no modifican mucho la situación actual del conjunto de las clases populares que, en conjunto, padecen el estancamiento de los salarios y las pensiones frente a una inflación que mantiene una dinámica regular ascendente (1,8% en 2018, previsión equivalente para 2019).

A finales del año pasado, en medio de las fiestas navideñas, la movilización continuó al ralentí, pero desde principios de año ha recuperado su ritmo: más de 100.000 manifestantes el 12 de enero, sobre todo con manifestaciones masivas en las regiones (Burdeos, Toulouse, Bourges, Rouen, Saint-Brieuc, Nantes, Lyon, Marsella, Montpelier, Perpiñan, Pau…). Movilización que se repitió el 19 pasado, con otra tanta gente en las calles de numerosas ciudades.

El miedo de los de arriba y la intensificación de la vía represiva

La evolución de la situación de estas últimas semanas se caracteriza por la voluntad del poder de seguir incrementando la violencia policial en su intento, presente desde inicios de diciembre, de desacreditar el movimiento calificándolo de violento, sedicioso y acusándolo con términos generalmente dirigidos contra los grupos de extrema derecha. Por ejemplo, Benjamin Griveaux, portavoz del gobierno, despliega de forma regular un lenguaje que acusa a los chalecos amarillos de violentos, homófobos, antisemitas y racistas, gente que quieren acabar con la República, asimilándolos a la extrema derecha.

Estos últimos días, ante el incremento de las movilizaciones, Castaner, ministro de Interior, declaró que todas las manifestaciones de los chalecos amarillos que no fueran comunicadas a las autoridades y autorizadas [lo que era el caso en su mayoría] serían declaradas ilegales y quienes realicen las convocatorias o participen en ellas sufrirán las consecuencias. En la práctica, estas declaraciones, acompañadas de arrestos y detenciones masivas, tienen como objetivo atemorizar a la gente. Asistimos así a una criminalización de las movilizaciones de chalecos amarillos similar a la que se dio con la movilización juvenil de los barrios populares en 2005. Y hacia delante se ha puesto en pie todo un dispositivo judicial por parte del Ministerio de Interior que permite proceder a arrestos preventivos, a acusaciones por desorden público, por concentraciones para altercados violentos, etc. Las autoridades administrativas, sobre todo los prefectos [representantes del Estado en el departamento], cuentan desde 2018 con prerrogativas exorbitantes para restringir las libertades públicas; prerrogativas heredadas de la legislación antiterrorista y que son fruto de haber integrado en el Código Penal disposiciones correspondientes al estado de excepción.

A estas limitaciones de los derechos democráticos se añade el aumento sistemático de la violencia policial, violencia directamente orquestada por la jerarquía. En lo que respecta al poder, esta violencia se corresponde con el miedo hacia el movimiento, a las movilizaciones populares, y su objetivo es sofocarlas, acabar con ellas mediante el empleo puro y duro de la fuerza. El 8 de enero, Luc Ferry, exministro de Sarkozy, realizó un llamamiento claro a responder con fuego real a los chalecos amarillos: “Basta ya de estos esbirros de extrema derecha y extrema izquierda o de los barrios populares que vienen a agredir policías. (…) Tenemos el cuarto ejército del planeta, que es capaz de poner fin a estos actos indignos”. Declaraciones que apenas fueron puestas en cuestión en el ámbito político. Luc Ferry realizó estas declaraciones al día siguiente del Acto 8 [5 de enero] en el que un grupo de manifestantes, víctima de granadas lacrimógenas y de pelotas de goma, fuera machacado por la policía en el suelo. En respuesta a ello, el exboxeador Christophe Dettinger se lio a puñetazos con la policía. El vídeo que grabó la escena se convirtió en viral y los mensajes de apoyo para Dettinger, que fue detenido, se multiplicaron. En pocas horas se organizó un colecta de fondos por internet que recaudó más de 100.000 euros en pocas horas, antes de que fuera cerrado por orden gubernamental.

Así pues, ante la popularidad que no decae de los chalecos amarillos y la pérdida de legitimidad del poder y sus esbirros, los poderosos albergan un miedo real.

Otro vector de esta violencia es la progresiva escalada represiva que vive Francia desde hace más de 10 años, con la aplicación de lo que se conoce como mantenimiento del orden a la francesa, una doctrina basada en arrestos sistemáticos, antes y durante las manifestaciones, en ausencia total de cualquier intento de diálogo y de desescalada de los conflictos, así como en la utilización de armas no-letales, también denominadas de capacidad intermedia: las LBD40, fusiles lanzapelotas. Estas armas provocan lesiones graves y pueden ser letales.

A pesar de las declaraciones del Ministerio [que afirma que son defensivas], se utilizan sistemáticamente apuntando a la cabeza de las y los manifestantes. Junto al Estado español, Grecia y Polonia, Francia es uno de los raros países de Europa en el que el uso de esta arma está autorizada para repeler las manifestaciones. Otra arma, la GLI F4, granadas lacrimógenas y ensordecedoras, denominadas de dispersión, que en teoría solo se utilizan en caso de urgencia o riesgo para la policía, en la práctica, al igual que las LBD, son utilizadas de forma regular. Hay que señalar que estas granadas contienen 25 gramos de TNT y que generan una fuerte sensación de ahogo cuando explotan. Se utilizaron a mansalva para expulsar a quienes ocupaban Notre Dame des Landes en abril de 2018. La utilización de las GLI F4 en las manifestaciones está prohibida en todo Europa…, salvo en Francia.

Ante los medios de comunicación, el gobierno oculta y niega sistemáticamente el problema de la violencia policial contra los chalecos amarillos. Sin embargo, un informe del 14 de diciembre de Amnistía Internacional ya denunció la actividad de la policía contra los chalecos amarillos sin que los media se hicieran eco del mismo. Este muro de silencio fue quebrado a principios de enero por la investigación del periodista freelance David Dufresne: 94 heridos graves, de los cuales 69 por tiros; 14 manifestantes que han perdido un ojo, además de mejillas destrozadas, un manifestante con la mano amputada por una granada [en Burdeos, 8/12/2018]… Estos últimos días, la cuestión policial se está convirtiendo en un problema político.

Ahora bien, dado que esta brutalidad policial no responde a abusos aislados en el ejercicio de su función por parte de la policía especializada en el mantenimiento del orden (CRS y gendarmería), sino a órdenes directamente emanadas del ejecutivo, cuenta con el apoyo firme del gobierno.

Como en otros países, las fuerzas policiales, en general, tienen las manos libres y el derecho a la impunidad. En Francia, desde los atentados de 2015, el gobierno y los media las han enaltecido como protectoras de la República. Por el momento, el gobierno no quiere hablar de la violencia policial. Christophe Castaner, ministro de Interior, acaba de manifestar que “jamás he visto a un miembro de las fuerzas del orden atacar a un manifestante”.

El debate nacional

Por otra parte, el gobierno acaba de lanzar el Gran debate nacional sobre cuatro temas: fiscalidad y gasto público; organización de servicios públicos; transición ecológica; y democracia y ciudadanía. Un debate que va a durar dos meses, totalmente acotado por el gobierno, y al que no solo están invitados los chalecos amarillos sino también todos los cuerpos intermedios: partidos y sindicatos, fundamentalmente. En el campo sindical, solo la CGT y Solidaires rechazaron entrar en esta mascarada de debate democrático.

Antes de que comenzase, Emmanuel Macron hizo pública una extensa carta en la que definía los límites del debate: 35 cuestiones a las que se deberían encontrar soluciones…, sin plantear ninguna respuesta a las exigencias precisas de los chalecos amarillos e intentando desviar el debate hacia el tema de la inmigración o de la reducción de medios para los servicios públicos, que plantea como necesaria debido a la disminución de la recaudación fiscal que conlleva atender las exigencias de los chalecos amarillos.

Con el fin de darle un barniz de imparcialidad, este debate tenía que estar gestionado por una instancia independiente del gobierno: la Comisión Nacional para el Debate Público, pero su presidenta, Chantal Jouanno, exministra con Sarkozy, rechazó el encargo. Resultado: es el gobierno quien va a gestionarlo directamente.

Cuando concluya este debate, que debería ser hacia el 15 de marzo, el gobierno se hará cargo de las medidas que respondan a las cuestiones planteadas en los cuadernos de quejas. Las reuniones las tienen que organizar los alcaldes o las asociaciones. Su objetivo es mostrar que Macron y su gobierno responden a los chalecos amarillos, a su exigencia de democracia, y prestan atención a sus exigencias en los distintos ámbitos. Pero, de partida, Macron ya ha dejado claro que no cambiará de política…, y que tampoco dará marcha atrás en las medidas que ha adoptado desde el inicio de su presidencia, en mayo de 2017, como son la supresión del ISF [impuesto sobre fortunas] o la perpetuación del CICE [dinero gratis para la patronal].

Y para que las cosas queden claras, es Macron quien de forma directa dirige el debate mediante dos reuniones realizadas la semana del 14 de enero en dos pequeñas localidades (Eure y Lot) en las que participaron 600 alcaldes en cada una. Ambas se llevaron a cabo en salas totalmente bunkerizadas, sellando un perímetro de 30 km a la redonda, como ocurre durante las cumbres internacionales. Esta es la tónica de los desplazamientos de Macron durante estos últimos días, como lo fue su visita a Toulouse, para evitar cualquier incursión de manifestantes en esa área.

Así pues, Macron, que ante los medios de comunicación se presenta como el animador de este debate, rehúye cualquier contacto con quienes lo han provocado. Frente a ello, numerosas asambleas y manifestaciones de chalecos amarillos han puesto de manifiesto su rechazo a formar parte de este debate sin debate.

Ahora bien, en la dinámica del movimiento y aprovechando la existencia de estos dos meses de debate, cientos de asambleas de chalecos amarillos se vienen reuniendo desde hace semanas, con formatos muy diferentes, para concretar sus exigencias y discutir sobre las formas de acción. Desde principios de enero se ha operado un cambio fundamental. La presencia de militantes de la izquierda radical y sindicalistas en estas asambleas es más numerosa; se encuentran más a gusto y participan de forma regular en la definición de sus actividades. Y, al mismo tiempo que su estructuración, se va concretando el cuaderno de reivindicaciones. El 26 de enero [ver recuadro al final] tendrá lugar un encuentro nacional de chalecos amarillos en Commercy (Lorena, noreste del país) organizado por su asamblea local, que al inicio de la movilización hizo público un comunicado rechazando los representantes regionales o nacionales autoproclamados de chalecos amarillos y animó a poner en pie asambleas populares democráticas a nivel local. Esta asamblea de Commercy convocó hace unas semanas este encuentro nacional con el objetivo de fortalecer el movimiento y poner en el punto de mira a los verdaderos obstáculos para que se cumplan las exigencias de los chalecos amarillos: “Las 500 personas más ricas de Francia han multiplicado por tres su fortuna desde la crisis financiera de 2008, alcanzando ¡650.000 millones de euros! Los regalos fiscales y sociales otorgados a las más grandes empresas suman también varios cientos de miles de millones cada año”. El objetivo de esta reunión es también la puesta en común de los cuadernos de reivindicaciones, de los cuadernos de quejas, sin pasar por el filtro del gran debate organizado por Macron, así como dar una dimensión nacional a las demandas de los chalecos amarillos.

En estos momentos es imposible conocer cuál será la representatividad de esta reunión, pero por el momento la convocatoria ha tenido una buena acogida en muchas asambleas que han discutido tanto el cuaderno de reivindicaciones como la delegación.

En todo caso, en la etapa actual, lo que es evidente es la persistencia de la movilización, la coherencia de la actividad de los chalecos amarillos, el fracaso de los intentos de la extrema derecha de influir en sus reivindicaciones y el fracaso del gobierno en sus intentos por romper el movimiento o manipular pretendidos portavoces. Ha mejorado la confluencia con los sectores radicales, como lo demuestra, por ejemplo, la acción común CGT/chalecos amarillos organizada en Burdeos el sábado 19 por la CGT de Ford, con Philippe Poutou, y los chalecos amarillos del Norte de la Gironda; acción para oponerse al cierre de la fábrica de Ford en Blanquedort.

En la misma línea, el sindicato Solidaires llama explícitamente a participar activamente en el movimiento, animando a sus militantes a comprometerse en las acciones e incorporarse en los grupos de chalecos amarillos. Por lo que respecta a la CGT, las cosas no son tan evidentes. Numerosos militantes de este sindicato están presentes en las actividades en torno a las rotondas y con los chalecos amarillos y, sobre todo, en estos momentos, muchas estructuras (locales, departamentales) se han vinculado a los chalecos amarillos mediante la distribución de hojas, llamamientos a manifestarse juntos con plataformas comunes, etc. Pero todo ello no evita la tibieza y la desconfianza de la dirección de la CGT, que continúa planteando iniciativas de forma paralela a las de los chalecos amarillos. En lo que respecta a FO, FSU, CFDT y UNSA, o bien se muestran distantes o bien hostiles.

En todo caso, para los sectores radicales y anticapitalistas hay dos tareas que predominan sobre todo lo demás: sumarse, reforzar y extender la actividad de los chalecos amarillos, su movimiento y sus estructuras y, en paralelo, intervenir con todas sus fuerzas por activar el movimiento entre la gente asalariada en los centros de trabajo en base a las reivindicaciones planteadas por los chalecos amarillos en relación a los salarios, las pensiones, el incremento del SMI, la indexación al IPC de los salarios, pensiones y subsidios, así como plantear con ellos el problema de la injusticia fiscal y exigir el fin de los impuestos indirectos.

Porque, hay que reconocerlo, las fuerzas del movimiento obrero están paradas, y es necesario avanzar hacia la movilización general contra Macron, hacer que las fuerzas militantes sintonicen con los chalecos amarillos y actúen también para que los sectores profesionales entren en huelga al lado de ellos.

Por otra parte, resulta sorprendente ver hasta qué punto los chalecos amarillos ponen al desnudo a los partidos políticos. La derecha clásica, Los Republicanos (LR), se ha visto totalmente desestabilizada por el movimiento. Tras haber intentado cabalgarlo durante las primeras manifestaciones, con Wauquiez (secretario general) poniéndose un chaleco amarillo, cuando Macron activó la lógica de Estado y la represión, LR no dijo ni mu; incluso manifestó que Macron se mostraba muy indulgente frente a los alborotadores. Al cabo de dos meses, este partido ha perdido toda la credibilidad. Además, todos los esfuerzos políticos de Macron a lo largo de las últimas semanas van dirigidos a cortarle la hierba bajo los pies a LR y ganar un poco de espacio para aparecer como una alternativa creíble ante la derecha clásica. Por ello, no solo la represión policial, el mantenimiento del orden, sino también las declaraciones del gobierno sobre la suspensión de los subsidios familiares para familias con hijos delincuentes, o la denuncia de las personas asistidas a la hora de hablar de los subsidios sociales mínimos, están orientadas a mostrarse como el mejor presidente para la derecha. Además, que Alain Juppé [líder histórico de la derecha] se haya alineado con Macron reduce aún más el espacio de LR que, sin embargo, continúa siendo el principal peligro entre los partidos tradicionales, ya que la izquierda socialdemócrata y ecologista es totalmente inaudible e incapaz de apoyar un movimiento que pone directamente en cuestión las políticas de austeridad que han apoyado desde siempre.

Por su parte, Jean Luc Mélenchon, tratando de mostrarse como la prolongación política y casi como portavoz de los chalecos amarillos, ha acumulado un doble rechazo: el de los chalecos amarillos a ser instrumentalizados de esa manera y también la desconfianza de una parte de las y los militantes de izquierda hacia los chalecos amarillos. De ese modo, de forma paradójica, pierde peso como la mejor oposición frente a Macron en el momento en que el movimiento real se enfrenta al régimen. Además, la crisis interna que atraviesa France Insoumise le hace consumirse lentamente. Por último, la izquierda radical, especialmente el NPA, está ganando en simpatía y credibilidad por una actitud política más respetuosa hacia el movimiento, realizando propuestas para los debates, pero sigue siendo marginal más allá de la gran popularidad individual de Olivier Besancenot.

El problema fundamental de Macron es que no logra restablecer una relación de fuerzas favorable para él, sobre todo para avanzar con sus dos próximas reformas de envergadura: la de las pensiones, con una reconversión total del sistema, la unificación de regímenes y la introducción de una pensión por puntos, y la reforma de la función pública que prevé la supresión de 120.000 puestos de trabajo, y la contratación de personal no funcionario. Las dos reformas estaban previstas para el primer semestre de 2019. Ahora mismo, ponerlas en marcha significaría echar leña al fuego que se intenta apagar.

A su vez, la iniciativa del Gran debate nacional se puede convertir en un temible boomerang cuando a principio de marzo se haga evidente el abismo existente entre las aspiraciones populares y la persistencia de su rigidez liberal. Más aún cuando la prensa económica le pide de forma clara que no adopte ninguna medida demagógica que perjudique los beneficios de las empresas. Todo ello pone de relieve la importancia de los retos que tenemos por delante.

Por último, aun cuando no tenga un peso real en el movimiento de chalecos amarillos que plantea un aumento de los salarios y el reparto de las riquezas, el Frente Nacional (ahora Rassemblement National) aparece como el partido destinado a recoger los frutos de esta crisis política en las próximas elecciones europeas.

Léon Crémieux es militante del NPA

20/01/2019

Traducción: viento sur

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