Do Resumen Latinoamericano/Mapuexpress, 21 de Fevereiro, 2017
Se acompaña a continuación, declaración pública desde Panguipulli frente a la formalización que pretende realizar la Fiscalía frente a un legítimo ejercicio de derecho realizado por 10 dirigentes sociales y comunitarios del territorio en la zona de Tranguil; y de paso a tres comunicadores sociales ejercer el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de los pueblos originarios.
Comunicado Público por los 13 de Reyehueico:
Contra la criminalización por ejercer nuestros derechos
Ante la formalización que se realizará el 23 de febrero del 2017 a las 9:00 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Panguipulli, causa desórdenes públicos del articulo 269 del Código Penal cuyo RUC es 1600726260-8 presentada por el Teniente Francisco Sanchez Jefe de la Tenencia de Liquiñe, las organizaciones abajo firmantes quieren indicar a la opinión publica local, regional, nacional e internacional:
Que esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de contención de la justa defensa territorial que llevan comunidades y organizaciones mapuches y socioambientales ante la arremetida empresarial-estatal de implementar 8 proyectos de minicentrales hidroeléctricas en la comuna de Panguipulli, de un total de 147 concesiones de derechos de agua para uso hidroeléctrico.
Clarificar que las organizaciones y comunidades desarrollaron acciones administrativas frente a las agencias ambientales del Estado para denunciar la ilegalidad de la construcción de la central Tranguil de RP Global, teniendo nula respuesta por parte de estos organismos. Ante esta situación, las organizaciones y comunidades se ven en la obligación para hacer cumplir la ley, de realizar una acción de ejercicio de derechos para llamar la atención a las autoridades competentes, a que cumplan con la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el Estado de derecho.
El ejercicio de derechos consistió en convocar a las autoridades de la gobernación regional para denunciar las omisiones y faltas a la ley de la empresa y los organismos ambientales competentes; mediante una movilización en la ruta CH 201 en el cruce reyehueico a 8 kilómetros de Liquiñe, el primero de agosto de 2016.Esta acción fue pacifica, a rostro descubierto y desarrollada responsablemente por los representantes jurídicos de las comunidades y organizaciones mapuches y socioambientales de la comunidad de Panguipulli.
Queremos aclarar que en el marco de la manifestación, el Parlamento de Coz-Coz a través de su werken Jorge Weke, mediante contacto telefónico a primera hora (8:00 am), informó al Gobernador(s) Cristian Castro de la necesidad que se hicieran presentes la Gobernadora Patricia Morano, el director de la DGA y el Superintendente de medioambiente, en el lugar para dialogar y oficiar acciones que permitieran detener la obra de construcción de la central RP Global dentro de la propiedad de la familia Quilenpan y la comunidad Newen Tranguil.Cabe destacar que dentro del ordenamiento institucional del Estado, son las Gobernaciones provinciales las encargadas de velar por la seguridad publica y el orden interno; por lo tanto las acciones de las instituciones policiales están supeditadas al mando de la Gobernadora provincial.
Frente a la denuncia presentada por el teniente Francisco Sanchez, queremos indicar que fuimos testigos de como Rubén Collío le explicó los alcances de este ejercicio de derecho que consistía en denunciar las ilegalidades realizadas por RP Global y los organismos ambientales pertinentes. En todo momento las acciones realizadas por las personas investigadas fueron pacíficas y solo fueron alteradas por la presencia y prepotencia policial que intentó en dos oportunidades, una al mando del teniente Sanchez y otra al mando del Mayor y Comisario de la quinta comisaría de carabineros, Iván Echeverría impedir la denuncia de estas ilegalidades ante la opinión pública y las autoridades del gobierno regional. En ambas oportunidades se les indicó que se estaba en conversaciones y negociaciones con la Gobernadora Patricia Morano y se le indicó a los oficiales mencionados que llamarán a esta autoridad para confirmar tal proceso de negociación. Se les indicó que este era un problema político ambiental y no de carácter policial ni delincuencial, haciendo hincapié que se estaban vulnerando las leyes de la república. A pesar de esto, Carabineros al mando del Mayor Echeverría, incita a los conductores a avanzar sobre mujeres y dirigentes que se encontraban en el lugar.
Queremos indicar que el actuar del Tte. Francisco Sanchez frente a las comunidades del territorio no ha sido imparcial debido a los siguientes antecedentes:
– Estuvo a cargo del operativo de desalojo de Trafun en mayo de 2016 en donde se corta el rewe de la pampa de nguillatun de Trafun por parte de trabajadores del fundo, haciendo notable abandono de deberes al no impedir una grave transgresión al convenio 169 de la OIT que protege los espacios ceremoniales de los pueblos originarios.
– Actuar prepotente en operativo policial en cruce reyehueico el 1° de agosto de 2016 donde se efectúa violencia física innecesaria y realiza controles de identidad arbitrarios a representantes de medios de comunicación y desarrolla un proceso inadecuado de control de identidad a quienes se estaban manifestando en la ruta.
-Es la primera personas que llega al operativo policial por la muerte de Macarena Valdes el 22 de Agosto de 2016, y existen varios testigos, y sin embargo su firma no aparece en el parte policial. Es más día siguiente en la propiedad habitada por la familia Collio-Valdes, en el marco de una situación de luto para esta familia y en ausencia del doliente; dirige el primer operativo de apoyo para la instalación de cambio de cables, dando instrucciones a los operarios de una empresa contratista de SAESA.
Manifestamos nuestro apoyo al werken Ruben Collío, que fue nombrado en ese cargo, por las comunidades afectadas, frente a las situaciones de represión policial y hostigamiento jurídico e institucional que le han impactado directamente en el ámbito personal y familiar. Esto se contrapone con los intentos de la fiscalía de no perseverar en las diligencias para clarificar la muerte en extrañas circunstancias de Macarena Valdés, compañera del werken Ruben Collío y madre de 4 niños; situación que afecta gravemente el acceso igualitario ante la justicia. Al mismo tiempo se establece una estrategia de criminalización que afecta a 10 dirigentes de la comuna y tres comunicadores sociales, que serán formalizados este jueves 23 de febrero, a las 9 de la mañana, en el juzgado de garantía de Panguipulli; ante un acto legitimo de ejercicio de derechos para que se cumplan las leyes ambientales y el convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado de Chile.
¡Por la defensa de nuestros ríos, lagos y territorio;
a parar la criminalización por exigir nuestros derechos!
Coordinación Newen Tranguil
Parlamento de Koz Koz
Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli
Comunidad Inalafken de Lago Neltume
Comunidad Vicente Reinahuel
Comunidad Juan Painepe 2
Radio Wallon
Puelche Comunicaciones
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