Do Adital, 3 de março, 2016
Por Paulo Emanuel Lopes
En su más reciente informe, "La criminalización de defensores de derechoshumanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de América Latina arroja luz sobre una importante cuestión social en el continente. La criminalización de los defensores estaría ocurriendo como estrategia económica de grandes conglomerados internacionales. Entre los casos denunciados se destacan los conflictos suscitados por las empresas de extracción de materias primas.
"Criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces y fiscales de América Latina no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos”, se afirma desde el Observatorio.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). El informe contó también con la colaboración de otras organizaciones, como Justicia Global (Brasil), Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y CMDPDH (Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos), entre otras.
La persecución de las grandes empresas mineras
Los relatos de persecuciones, en los que están involucrados grandes proyectos mineros de América Latina, se destacan en el informe. Los defensores de derechos humanos luchan por el derecho a la tierra de comunidades ya vulnerables, como las naciones indígenas, afrodescendientes, rurales, campesinas, despertando la persecución de parte de esas empresas, interesadas en sus subsuelos llenos de riquezas minerales.
Una cuestión positiva es que gracias a esos defensores se visibilizan las violaciones de derechos orquestadas por las empresas. Y no se trata sólo de la cuestión del respeto a la propiedad, sino también de la protección del medio ambiente, de las fuentes de agua y de los derechos laborales, entre otros.
La aplicación indebida del derecho penal contra esos defensores también estaría contribuyendo a la desestructuración de sus movimientos. Además, serían las propias empresas las que, en la mayoría de los casos, inician procesos judiciales contra los defensores, lo que puede considerarse una afrenta al derecho a la libre manifestación y a protestar pacíficamente, se denuncia en el informe.
Vea el video "Criminalización de defensores de derechos humanos y del medio ambiente - América Latina”, produzido por FIDH:
La imparcialidad cuestionable del Poder Judicial
Otra grave denuncia que se ha hecho pública se refiere a una probable falta de "independencia e imparcialidad” del Poder Judicial en los países analizados. El informe llama la atención sobre la participación del Ministerio Público (MP), órgano que tiene el poder de iniciar una demanda judicial, también en la persecución de defensores.
Según el informe, entre las actitudes cuestionables promovidas por el MP, se incluyen solicitudes indebidas de detención preventiva y persecución contra algunos defensores, específicamente.
"Esto es extremadamente grave en la medida en que se violan las garantías mínimas del debido proceso, así como el derecho a la libertad personal. Asimismo, si bien los jueces no siempre condenan a los defensores y defensoras, casi sistemáticamente acceden a las solicitudes de medidas cautelares tales como la detención preventiva”, aclaran en un comunicado a la prensa las organizaciones responsables del documento.
"El Observatorio insta a los poderes judiciales de los países mencionados a no ser cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad entre las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos”, finalizan las organizaciones.
Paulo Emanuel LopesColabora con ADITAL.
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