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Por qué una garantía de trabajo es una broma de mal gusto para el precariado y la libertad

Do Sin Permiso, 16 de Setembro, 2018
Por Guy Standing 1


De vez en cuando, se da un repunte de la popularidad de aquellas tesis que abogan por una garantía de trabajo para todo el mundo, o al menos para toda persona ‘capaz de trabajar’. Eso está ocurriendo de nuevo, ésta vez impulsado por un puñado de políticos y científicos sociales que se posicionan en el centro-izquierda, como social-demócratas. En los Estados Unidos, varios senadores demócratas prominentes y posibles candidatos para la siguiente elección presidencial han manifestado que apoyan la idea, incluyendo Bernie Sanders, Cory Booker, Elisabeth Warren, Kamala Harris y Kirsten Gillibrand. En el diario británico The Guardian se ha respaldado inequívocamente la idea cualificándola como ‘un bienvenido regreso a la política del trabajo’, sumándose así a las simpatías expresadas también por Lord Layard, el ‘Zar de la felicidad’ de Blair.

The Guardian defendió que una política de garantía del trabajo ‘aseguraría el derecho humano básico de participar en un empleo productivo’. A lo largo de la historia, la gran mayoría de gente hubiera encontrado éste como un ‘derecho humano’ muy extraño. Tener un trabajo implica estar en una situación de subordinación, informar y obedecer a un jefe a cambio del pago de una suma de dinero. En efecto, históricamente las palabras ‘trabajo’, ‘puesto de trabajo’ y ‘trabajador’ fueron términos de arrepentimiento e incluso lástima, en referencia a alguien con una existencia precaria. La subordinación y la alienación también han formado parte del núcleo del derecho laboral, que se basa en un modelo de amo y sirviente.

Dicho periódico añadió que una garantía de trabajo ‘sólo ofrecería aquél empleo que el sector privado no proporcione suficientemente’, destacando entre ellos la ‘limpieza ambiental’ y la ‘atención social’. Estos ámbitos de trabajo pueden parecer seductores sobre el papel, pero representan una gama estrecha y poco atractiva de empleos a ofrecer. También tienen más de un parecido pasajero con los trabajos que se obligaba a realizar a los convictos bajo los programas de ‘trabajo comunitario’.

Las objeciones prácticas a este sistema se vuelven obvias en cuanto se consideran los detalles: ¿qué puestos de trabajo, quién sería el responsable de proporcionarlos, quienes serían elegibles para conseguirlos cuánto se pagaría al trabajador y por cuántas horas y cuáles serían los efectos sobre otros trabajadores y sobre la economía en general?

Para empezar, identificar los puestos de trabajo a ofrecer y administrar todo el proceso sería una pesadilla burocrática (véase por ejemplo, el fracaso ruinoso de muchos programas de ‘trabajo comunitario’ aunque sean a pequeña escala y el trabajo que ofrezcan sea ‘gratis’). Además, cuando se les pregunta qué tipo de trabajo se garantizaría, los partidarios de dicha medida nunca sugieren que los trabajos garantizados coincidan con las habilidades y cualificaciones de los beneficiados, recurriendo así a puestos de trabajo poco cualificados y con un salario bajo que nunca desearían que sus hijos ocuparan.

Entonces surgen otras preguntas. Si el trabajo garantizado está proporcionando los servicios y bienes deseados, y son subsidiados, debe haber efectos de substitución –al garantizar los puestos de trabajo ahora ocupados por otros- y de pérdida irrecuperable de eficiencia –por asignar a gente puestos de trabajo que se habrían creado de todos modos-. Si a alguien se le asigna un puesto de trabajo garantizado cobrando el salario mínimo, ¿qué pasa con aquellos que ya están haciendo dicho trabajo? ¿Garantizaría la agencia de garantía del trabajo también sus puestos de trabajo sin una caída en su salario si éste estuviera por encima del mínimo? Si se ofreciera a todos los desempleados un puesto de trabajo subvencionado por el Estado y cobrando el salario mínimo, se incrementaría la vulnerabilidad de los otros trabajadores ya sea desplazándolos o bajando sus ingresos.

Ro Khana, una congresista demócrata por California, ha dicho que las empresas no tendrían permitido contratar a trabajadores subsidiados si ésos fueran a sustituir a antiguos empleados no subsidiados. Algunos empresarios avispados podrían encontrar maneras para eludir dicha prohibición. Sin embargo, la prohibición también sería injusta. ¿Por qué debería una empresa que es nueva en el mercado ser subvencionada en relación a otra que ya lleva en el mercado un tiempo, dando a la primera una ventaja injusta?

The Guardian alegó además, sin citar ninguna evidencia, que un programa de garantía de trabajo no sería inflacionario porque ‘cualquier reestructuración de los salarios relativos sería un evento aislado’. Esto contradice generaciones de investigación. Si a todo el mundo se le garantizara un trabajo, ¿qué detendría la inflación de presión salarial? Los únicos factores restrictivos serían el miedo a la automatización y una mayor deslocalización. Pero difícilmente se podría hablar de miedo, ¡ya que el trabajo estaría garantizado de todos modos!

El costo bruto de la garantía de trabajo podría sobrepasar el beneficio neto. Si el gobierno garantizara el salario mínimo para aquellos puestos de trabajo garantizados, aquellos que ocupen empleos con un salario inferior al mínimo (o que trabajen menos horas de las que se garantizaran) podrían dejar sus empleos o encontrar la forma de ser despedidos, de manera que puedan conseguir un trabajo garantizado en su lugar. A los social-demócratas les podría gustar esta dinámica ya que implicaría empleos mejor pagados para los desempleados y el precariado. Pero su coste fiscal sería desalentador. Por ejemplo, en el Reino Unido, más del 60% de aquellos considerados como pobres ocupan empleos o tienen a alguien en su unidad familiar que lo ocupa. En los Estados Unidos, la situación es igual de mala. Se estima que cerca de la mitad de sus 148 millones de trabajadores cobran menos de 15$ por hora. ¿Serían todos estos trabajadores elegibles para un buen puesto de trabajo garantizado?

En el mejor de los casos, una garantía de trabajo seria paternalista. Asume que el gobierno sabe qué es lo mejor para los individuos, a quienes se les ofrecería un abanico necesariamente limitado de empleos a su disposición. Supongamos que alguien fue presionado para tomar un empleo garantizado en la construcción (un sector favorecido para el trabajo garantizado) y que esa persona demostró ser incompetente para el puesto y se lesionó. ¿Sería entonces la agencia pública del trabajo garantizado responsabilizada por los hechos y forzada a pagar alguna indemnización? Debería ser así, pues esa agencia fue quien puso a dicha persona en esa posición. ¿Cómo se podrían tener en cuenta esas situaciones en el cálculo de los costos de un programa de garantía del trabajo? De forma similar, ¿si una persona asignada a un empleo en la ‘atención social’ fuera negligente y causara daño o angustia al receptor de sus cuidados, sería este último capaz de demandar a la agencia pública del trabajo garantizado para obtener una compensación?

Además, un programa de garantía del trabajo activaría una trampa que ya puede resultar familiar y que está relacionada con la distinción entre aquellos que ‘pueden trabajar’ y que por tanto son elegibles para un empleo garantizado y aquellos que ‘no pueden trabajar’. En el Reino Unido, esa distinción ha llevado a denigrar y estigmatizar las pruebas de ‘capacidad de trabajar’ y ‘disponibilidad para trabajar’, resultando en una acción discriminatoria contra colectivos de personas vulnerables, con diversidad funcional y aquellos con responsabilidades relacionadas con el cuidado de los demás.

Otro fracaso de la opción de la garantía del trabajo es su trazado de un camino hacia el ‘workfare’[1]. ¿Qué le ocurriría a alguien que haya declinado una oferta de empleo garantizado? Serían tratados como ‘vagos’ o ‘melindrosos’ y por tanto, ‘desagradecidos’ y ‘socialmente irresponsables’. Sin embargo, hay muchas razones para rechazar un empleo. Diversos estudios muestran como el hecho de aceptar un empleo por debajo de las capacidades y cualificaciones de una persona puede rebajar sus ingresos y su estatus social en el largo plazo. Como atestigua lo que está sucediendo con el sistema de beneficios sociales del Reino Unido, quienes no acepten empleos que se les asignen tendrán que hacer frente a sanciones en los beneficios que perciban y serán trasladados igualmente a los puestos de trabajo que se les hayan asignado, les guste o no. Es muy improbable que trabajos que se realicen bajo el resentimiento o bajo situaciones de estrés se hagan bien.

Una garantía del trabajo sería una fórmula ideal para perpetuar la baja productividad. ¿Qué pasaría si una persona con un empleo garantizado se desempeñara mal, quizá debido a su poca habilidad o simplemente porque es consciente de que su empleo está ‘garantizado’? Este fue un defecto fatal para el sistema soviético. Si se te garantiza un empleo, ¿por qué preocuparse para trabajar duro? Si eres un empresario y se te otorga un subsidio para pagar a empleados con el trabajo garantizado, ¿por qué preocuparse por tratar de emplear su fuerza de trabajo de forma eficiente?

Si se subsidia a través de deducciones fiscales o del pago de parte del salario del trabajador, éste necesitaría producir sólo un poco más del valor que le cuesta al empresario retenerlo en su puesto de trabajo de manera que le reporte beneficios. Esto abarataría relativamente los trabajos de baja productividad respecto a las otras ocupaciones e inhibiría la mayor productividad derivada del cambio tecnológico que desplaza la mano de obra. Si el trabajo de un cierto tipo está garantizado, ¿qué pasa si un empresario desea invertir en tecnología que acabaría con la necesidad de dicho trabajo?

Aquellos que abogan por la garantía del trabajo también ignoran el hecho que la economía de mercado requiere de un cierto nivel de desempleo, puesto que la gente necesita de un tiempo para encontrar empleos que estén dispuestos a aceptar y las empresas deben clasificar a los diferentes aspirantes para que realicen los trabajos que éstas desean. Adoptar una política de garantía del trabajo pondría a la economía en riesgo de estancamiento.

Partidarios del trabajo garantizado como Larry Summers, Secretario del Tesoro durante la presidencia de Clinton, argumentan que la gente sin trabajo ‘tiene muchas más probabilidades de sentirse insatisfecha con su vida’ y tienen más probabilidades de caer adictas a las drogas que aquellas personas empleadas con bajos salarios. Esto es falso. No se daría una correlación entre la satisfacción con la vida y el hecho de tener empleo si dicha comparación se hiciera entre aquellas personas con empleos pésimos y aquellas que no tienen empleo pero con unos ingresos adecuados mediante los cuales poder vivir. Alguien que se enfrenta a la decisión de vivir penosamente u obtener un empleo pésimo preferirá siempre el empleo. Pero eso no significa que a esas personas les guste o quieran ese empleo para ellas.

La empresa Gallup produce regularmente encuestas bajo el título Estado del trabajo global en más de 150 países. En 2017, se observó que globalmente sólo el 15% de los trabajadores estaban comprometidos con su trabajo y en ningún país la cifra de dichos trabajadores superaba el 40%. Una reciente encuesta en el Reino Unido descubrió que el 37% de los empleados no creían que su trabajo implicara ninguna contribución significativa.

Summers acaba su artículo de una forma ambigua: ‘la idea de una garantía de empleo debería ser tomada en serio, pero no literalmente’. En este punto parece querer decir que el gobierno debería intentar promocionar la creación de empleo mediante ‘subsidios salariales, gastos gubernamentales focalizados en aspectos estratégicos, apoyo a los trabajadores con personas dependientes a su cargo y un mayor número de programas de formación y conciliación laboral’. En otras palabras, Summers acude de nuevo al paquete de medidas social-demócratas estándar que no ha funcionado muy bien durante las tres últimas décadas.

Además de ser una receta para la ineficiencia del trabajo y las distorsiones en el mercado laboral -tendiendo así al desplazamiento de los trabajadores empleados en el mercado ‘libre’ del trabajo y a la disminución de sus salarios- la propuesta de la garantía del trabajo no logra reconocer que la crisis actual es estructural y que, por tanto requiere políticas transformativas. Las deducciones fiscales, empleos garantizados y salarios mínimos no van a afectar prácticamente a la inseguridad existencial del precariado que se encuentra en el corazón de la crisis social y económica, y mucho menos abordarán las aspiraciones de una parte progresiva y creciente del precariado para una sociedad ordenada ecológicamente.

El énfasis en el empleo no es ecológico, pues está vinculado a la búsqueda constante del crecimiento económico. Hay muchos casos -siendo el apoyo al ‘fracking’ y a la construcción de la tercera pista en el aeropuerto de Heathrow ejemplos recientes- dónde la promesa de más puestos de trabajo ha superado en importancia para la toma de decisiones a los costos a la salud y al medio ambiente. Por otro lado, una política de garantía del empleo podría tener un fuerte atractivo para la derecha política como una forma de desmantelar el estado del bienestar. ¿Por qué pagar los beneficios del desempleo si todo el mundo tiene un puesto de trabajo garantizado? En los Estados Unidos, un comentarista conservador hizo mofa del hecho de que ‘más de 100 programas federales para el bienestar serían reemplazados por un solo programa de garantía del empleo’.

Finalmente, hay lo que este escritor considera la peor característica de la política de la garantía del trabajo. Dicha política reforzaría un espíritu propio del laborismo del siglo XX, al no distinguir entre trabajo y empleo. Quienes apoyan los puestos de trabajo garantizado, suelen ignorar todas aquellas formas de trabajo que no son empleos remuneradas. Una agenda realmente progresista fortalecería los valores del trabajo sobre los dictados del empleo. En definitiva, tendría como objetivo permitir a más personas desarrollar su propio sentido de la ocupación.

Un empleo es el medio para un fin, no el fin en sí mismo. Los economistas tienden a ser esquizofrénicos al respecto. En los libros de texto, el empleo tiene “utilidad negativa”, tienen un efecto negativo para el trabajador. Sin embargo, muchos economistas que utilizan o escriben estos libros abogan por poner a todo el mundo en un puesto de trabajo. ¿Por qué este fetiche por los ‘empleos’? Un empleo es el equivalente a hacer trabajo para otros. ¿Qué hay entonces de todas las formas de trabajo que hacemos para aquellos que queremos o para nuestra comunidad o para nosotros mismos?

Muchas formas de trabajo que no son tareas reproductivas son mucho más gratificantes psicológica y socialmente. Una estrategia consistente en poner a todo el mundo en puestos de trabajo, en actividades no deseadas, sería una forma de alienación orquestada. Bien seguro es que un progresista debería querer minimizar el tiempo que empleamos en trabajos subordinados y que atonten, de modo que podamos aumentar el tiempo y la energía que dediquemos a formas de trabajo y tiempo libre que son escogidas por nosotros mismos y que están orientadas al desarrollo personal y de la comunidad.

Hay un último punto, relacionado con la afirmación que un régimen de garantía de empleo sería políticamente popular. Se da mucha importancia a una encuesta realizada en Estados Unidos en la que se preguntaba si la persona encuestada daría su apoyo a un programa de garantía de empleo para cualquiera ‘que no pueda encontrar empleo en el sector privado’, si dicho programa se financiaba mediante el cobro de un impuesto del 5% sobre los ingresos de más de 200.000$. El resultado fue de un 52% a favor. Los defensores del trabajo garantizado pensaron que esto era ‘impresionante’. Con una pregunta tan sesgada, uno debería estar impresionado por el nivel –justo por encima de la mayoría– de apoyo. Después de todo, a la mayoría de los encuestados se les estaba explicando que no tendrían que pagar y que no había puestos de trabajo alternativos disponibles, un escenario muy improbable.

En vez de empleo en sí, el principal desafío es el de construir un nuevo sistema de distribución de los ingresos, reconociendo que el anterior estaba irremediablemente roto. Los rentistas se están escapando con todos los ingresos generados por el capitalismo rentista y los salarios reales continuarán estando rezagados. Poner a la gente en empleos estáticos y con un salario bajo no es una respuesta válida para este problema.





[1] N. del T.: Se entiende por ‘workfare’ un modelo de estado del bienestar que requiere de la posesión de un empleo o de la participación en programas de formación para el trabajo para recibir los beneficios de dicho sistema

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