Pages

La Colombia del 2018 al 2022: gobernabilidad, guerra y coca


Do Rebelión, 09 de julho, 2018

Cristian Camilo Barrera
Rebelión

El panorama político de Colombia no es para nada alentador en algunos temas sensibles y relevantes para el conjunto del país en el nuevo cuatrienio. 
El nuevo gobierno no da luces favorables de impulsar políticas que permitan superar los problemas estructurales que requiere la mayoría del país. 

Por ejemplo, sobre el tema del desempleo no es claro lo que se hará, pero tampoco hay expectativas de que las decisiones que tome el gabinete entrante procuren garantizar condiciones laborales dignas que logren revertir la amplia tendencia de que la mayoría de colombianos y colombianas que trabajan lo hagan en la informalidad y el denominado rebusque; tampoco es clara la estrategia del nuevo gobierno que pretenda superar la falta estructural de oportunidades en el acceso a una educación digna y de excelencia; tampoco da buenas señales en abordar y mejorar el problema de la cobertura, el acceso y el goce efectivo del acceso a una atención médica oportuna; y en últimas, el paraguas que logra recoger y sintetizar la ausencia de estas políticas sociales que permitan el goce y el acceso a los derechos fundamentales al conjunto de los colombianos lo representa la política de guerra que el nuevo gobierno está enfilando. Merece la pena decir de manera enfática que está no será una estrategia de guerra únicamente contra la insurgencia, sino sobre todo será una guerra contra los pobres, los despojados, los campesinos, indigenas, afros y los pueblos que depositaron su esperanza en que este país podía respirar en el corto plazo una anhelada senda de paz, derechos, justicia y verdad, pero la realidad impone una difícil y compleja manifestación de guerra de las élites en contra de los y las más humildes de este país.

1- El retorno del Uribismo

La llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia en el periodo 2018-2022, más allá de representar el retorno del uribismo a la casa de Nariño, debe ser entendido como una manifestación del poder que hoy todavía dispone un grupo político con importantes recursos económicos, sociales y militares, el cual cuenta con amplia influencia y el respaldo de clientelas en bastas regiones de Colombia. En esta ocasión se repite la escena de hace 16 años, cuando la burguesía y las familias tradicionales de la oligarquía comercial, financiera e industrial, que se autoproclaman como parte de una selecta élite en apariencia escrupulosa y de buenas costumbres, nuevamente debe hacerle guiño y abrirle la puerta para co-gobernar junto a un grupo político que cuenta como principal fuente de poder con una serie de poderes locales afincados en tierras apropiadas de manera indebida, que tiene un amplio control de las rutas y la comercialización de la cocaína a escala nacional y trasnacional, y que cuenta con amplias capacidades de controlar las clientelas y aparatos regionales del orden legal e ilegal.

Es decir, Duque, más que el heredero del capital simbólico de Uribe, es el paladín del grupo terrateniente, mafioso y ganadero que movió sus influencias y poder para hacerlo candidato y luego presidente. Duque no representa al conjunto de la ciudadania y tampoco es heredero de una corriente política tradicional del país, él solo representa a esos poderes que han acumulado y escalado importantes escenarios dentro de la institucionalidad y en los territorios en menos de dos décadas. Resulta importante resaltar como en la elección de Duque como presidente se manifiesta de manera evidente un patrón histórico del poder político estatal en Colombia, donde se entrecruza y encuentra un complejo híbrido entre lo legal y lo ilegal, ya que si bien las funciones del nuevo presidente deberán dar cuenta de lo institucional y lo legal, al tiempo él representa y está muy bien respaldado por poderes ilegales que son efectivos donde el Estado se aleja totalmente de esa ficción idealizada como forma de organización política que funciona y opera en función de lo púbico y la ciudadania, y en lugar de existir como un ente neutral, es en realidad un aparato amarrado por un poder mafioso que regula y administra a su conveniencia las funciones, los beneficios y los castigos.

En muchos territorios de Colombia quien asume su rol como autoridad lo hace gracias a un ejercicio de poder que es moldeado de acuerdo a la medida de los intereses y planes de un cacique, patrón o líder político, así entonces cada micro-Estado o su representación local, va determinando bajo el criterio de su líder la necesidad y la voluntad de su accionar. Determina quien paga impuestos, quien es detenido, como actúa la policia, va regulando y controlando la parte de la legalidad que le interesa hacer funcionar, y de paso va configurando y acaparando asuntos de la ilegalidad que también le resultan valiosos o necesarios por tomar, de ahí que la gran mayoría del aparato estatal esté subordinado a los intereses particulares y las motivaciones de estos lideres políticos. Resultará entonces muy interesante hacer seguimiento a la manera como el uribismo logre administrar y regular en este cuatrienio el híbrido legal - ilegal, que en últimas se constituye en su principal elemento de fuerza y poder, pero al tiempo se podría convertir en una contradicción y tensión latente donde podrán gestarse tensiones entre los intereses y formas de actuar desde la lógica de poder en lo local y lo que se vaya decidiendo desde lo nacional.

2- De la paloma de la paz a la Paloma Valencia: ¿que vendrá en la nueva estrategia de guerra?

Resulta evidente en el contexto actual que cada vez son menos probables y casi nulas las posibilidades de que con el gobierno entrante, Colombia transite hacia un camino de reconciliación, verdad, transformaciones y paz. En este periodo la conducción del Estado estará bajo el mandato de un grupo político ávido de revanchas y “castigos”, donde quienes gobiernan se pretenderán asumir como juez y parte, y con ello, aplicando a su favor la lógica de los vencedores y los vencidos, buscarán imponer a sangre y fuego una justicia a la medida de sus intereses y beneficio político.

En este momento podemos identificar al menos siete elementos vigentes en el contexto nacional que pueden ser entendidos como los ingredientes fundamentales para el caldo de cultivo que marcaría el definitivo y rotundo fracaso para las posibilidades de una ruta de paz en Colombia. De manera análoga, estos siete elementos pueden ser entendidos como incentivos para alebrestar la política de guerra y muerte que muy bien sabe operacionalizar y funcionalizar a su favor el grupo político que tiene el turno para gobernar el país, que no es otra cosa distinta a la facción más criminal y fascista de la derecha colombiana.

Los siete ingredientes para condimentar la receta de la guerra que está cocinando el uribismo para el nuevo cuatrienio son los siguientes:

1- La reciente oficialización del ingreso de Colombia a la OTAN

2- La subordinación inicial de Duque a los Estados Unidos como su principal aliado comercial, político, económico y militar para su política de gobierno

3- El interés del uribismo por elevar gradual y convenientemente la tensión binacional entre Colombia y Venezuela

4- La estrategia de revancha y represión que están preparando las élites en algunas regiones en contra de los sectores democráticos y populares que casi derrotan a la vieja y corrupta clase política en las elecciones presidenciales

5- La decisión de retomar las fumigaciones con glifosato como medida que pretende revertir la tendencia al incremento de las hectáreas cultivadas de coca en Colombia, pero que buscará perseguir y afectar de manera “ejemplar” y directa a los pobladores rurales que tienen como única alternativa económica el cultivo de la coca.

6- La continuidad de la crisis en la implementación del acuerdo con las FARC y la latente negación del nuevo gobierno a continuar dialogando con el ELN

7- El interés de Duque y los uribistas por extraditar cuanto antes a Santrich y posiblemente a otros miembros de la dirigencia de las farc a los Estados Unidos y terminar así de manera irreversible las confianzas y las posibilidades de avanzar en la posibilidad de paz con el emergente partido político de las FARC.

Así las cosas, se pueden esbozar desde ahora dos escenarios de confrontación y disputa militar que se darán en un futuro cercano. Por un lado, se puede prever una estrategia de confrontación militar entre las fuerzas estatales y los grupos denominados como disidencias de las farc presentes en el sur oriente y en el pacifico colombiano, y también serán previsibles confrontaciones entre las fuerzas estatales con las estructuras militares del ELN ubicadas en el pacifico, el sur occidente, el oriente colombiano, el nor-oriente del país y en algunas zonas rurales. Se puede inferir un interés por parte del gabinete entrante de repetir la fórmula militar implementada hace 16 años de pretender aniquilar fisicamente a las fuerzas opositoras y anular así la posibilidad de una salida política a la confrontación, advirtiendo de antemano las nefastas y dolorosas consecuencias que ello tendrá para el país, pero especialmente para las poblaciones más pobres, alejadas y excluidas de los escenarios de representación, del acceso a los derechos fundamentales y distantes de algún tipo de inclusión real en este confuso e incipiente proyecto nacional.

Además de la dimensión de la confrontación militar anteriormente descrita, también es necesario advertir las dimensiones de la estrategia de guerra donde se verán afectados civiles. Hay que advertir y mencionar tres posibles formas como se podrá poner en evidencia la afectación a civiles como resultado de la puesta en marcha de la estrategia de guerra del nuevo gobierno: la primer forma será haciendo un seguimiento al dramático y doloroso aumento de la cifra de lideres sociales asesinados. En Colombia se han asesinado 100 dirigentes sociales en lo que va del 2018, y en lo que va la denominada política de paz (2012 - 2018) , el número de lideres asesinados supera los 500. Con la llegada de Duque y la implementación de su estrategia de guerra resulta apenas evidente que incrementarán los riesgos y vulnerabilidades a los lideres y lideresas en los territorios, y desde ahora será necesario advertir y solicitar un respaldo internacional que permita frenar esta política de muerte sistemática e inaceptable.

Una segunda forma como se hará evidente la estrategia de guerra del nuevo gobierno será en hacer seguimiento a la estrategia de la oligarquía y el poder hegemónico de pretender anular y golpear al mov¡miento social y popular colombiano, hoy el Estado apela al poder judicial, y por medio de montajes y judicializaciones se han pretendido dar golpes de legitimidad y generar miedos en los movimientos populares como resultado de detenciones y la apertura de procesos judiciales en contra de algunos lideres sociales, donde pretenden señalar a los dirigentes con dinámicas ilegales y subversivas. Resulta apenas obvio que el uribismo también hará uso de esta estrategia y habrá que advertir desde ahora la tendencia incremental que esta estrategia pueda tener en el corto plazo.

La tercera forma como se hará evidente la estrategia de guerra del uribismo en contra de movimiento popular será en las dinámicas y posibles escenarios de choque que se habrán de dar en varias regiones de Colombia. Por la dinámica de incumplimientos del gobierno Santos a diferentes plataformas sociales y populares, seguramente en su primer periodo Duque tendrá que enfrentarse a dinámicas de movilización y resistencia de procesos sociales de tipo campesino, indígena y afro; en regiones como el Cauca, Nariño, Huila, en Arauca, en el pacifico y en el catatumbo, seguramente la respuesta de Duque no será conciliadora y de reconocimiento a estas exigencias, sino que la represión del ESMAD será la fórmula de respuesta a las exigencias de estos territorios y procesos sociales. Así mismo, se puede advertir y palpar desde ahora una estrategia de revancha y retaliación por parte de algunos dirigentes políticos en algunas regiones en contra de sectores sociales y populares que encabezaron y asumieron una quijotesca disputa enfrentando a las clientelas corruptas tradicionales en la elección presidencial del 2018, allí seguramente el poder mafioso local, con o sin mandato del poder nacional, hará uso de su poder legal - ilegal, para pretender castigar e imponer su forma de justicia de acuerdo a sus intereses y proyecciones. La cereza del pastel a esta tercera forma de guerra en contra de los más pobres, seguramente se hará efectiva con la implementación de los operativos de fumigación, erradicación, militarización y judicialización a los campesinos y pobladores que subsisten con los cultivos de coca, tema que a continuación se expondrá en detalle.

3- La bendita coca en el país del sagrado corazón

Un tema sensible y bastante complejo para muchas regiones y habitantes de la Colombia profunda en el nuevo periodo será el tema de los cultivos de coca. Este podría ser el detonante de una compleja y fuerte disputa entre el gobierno de Duque y miles de campesinos y pobladores que hoy tienen como única alternativa viable y rentable el cultivo de esta planta. La decisión de retomar las fumigaciones con glifosato, y derivado a ello la dinámica de re-militarización de los territorios, serán el gesto inicial del uribismo por intentar congraciarse con la administración de Trump, previendo desde ahora algunas de las consecuencias y riesgos que ello pueda tener.

Para hacer una breve recapitulación de lo que ha pasado con el tema de los cultivos de coca en Colombia, hay que recordar la manera como en principio el gobierno Santos pretendió mostrar este asunto como un indicador favorable ligado a los acuerdos de paz con las FARC, en tanto dijo hasta la saciedad en medios de comunicación y entrevistas que el fin de la guerra con las farc era el fin de los cultivos de coca, bajo la ingenua y acomodada premisa de que las farc eran el principal cartel de droga del mundo, y que al desaparecer las farc, iban a disminuir de manera notable y progresiva los cultivos, cosa que resultó ser totalmente falsa y contraria a los ojos de la realidad. En cambio, hay que decir que un factor que ha incentivado el incremento de los cultivos de coca en Colombia en los últimos dos años en varias regiones precisamente ha sido la dinámica de incumplimientos y burlas por parte del gobierno Santos a los campesinos y personas que tuvieron la voluntad de acogerse a los programas de sustitución de cultivos, pero en lugar de ello, lo que se ha puesto en evidencia es la incapacidad y falta de voluntad de un Estado que no logra ponerse de acuerdo entre sus dependencias y que no logra actuar de manera armónica y eficaz.

Merece la pena señalar que dentro de la estrategia de choque a los cultivos que habrá de implementar el nuevo gobierno, se entiende que el principal actor por atacar y neutralizar en la guerra contra la cocaina es el habitante rural que cultiva la hoja de coca, de ahí que su principal estrategia para reducir la producción sea la de arrancar, quemar y fumigar las plantaciones y propiedades de los cultivadores. Habría que preguntarse por la cuestión de los cultivos de hoja de coca en Colombia como un problema de clase: ya que mientras los pobres son quienes la cultivan y sufren sendas arremetidas y procesos de estigmatización pública por vivir de estos cultivos, son al tiempo quienes reciben el menor margen de utilidad como resultado de este proceso productivo. Pero por otro lado, quienes comercian, transportan y transforman estos narcó ticos a escala trasnacional, son aliados de grupos políticos, cuentan con relaciones y respaldos de diferentes espacios del poder institucional oficial, y cuentan con amplios márgenes de evasión judicial de su responsabilidad. A pesar de la desgastada retórica del uribismo y la oligarquía colombiana que pretendía presentar ante la opinión a la insurgencia como el único actor responsable de la comercialización de la droga, vemos que hoy resulta evidente la existencia de otros actores anónimos detrás de esta actividad, y también resulta evidente que ellos cuentan con bastante poder y capacidad de controlar y regular un negocio demasiado lucrativo.

Un hecho evidente y que el Estado niega -o pretende esconder- es la existencia de complejas redes dentro de la sociedad colombiana que controlan y regulan este lucrativo negocio. Es desconocido el rostro de este pulpo que controla actualmente la cadena de transformación, comercialización y transporte de la coca en Colombia. Seguramente la institucionalidad seguirá diciendo que los responsables de ello son grupos o bandas delincuenciales, pero es claro que por la envergadura y rentabilidad del asunto, hay poderes de diverso tipo que se mueven entre las sombras de la legalidad que se lucran de ese lucrativo negocio. Resultará entonces paradójico ver a un nuevo gobierno combatiendo a los cultivadores en las regiones, pero con funcionarios y políticos ligados a las cadenas de comercialización, transporte y transformación del narcótico. No olvidemos que hay incluso expresidentes y senadores de Colombia que fueron amigos y personas de confianza de Pablo Escobar, quien fuera el más poderoso narco de la historia.

La problemá tica de los cultivos de coca en Colombia tambi é n pone en evidencia el fracaso total y la debilidad estructural de la pol í tica agraria proyectada por el Estado colombiano. Hoy estamos frente a un sector rural totalmente atrasado y deteriorado, ello por la ausencia de una pol í tica concertada, pertinente y eficaz con el campesinado. Mientras los gobiernos de turno en Colombia apoyaron y fortalecieron el sector agroindustrial y ganadero, dejaron en una total desventaja competitiva y al margen del acceso a beneficios o incentivos para el campesinado. Debemos ser francos y honestos: hoy en Colombia no hay alg ú n otro producto distinto a la coca que les genere a los campesinos un margen de ganancia y supervivencia similar. La ausencia de v í as, la incertidumbre para los campesinos en el pago por otros productos que cultivan, el elevado costo de los insumos agr í colas para cultivar, y otros factores de tipo estructural y social limitan y constriñen las posibilidades de que el campesinado pueda tener alternativas concretas y eficaces para sustituir los cultivos de coca en la profunda, desigual y macondiana Colombia actual.

Entonces, más allá de la posible implementación de lo que se podría denominar como el “plan Colombia 2” donde se definan las lineas de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, o más bien de subordinación de Colombia a los Estados Unidos a cambio de unos cuántos millones de dólares, habría que indagar desde ahora lo que implicará para el gobierno entrante asumir una estrategia de lucha contra las drogas, habilitado con ello espacios del territorio colombiano para el despliegue de unidades militares norteamericanas, subordinando las decisiones internas a las lineas y criterios del gobierno de Trump, y en últimas generando las lineas estratégicas sobre las cuales se moverá el resto de la agenda política de Duque en este cuatrienio. Entonces, lo que suceda con la coca dentro de la agenda política será el tema determinante para el resto de la agenda política nacional, y sin dudas habrá de afectar tanto la dimensión de la guerra, como también las condiciones y posibilidades de gobernabilidad y ejercicio del poder a nivel local y regional.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Nenhum comentário:

Postar um comentário