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El 20-S, el periodismo, la intelectualidad y la solidaridad con presos políticos y exiliados

Catalunya y el Estado español


Do Viento Sur, 19 de Julho, 2018
Por Marià de Delàs


Versió original: http://blogs.publico.es/notes-sobre-el-que-passa/2018/07/19/el-20-s-periodisme-intellectualitat-i-solidaritat-amb-els-presos-i-exiliats/

Uno de los obstáculos más difíciles de salvar en la búsqueda de soluciones para cualquier conflicto político o social es la confusión. Más allá de los efectos de la propaganda, utilizada desde siempre por contendientes en todo tipo de batallas, resultan particularmente nocivos los silencios, la censura, la incomunicación y el desconocimiento sobre la naturaleza de los desencuentros.

Vivimos, supuestamente, en la sociedad de la información, en la que las oportunidades para difundir y leer; emitir, escuchar y visionar contenidos de todo tipo han crecido de manera extraordinaria, pero a pesar de ello, paradójicamente, se impone con frecuencia la desinformación masiva, en sentido estricto.

Los medios de comunicación ofrecen oportunidades para todos aquellos que pretenden aportar análisis y soluciones al conflicto realmente existente entre Catalunya y el Estado español, pero por motivos muy diversos las cadenas de radio y televisión de ámbito estatal, y lo que queda de los periódicos tradicionales, no sólo canalizan relatos rotundamente tergiversados sobre lo que ocurre en Catalunya, sino que intentan esconder los mejores resultados del buen periodismo.

Así se comportaron con los documentales que se elaboraron con grabaciones de lo que ocurrió durante el 1 de octubre, y mantienen la misma actitud restrictiva con el que se acaba de estrenar sobre el ’20-S’, un trabajo extraordinario sobre las concentraciones que tuvieron lugar diez días antes del referéndum frente al departamento de Economía de la Generalitat y ante la sede de la CUP.

’20-S’ es un documento editado con decenas de fuentes audiovisuales sobre unos hechos que el juez Pablo Llarena consideró probatorios de la existencia de una rebelión, organizada por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por miembros de su Gobierno y por los dirigentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Un ejercicio de auténtico periodismo audiovisual, sobre lo que ocurrió realmente en la calle, durante una jornada de movilización de un sector significativo de la población catalana, que presagiaba la determinación social para acudir a votar el 1 de octubre, por encima de las dificultades que interponía el aparato de Estado.

Una pieza informativa basada en la observación de la vida real en las calles de Barcelona, en “un momento de excepcionalidad”, tal como lo califica Jaume Asens en el propio documental. Un relato de una hora de duración, construido a través de la mirada y la palabra de conocedores de primera mano de lo que ocurrió, en contraposición a la realidad construida en los platós de televisión, machaconamente inventada por tertulianos, presentados como “expertos” o “analistas”, que intercambian sus impresiones y vociferan junto a “periodistas” que quizás en otro tiempo cultivaron el oficio de informar.

Ninguna cadena generalista de ámbito estatal, ni pública ni privada, ha querido por el momento difundir este documental, a pesar del éxito de audiencia que obtuvo en Televisió de Catalunya, con más de un millón de espectadores y un 34,8 % de cuota de pantalla. Rechazaron la posibilidad de emitirlo porque les pareció un relato “de parte”, según explicó el director y productor de ’20-S’, Jaume Roures, que emplazó a los responsables de tales cadenas a mostrar lo que ocurrió desde cualquier otra “parte”, porque la realidad, cuando las cámaras se acercan a ella desde diferentes ángulos, suele ser bastante tozuda.

Por fortuna, sin embargo, existen medios alternativos para burlar la capacidad de control de quienes ejercen la censura en RTVE, A3media y Mediaset. Hoy, de la misma manera que ocurrió con ‘Las cloacas de Interior’, el documental ’20-S’ se difunde y se difundirá en salas, auditorios y pabellones deportivos de diferentes poblaciones, y todo aquel que lo desee lo puede visionar en cualquier casa conectada a internet.

Las cifras de espectadores volverán a ser espectaculares y ello contribuirá en cierta medida a combatir la confusión existente sobre lo que el nacionalismo español denomina “problema catalán”. Pero más allá de acciones informativas puntuales de mayor o menor impacto, persiste la ignorancia.

A veces parece mentira que la convivencia secular entre culturas no haya servido para facilitar la comprensión de los anhelos de unos y de otros.

A nadie medianamente ecuánime se le escapa que la derecha nacionalista española tergiversa deliberadamente y sin complejos cualquier información sobre los acontecimientos masivos y los procesos electorales que han tenido lugar en Catalunya durante toda esta década y parte de la anterior, pero la izquierda tradicional, las fuerzas que en España se reconocen a sí mismas como progresistas, deberían observar tal movilización social como una oportunidad para entender y explicar la realidad social. Inducen al error cuando la presentan como una consecuencia de la agitación apasionada por parte de unos pocos.

La reivindicación constante de soberanía por parte de un amplio sector de la sociedad catalana no debería representar un obstáculo para el diálogo con los defensores de la españolidad, sino como la manifestación de una realidad social y cultural y como una oportunidad para poner solución al déficit democrático.

Con demasiada frecuencia, periodistas intelectualmente respetables, que se suelen acercar a la realidad con rigor y honestidad, interpretan la movilización de centenares de miles de personas durante años como el resultado de una “mezcla de bravatas, palabras solemnes y brindis al sol”.

Así quedó escrito, por ejemplo, en un significativo editorial dedicado a la defensa de la “liberación de los líderes catalanes”deuna publicación nada sospechosa de visceralidad españolista. En ese mismo texto se volvía a insistir sobre una idea, dicha y reiterada por voces civilizadas, según la cual “el Gobierno de Mariano Rajoy usó una violencia policial desproporcionada e ilógica con motivo de la consulta del 1-O”, como si lo conveniente hubiera sido reprimir aquel llamamiento a las urnas con algún tipo de violencia proporcionada y lógica.

Resultan encomiables las reclamaciones de cambios de actitud y de criterio por parte del Gobierno español y de la Fiscalía General, pero para resultar eficaces es preciso que dejen de explicar las manifestaciones y deseos de gran parte de la sociedad catalana como el resultado de un embaucamiento por parte de dirigentes mentirosos, que generaron “expectativas que eran irrealizables”.

Es necesario que quienes comparten la pretensión de explicar rigurosamente lo que ocurrecomprendan que esa revuelta masiva sólo se puede entender como resultado de una presión social creciente frente a la injusticia, como respuesta a insatisfacciones, frustraciones y necesidades desatendidas, que históricamente y en la actualidad el Estado ha intentado e intenta reducir torpemente a base de mano dura.

Quienes escriben sobre Catalunya con la intención de sugerir soluciones deberían tener siempre en cuenta que la exigencia masiva de soberanía ha pasado por encima de los aparatos partidarios, de las instituciones y de sus dirigentes, muchos de los cuales se han visto, por una parte, excluidos de los círculos estatales de decisión, y por otra, obligados a subirse al carro de la protesta ciudadana.

El “procesismo”, según el citado editorial, debería haber buscado un “aterrizaje” antes de despegar, “un espacio plano y acogedor”. Para ello el gobierno debería, eso sí, excarcelar a los políticos independentistas.

La consideración como “presos políticos” o “políticos presos”de los encarcelados por su papel en jornadas como el 20-S y el 1-O forma parte de un “debate más bien bizantino”, según el editorial que tomamos como ejemplo, que reconoce no obstante “la naturaleza política de los hechos enjuiciados”. ¿Por qué se pues regatea el uso de la expresión “presos políticos” para quienes padecen el castigo por tales hechos? El seguimiento por parte de abanderados del progresismo de las directrices del actual Gobierno, del anterior y de los dirigentes de Cs, la adaptación a su lenguaje, no sirve para nada más que para negar la realidad y alimentar la confrontación.

La consideración de Carme Forcadell, Oriol Junqueras y del resto de dirigentes encarcelados como “políticos presos” equivale a la homologación de su caso con el de simples delincuentes o con el de otros políticos privados de libertad por su implicación en organizaciones dedicadas al fraude.

El ejercicio de un derecho elemental, como es el de autodeterminación, no puede considerarse nunca un delito. Colisiona ciertamente con “la razón de Estado” y eso no suele dar lugar de inmediato a espacios planos y acogedores, pero la historia de la humanidad está repleta de reconocimientos de derechos individuales y colectivos previamente negadospreviamente por personajes y gobiernos que se sentían con suficiente poder para calificar como delitos los actos de desobediencia de sus adversarios. ¿Qué pueden hacer los soberanistas catalanes para que se reconozca el derecho de Catalunya a decidir sobre su futuro si no muestran disposición a actuar como sujeto político soberano?

Lo de “serenarse” siempre está bien, pero hace falta algo más.

Para hacer frente a unos gobernantes y magistrados que ni se molestan en aparentar la existencia de división de poderes es preciso que los demócratas protesten enérgicamente, sin preocuparse mucho sobre la calificación de los “delitos” que les puedan fabricar al efecto. Para eso están los abogados, que acaban de reclamar conjuntamente la libertad de todos los presos acusados de rebelión, después de haber conseguido que la justicia alemana ratificara la inexistencia de ese delito.

Lo que procede es exigir la libertad inmediata de los soberanistas encarcelados por permitir debates parlamentarios, facilitar locales para votar, exigir respuestas pacíficas a detenciones y registros en sedes de instituciones de la Generalitat o aprobar declaraciones políticas independentistas.

“Sin perdernos en laberintos jurídicos”, los defensores de las libertades de cualquier lugar deberían darse cuenta de lo mucho que tienen que perder si los poderes del Estado español consiguieran la derrota y la capitulación de los participantes en “sardanas vestidas de amarillo, misas vestidas de amarillo…”, de las decenas de miles de personas que, tal como muestra el documental, acudieron a protestar pacíficamente el 20-S frente al Departament de Economía y ante la sede de la CUP, de los activistas de los CDR, de los 120.000 socios de Òmnium Cultural, los 50.000 de l’Assemblea Nacional Catalana, los millones de ciudadanos que participaron en la Vía Catalana, en las manifestaciones habidas y por haber, las convocadas para el 14 de julio y 11 de septiembre, de los votantes del 9 de noviembre de 2014, los defensores de los colegios y participantes en el referéndum del 1 de octubre, los cerca de 800 alcaldes catalanes encausados por delitos de desobediencia…

Sorprende la ridiculización por parte de gentes civilizadas del uso generalizado del color amarillo, que este sábado han vuelto a lucir miles de manifestantes en las calles de Barcelona y que tantas complicidades ha creado entre quienes lo exhiben en cualquier punto del territorio catalán. Un símbolo tan denostado, por otra parte, por el PP, Cs y PSOE. Sorprende más todavía el recelo que manifiestan personas tradicionalmente solidarias, teniendo en cuenta la violencia que utilizan algunos de esos partidos, confundidos a menudo con la ultraderecha, para atacar a quienes expresan su solidaridad con los presos políticos.

Lejos de representar una señal engorrosa, la exhibición del color amarillo se considera a día de hoy en Catalunya un gesto de solidaridad con personas que padecen cárcel o exilio injustamente, a las que se quiere en libertad por pura humanidad y no para ajustar ninguna cuenta pendiente por hipotéticos engaños imaginados sobre todo por los que no se sienten identificados para nada con los anhelos de libertad de buena parte de la población catalana.

La indiferencia, cuando no la hostilidad o el menosprecio, ante toda esa movilización, que parece una revuelta popular pacífica en condiciones, es una de las enfermedades que padece la izquierda española, que en consecuencia con su propia naturaleza histórica, si quiere reencontrar su lugar, debería colocarse al frente y no enfrente de cualquier reivindicación democrática.

La publicación posterior de un comunicado por parte de unas sesenta personalidades del mundo de la cultura española, poco después de la difusión de un vídeo con declaraciones de figuras de relevancia internacional, sobre las personas encarceladas y/o encausadas, muestran dos maneras diferentes de manifestar preocupación por el respeto por los derechos y libertades de las personas en el Estado español.

En los dos casos se reclama la liberación de los presos, pero mientras en el primer comunicado dejan claro que no piden "ningún tipo de impunidad", señalan que hay "formas menos penosas de limitar los movimientos" de los encausados que la prisión preventiva y manifiestan esperanza en que tengan un "juicio justo", en el segundo se afirma sin lugar a dudas que considerar sus acciones como constitutivas de delitos de sedición, rebelión o terrorismo es una forma de represión política y que hay cada vez más personas condenadas y encarceladas por sus acciones y opiniones, que forman parte del libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a disentir.

Los primeros no se atreven a poner directamente en cuestión las actuaciones judiciales realizadas hasta ahora y aceptan la posibilidad de una condena, los segundos reclaman a las autoridades españolas que pongan fin a la represión ideológica.

Unos expresan preocupación por el "daño" que el encarcelamiento puede tener para la "democracia y la justicia", otras afirman que en Catalunya los derechos civiles y políticos se encuentran en juego y que ahora lo que hace falta es reclamar directamente "justicia y libertad".

Las dos expresiones de apoyo a las víctimas de la represión son apreciables. La trayectoria y el perfil de muchas de las personas que subscriben una y otra no dejan lugar a dudas sobre su compromiso con todo tipo de causas solidarias. En el caso del comunicado, sin embargo, los que lo firman admiten que los impulsores del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre pueden ser merecedores de algún tipo de castigo por el hecho de haber querido ejercer un derecho que algunos consideran que no existe. Sólo la confusión, derivada del desconocimiento y la desinformación sobre lo que pasa y ha pasado en Catalunya, puede llevar a personas tan honorables a dejar claro que no piden ningún tipo de impunidad para soberanistas catalanes y catalanas perseguidas por la justicia española.

Marià de Delàs es periodista, escribe en Público y en Pùblic.

Una primera verisón de este artículo ha sido publicada en http://www.sinpermiso.info/textos/el-20-s-el-periodismo-y-la-solidaridad-con-presos-politicos-y-exiliados

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