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Uruguay. Las elites empresariales en la política

Entrevista con el sociólogo Miguel Serna

Do Resumen Latinoamericano / 27 de noviembre de 2017
Por Marcos Rey, Viento Sur 


La incidencia creciente de empresas trasnacionales en sectores clave de la economía uruguaya, como la propiedad de la tierra o el agronegocio, viene generando cambios en las elites empresariales locales. La influencia de representantes del poder económico en partidos, políticas públicas y gobiernos latinoamericanos, así como la participación directa de empresarios en la política, forman parte de las líneas de investigación que el sociólogo repasa en esta entrevista. En Uruguay observa una creciente proporción de empresarios en el Partido Nacional, nuevas elites empresariales de mánagers dirigiendo trasnacionales multilatinas y una aplastante desigualdad de género en la cúpula de las grandes empresas. Analiza también las relaciones del empresariado con el Frente Amplio, la “puerta giratoria” por la que entran y salen del sector público representantes empresariales, y el arribo a la política partidaria del empresario Edgardo Novick.

—¿Qué influencia tiene la “burguesía nacional” en la política si la elite empresarial está cada vez más extranjerizada?

—Con la transnacionalización se tiende a pensar que quienes dirigen las empresas son Ceo (directores ejecutivos) extranjeros que sustituyen a los locales. Hay estudios interesantes sobre la formación de una clase transnacional global. Pero diversas investigaciones recientes, tanto en Alemania, Estados Unidos como en América Latina, muestran que la propiedad de las empresas se transnacionaliza rápidamente, pero los dirigentes empresariales siguen siendo nativos. Las relaciones sociales, los recursos humanos, la organización interna de las empresas siguen bajo control nacional. Esto no significa que los elencos extranjeros no participen en la conducción de las empresas, sino que son minoritarios en los cargos gerenciales.

—¿Pero esa dirigencia nacional no queda subordinada a la extranjera?

—La contradicción entre la burguesía local y la burguesía transnacional era un asunto al que se prestaba mucha atención en los setenta. Ahora estamos viendo que no siempre es una relación conflictiva, sino que existe superposición. Al estudiar las elites empresariales de Uruguay vimos que 80 por ciento de las 50 empresas más grandes en los últimos 20 años son trasnacionales. Y que la mayoría son multilatinas, es decir, que los grupos empresariales colombianos, brasileños, argentinos y chilenos tienen una participación muy relevante. Y cuando miramos la alta gerencia, es decir, las direcciones clave de esas empresas, vemos que 90 por ciento de los directivos son uruguayos.

—¿En qué difiere que sean uruguayos si la propiedad de las empresas es extranjera? ¿No son meros administradores?

—Hay diferencias. Por ejemplo, una empresa tradicional uruguaya integrada por tres generaciones familiares fue vendida a una transnacional, pero sus antiguos dueños quedaron a cargo de la alta gerencia. Los trabajadores siguieron viendo al mismo patrón o a uno proveniente de la misma familia. ¿Son meros administradores? Sí, y no. Por un lado, esa persona no sólo pasó a tomar decisiones sobre la empresa uruguaya, sino también sobre una empresa transnacional que abarca a Brasil y Argentina. Por otro lado, no perdió su capital, sino que hizo una nueva inversión que pasó a ser una fuente importante de sus ingresos. Lo mismo viene sucediendo en otros países. Thomas Piketty (economista francés) mostró que los altos mánagers de Estados Unidos tenían un nivel de ingresos mucho mayor que el de las clases altas propietarias de Europa. Por lo tanto, no tener la propiedad de las grandes empresas no significa que los ingresos de esta elite empresarial sean menores. Eso puede explicar, en parte, qué pasó con el empresariado uruguayo en las últimas décadas.

—¿Qué consecuencias genera esto en la relación entre empresarios y gobiernos?

—Tenemos pocos datos sobre esa relación, más bien algunas hipótesis y pistas. La década del 90 no sólo impactó en los sindicatos, también disminuyó el peso de las cámaras empresariales, que era el lugar tradicional de encuentro de la elite dirigente local. Con el agrobusinnes (agronegocio) apareció una nueva elite dirigente de grandes empresas transnacionales que no necesariamente participa en los circuitos tradicionales representados por las cámaras empresariales. La Asociación Rural era el bastión tradicional del poder económico agropecuario, pero ha ido perdiendo relevancia. Al igual que en otros países de Europa y América Latina, las fuentes de poder pasaron a las grandes empresas corporativas que empezaron a tener influencia directa sobre los gobiernos. La relación de Upm con Uruguay es el caso más reciente. Upm no se vincula con el gobierno a través de la Cámara de Industrias ni de la Asociación Rural, sino directamente con él. La elite empresarial pasa así a tener dos caras: la de las grandes empresas y la de las cámaras empresariales. Es un cambio en las reglas de juego.

—¿Incide en que los empresarios estén sobrerrepresentados en la política?

—La relación entre poder político y poder económico tiene dos carriles: el de los empresarios que participan directamente en la política y el de los grupos empresariales que influyen en las políticas públicas o en el Estado. Piñera en Chile y Macri en Argentina son prototipos. Pertenecen a grupos empresariales locales que a veces se asocian con sectores económicos internacionales, pero también con el Estado. Generalmente se plantea una oposición entre Estado y mercado, pero una parte importante de los grupos empresariales ha crecido en América Latina en asociación o captura del Estado. En Brasil esa vinculación quedó al descubierto con los escándalos de corrupción, aunque los sectores empresariales no sólo se vinculan así. En el caso de Uruguay, la hipótesis tradicional de la literatura académica, la de Barrán y Nahum, era que había una relativa autonomía de lo político respecto del poder económico. Esa hipótesis en general se corrobora, excepto durante las crisis. Pero eso no significa que la economía uruguaya no esté fuertemente transnacionalizada en su comercio exterior y su estructura productiva. Hoy podemos decir que la clase empresarial está integrada a América Latina. Debemos dejar de ver a Uruguay como un caso excepcional, para verlo como un caso particular en el contexto de las problemáticas regionales similares. En nuestro estudio comparado corroboramos que en Uruguay los empresarios tienen una participación menor en la política que en el resto de América Latina. Pero las magnitudes de esa participación no son nada marginales, sino más altas de lo que esperábamos. La mayoría de los empresarios que entran en la política en Uruguay son productores rurales. Aunque las relaciones no son lineales ni necesariamente ingresan para defender sus intereses económicos, no se puede subestimar su incidencia política. Los empresarios rurales no sólo inciden políticamente en las crisis, lo vemos en la discusión sobre los impuestos al agro.

—¿El Partido Nacional (PN) se está convirtiendo en el principal refugio político de esas elites empresariales?

—La participación global de los empresarios en la política no cambió drásticamente en los últimos años. Cambió con qué partidos se relacionan. Entre fines de los ochenta y principios de los noventa los sectores tradicionales del empresariado se habían alejado del PN para acercarse al Partido Colorado (PC). No sabemos cuánto tuvo que ver con el posicionamiento del PC o cuánto con su cercanía con el Estado, pero incluso los sectores agrarios tuvieron participación más fuerte en el PC. En los últimos 15 años esa relación volvió a su cauce histórico, con un PN más vinculado al empresariado rural y el PC al urbano, aunque también hay sectores empresariales urbanos que tradicionalmente estaban en el PC y que ahora aparecen en el PN.

—También analizaron a los empresarios rurales que entran a la política a través del Frente Amplio (FA).

—Eso empezó a aparecer más claro en el gobierno de Mujica. Tradicionalmente los sectores empresariales vinculados al FA provenían de la pequeña burguesía, de empresas públicas o de cuadros gerenciales de empresas no muy grandes. En estos años el FA comenzó a agregar un acercamiento mayor a sectores del ámbito agropecuario. Pero en comparación con blancos y colorados, sigue siendo el partido con menos cargos políticos ocupados por empresarios.

—¿Qué estrategias de reclutamiento de empresarios tiene el FA?

—Una tiene que ver con los cuadros ejecutivos reclutados a partir de la gestión en las grandes empresas públicas. Ute, Antel y Ancap han sido históricamente catapultas para reforzar candidaturas políticas de cuadros ejecutivos; y ahora lo estamos viendo con el FA. La otra estrategia, más reciente, tiene que ver con la mediación, negociación y cooptación recíproca de sectores del ámbito empresarial agropecuario. Al frente del Ministerio de Ganadería se suele colocar a personas vinculadas con lo agropecuario, como el ministro Tabaré Aguerre (empresario arrocero).

—El Quincho de Varela 1/ representó uno de esos lugares de mediación informal entre empresarios y políticos frenteamplistas.

—Es eso, y también algo más. Expresa el relacionamiento con la mediana y pequeña empresa, pero también con empresarios vinculados a la regulación pública, por ejemplo al transporte o al puerto. No sólo porque la regulación pública y los intereses privados están necesariamente vinculados de forma cotidiana, porque lo que pasa en uno influye en el otro, sino porque las pymes tienen una extensión capilar en la sociedad uruguaya. Una parte de los dirigentes del FA ha estado vinculada a cooperativas de empresas. Aunque no se trata del gran empresariado, porque las pymes uruguayas a nivel internacional son microempresas, tiene incidencia política.

—¿Por qué concluyen en su investigación que las grandes empresas tienen mayor distancia política con el Frente Amplio? ¿Cómo se expresa esa distancia?

—No aparecen en el financiamiento de las campañas políticas del FA, pese a que reconocen tener un diálogo fluido con el gobierno. Es cierto que es sólo una de las tantas formas que tienen las grandes empresas de vincularse con los partidos, pero que no financien las campañas del FA y sí la de los partidos tradicionales ya está diciendo algo. Es muy difícil estudiar esa relación, pero logramos hacer algunas exploraciones mediante entrevistas con dirigentes de grandes empresas. Y responden que los canales de diálogo con el gobierno son excelentes, pero no llegamos a ver un reclutamiento político de esos dirigentes.

—¿En qué medida los gobiernos frenteamplistas han establecido acuerdos estratégicos con las elites empresariales para evitar bloqueos o vetos del poder económico? Se pactó, por ejemplo, con los empresarios de los grandes medios de comunicación.

—Hubo acuerdos con las elites empresariales a través de la negociación colectiva y mediante acuerdos estratégicos no escritos. La instalación de sectores agroindustriales en zonas francas es una política de los noventa que no se modificó, porque formaba parte de los incentivos al capital y la inversión extranjera. Fue una primera estrategia para hacer política redistributiva sin tener el veto del gran capital. Así se gestó también el Estado de bienestar en Europa: haciendo reformas redistributivas sin que el empresariado perdiera su tasa de ganancia. La segunda estrategia fue la regulación laboral en favor de los trabajadores a través de la negociación colectiva tripartita. Es, por tanto, una do­ble estrategia.

—Hubo un aparente giro conservador en el tercer gobierno del FA. ¿El empresariado influyó en esto?

—El actual gobierno ha tratado de mantener la doble estrategia. La preocupación por que se instale una tercera planta de celulosa tiene que ver con que la inversión extranjera directa siga apuntalando el crecimiento económico. El gobierno está diciendo que no va a cambiar las reglas de juego. Pero también sigue con la negociación colectiva. Lo que ha habido es un enlentecimiento. No se avanza, pero tampoco se retrocede. Es un estancamiento. Pero es diferente al giro conservador que hubo en Brasil con el desmantelamiento de lo hecho en el giro a la izquierda y con la captura política del bloque empresarial.

—No deja de ser paradójico que el giro a la izquierda latinoamericano haya propiciado el acceso de más empresarios a la política.

—Si el inicio del giro a la izquierda lo marcamos con la llegada de Lula al gobierno de Brasil en 2002, debemos recordar que ya su vicepresidente era un empresario. Los empresarios no estuvieron ausentes en el ciclo del giro a la izquierda, aunque tuvieran menos hegemonía que en los noventa. El crecimiento económico permitió pactar entre políticas redistributivas y políticas beneficiosas para el capital. Había margen para las dos cosas sin la amenaza de veto de los sectores económicos más poderosos. También sucedió eso en Venezuela, o en Bolivia con la llamada “burguesía chola”. Los estudios sobre las crisis del posliberalismo y la reacción conservadora en Brasil están prestando atención a los sectores empresariales que mantuvieron una fuerte incidencia, y a las nuevas elites económicas que aparecieron con el giro a la izquierda. Para saber qué está pasando con los empresarios que entran en la política debemos saber qué tipos de dirigentes empresariales tenemos. Un primer núcleo son los propietarios de empresas, los más invisibles en la escena pública. Un segundo grupo influyente en la política son mánagers, cargos directivos y de la alta gerencia, vinculados a las clases altas y medias-altas. Un tercer grupo son los empresarios que tradicionalmente ingresaron en la política latinoamericana: los productores rurales. Es un tipo de empresario que no está absorbido totalmente por la gestión empresarial y tiene tiempo para dedicarse a la política. En Brasil eso es muy notorio con la bancada ruralista. En Uruguay el ingreso de empresarios rurales a la política ha sido tradicionalmente a través del Partido Nacional. Y un cuarto grupo son los grandes estudios jurídicos y contables que administran intereses de grandes empresas, y que quedaron más al descubierto con los Panama Papers.

—Es el caso del estudio uruguayo Posadas, Posadas y Vecino.

—Sí, ese es de los más visibles, aunque también hay otros estudios jurídicos vinculados a la actividad futbolística. Pero la novedad es que las nuevas elites empresariales aparecen como un empresariado más moderno, con una gramática y un lenguaje empresarial que quieren trasladar a la política. Edgardo Novick es la expresión uruguaya de un empresario que quiere entrar en la política colocando un tipo de saber técnico que le dé cierto estatus por venir del ámbito empresarial.

—Es el saber tecnocrático colonizando la política. Pero si logra anclarse es porque existe un campo fértil abonado por otros partidos, incluso por sectores de izquierda. ¿No es esa una expresión de la hegemonía neoliberal?

—A pesar de que Uruguay tiene una tradición política y un sistema de partidos consolidado, no ha estado ausente de estos temas. Eso que tú dices es claro en la política de Chile. Los programas de gobierno son acordados en la “tecnópolis”, es decir, por técnicos que hacen acuerdos entre ellos más allá del partido al que pertenecen. Eso todavía no sucede en Uruguay. Los cuadros técnicos siguen más vinculados a lealtades partidarias, aunque aparece la idea en el discurso de Novick y en su iniciativa de reclutar candidatos a intendente a través de consultoras. Eso claramente es poner criterios de gestión empresarial en el campo político, y es la faceta más nueva de la incidencia de los empresarios en la política.

—Y aquella imagen del empresariado uruguayo poco proclive a los riesgos, rentista, especulador, atado a las prebendas del Estado ¿en qué medida cambió?

—Aparece distinta. La discusión no pasa tanto por determinar si los empresarios son rentistas o innovadores, emprendedores y proclives al riesgo. De hecho, una parte importante de la riqueza generada por el empresariado no proviene del riesgo, sino de la asociación o captura del Estado. Las investigaciones sobre el grupo empresarial de Macri en Argentina o el de Trump en Estados Unidos muestran que, en lugar de hacer grandes inversiones de riesgo, han estado fuertemente imbricados con los estados desarrollando estrategias para influir en las políticas públicas. Parte de la riqueza de Trump proviene de los márgenes de rentabilidad –relacionados con la regulación pública– del sector inmobiliario. Un concepto que se utiliza para analizar la relación entre empresarios y gobernantes es el de “puerta giratoria”, que refiere a cómo representantes de los grupos empresariales entran y salen de la política. A veces un miembro del gabinete de un gobierno saliente es cooptado por el sector empresarial porque tiene redes, know how y experiencia, o viceversa, cuando un gobierno recluta gestores de intereses empresariales.

—Es el caso de Fernando Puntigliano, que salió del puerto, pasó por Aratirí y ahora está en la Intendencia de Montevideo, o el caso de Marta Jara, que luego de pasar por petroleras privadas llegó a Ancap.

—Sí, son ejemplos de la movilidad de los mánagers, de los equipos gerenciales que están en el sector público y en el sector privado; van y vienen, puede ser con grandes o pequeñas empresas. Daniel Martínez también se presenta como buen gestor por su experticia en el sector privado. Ahora no discutimos tanto en clave burguesía versus Estado, sino más bien de la influencia de las elites empresariales sobre los gobiernos, las políticas públicas y los partidos políticos.

—¿El empresariado sigue teniendo más “conciencia de clase” que el proletariado? ¿O esa visión de las elites empresariales como sujetos colectivos cohesionados y homogéneos es insuficiente para entender la actualidad?

—Las investigaciones muestran que la visión tradicional sobre la homogeneidad del sector empresarial no es así. En algunos momentos confluyen los intereses empresariales, pero en otros se fragmentan. Lo mismo respecto de la incidencia política. Sin embargo, en Brasil el bloque empresarial está mostrando una gran homogeneidad para capturar la política, ganó mucho terreno en poco tiempo y volvió a desbalancearse la relación con un desmantelamiento rápido de la protección laboral. No sólo la creada por Lula, sino la que venía desde Getúlio Vargas. No debemos minimizar estos momentos. Aunque el sector empresarial no sea homogéneo, en el capitalismo global los procesos de concentración económica son cada vez más fuertes, y también lo es la capacidad de organización de las elites dirigentes.

Miguel Serna es licenciado en sociología por la Universidad de la República (Udelar) y doctor en ciencia política por la Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil). Está especializado en política comparada e integración latinoamericana, y coordina las investigaciones “Grupos dirigentes y poder en Uruguay” y “Desigualdad, pobreza y políticas sociales”. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) e investigador del Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores de la Anii. Realizó estudios posdoctorales en la Universidad de París 3 y en la Universidad de Salamanca.

Nota

1/ Instalación en la periferia de Montevideo, propiedad de un empresario rural amigo del matrimonio Mujica-Topolansky, que poseen su chacra en la misma zona. Allí, Mujica organiza encuentros con empresarios, sindicalistas, embajadores y políticos. Todos los 1° de Mayo, se realiza un almuerzo: los comensales provienen de los diferentes estratos de la “clase política” y los poderes corporativos (Nota de Correspondencia de Prensa).


Empresarios políticos

Sobrerrepresentados

El 20 por ciento de los políticos uruguayos son empresarios, según un estudio de Miguel Serna, Eduardo Bottinelli, Marcia Barbero y Franco González presentado en las XVI Jornadas de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), titulado “Los empresarios en la política en Uruguay en tiempos de cambio (2000-2015)”. Aunque la cifra no varía demasiado durante el período estudiado, y es menor al promedio latinoamericano (25 por ciento), los investigadores concluyen que en Uruguay hay una “sobrerrepresentación formal de empresarios ocupando cargos políticos (…) cuando se los compara con el peso que tienen esas categorías en la estructura social de cada país”. Pero también encuentran diferencias relevantes en la participación por partido. El Frente Amplio es el que presenta menos empresarios en cargos políticos (13,9 por ciento), en el otro extremo se ubica el Partido Nacional (32,3 por ciento), y en un nivel intermedio el Partido Colorado (22,4 por ciento). La proporción de empresarios en cargos políticos varió poco entre colorados y frenteamplistas, pero aumentó entre los blancos, en cuyas filas se destacan los empresarios rurales.

Empresarios “latinuruguayos”

El 100 por ciento de los directivos de las cinco principales cámaras empresariales son uruguayos, según otro estudio de Miguel Serna y Franco González que analizó una muestra de directivos de grandes empresas y entidades gremiales empresariales en los últimos diez años. Al observar los directorios de las grandes empresas, identificaron que 69 por ciento son uruguayos, 19 por ciento extranjeros de la región y 12 por ciento de otras nacionalidades. En la alta gerencia la proporción fue de 90, 6 y 4 por ciento respectivamente. Al reparar en la nacionalidad de los cuadros directivos, los investigadores se refieren a las “caras paradójicas de la globalización”. Por ejemplo, la “desnacionalización parcial de las clases dirigentes globales”, dado que gran parte de la transnacionalización de las empresas uruguayas se produce en los “marcos de la integración regional” a través de empresas multilatinas y directorios empresariales con redes regionales.

Desigualdad de género en la cúpula empresarial

Subrepresentadas

Las mujeres están subrepresentadas en el mundo empresarial. Las elites empresariales están “notoriamente masculinizadas, con una baja participación de las mujeres, y testimonial en la mayoría de los casos”, según el estudio de Miguel Serna y Franco González. Las desigualdades de género son evidentes en la cúpula de las grandes empresas. El 97 por ciento de los puestos en los directorios de las cámaras empresariales está ocupado por varones; en los directorios de las grandes empresas éstos tienen el 89 por ciento de los cargos, y en la alta gerencia el 90 por ciento. “A partir de 2018 nos proponemos investigar y discutir los estudios comparados de los organismos internacionales que utilizan criterios estandarizados para todos los países y encuentran que la situación en las pymes uruguayas avanzó. Pero queremos mirar las elites discriminadas para mostrar cómo los núcleos duros del poder empresarial siguen totalmente masculinizados”, explica Serna.

Foto: Manuela Aldabe

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