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Argentina. Euforia del gobierno y el poder económico

Do  Resumen Latinoamericano, 30 de octubre de 2017
Por Julio Gambina C.



Hay euforia en el gobierno de Mauricio Macri y en el poder económico con el resultado electoral del pasado 22 de octubre. Se nota en los festejos luego del escrutinio y en la primera conferencia de prensa del Presidente, justificando el aumento de combustibles con un inexplicable análisis sobre futuras bajas del petróleo, ahora que asciende a 60 dólares el barril.

Luego de los aumentos en los combustibles vienen las tarifas acrecidas en una escalada que solo tiene límites en la capacidad de protesta de la sociedad afectada, incluidos los votantes del gobierno, tal como ocurrió desde el primer incremento en 2016.

El poder festeja

Pero no solo hay euforia en los gobernantes, ya que los “mercados” mostraron confianza con alzas de las cotizaciones y volúmenes negociados, con guiños de consultores y evaluadores de riesgo que miran con expectativa el avance electoral de la derecha liberalizadora en la Argentina.

El BCRA decidió a dos días del triunfo subir las tasas de interés en 150 puntos porcentuales. Las tasas no se movían desde mayo y el temor era un impacto negativo en la percepción social antes de los comicios.

Una vez logrado el triunfo electoral, los ortodoxos dirigidos por Federico Sturzenegger subieron la tasa al 27,50%, favoreciendo la captura de liquidez financiera e impidiendo cualquier destino productivo del crédito en la Argentina.

Son tasas de usura en la lógica productiva que confirma el sentido especulativo de la economía local.

Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con datos del BCRA señala que “el 77.8% de las inversiones recibidas en los últimos 12 meses se destinaron a la especulación financiera, generándole al Estado un gigantesco derroche de recursos en concepto de intereses”.

Por ende, solo el 22,2% corresponde a inversiones productivas de no residentes.

Convocatoria para consensuar la ofensiva liberal

Ese es el marco para la convocatoria a empresarios y sindicalistas junto a otros sectores para la próxima semana e informar sobre propuestas legislativas y de política económica.

Uno de los ejes pasa por lo laboral, donde se concentra la demanda patronal y gubernamental para reducir el costo laboral y mejorar la perspectiva de la rentabilidad de las empresas.

Como no pueden con el costo financiero, presionan con el laboral, apuntando al eslabón más débil, claro que con ciertas complicidades sindicales. A cambio, se ofrece la reducción de la “irregularidad” en el empleo, que mejor resulta definir como impunidad empresaria que condena a 1 de cada 3 trabajadores a quedar afuera de todo mecanismo de seguridad social.

La presión patronal también actúa sobre el costo fiscal y trasciende una reducción de la alicuota de ganancias para las empresas, postergando una vez más la promesa de reducción o eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

Reforma fiscal, laboral y previsional asoman para la discusión con los sectores afines del poder económico y los que están dispuestos a negociar desde el sindicalismo.

La concepción de pacto social y político se recrea con aquellos que buscan beneficio en la cuenta de resultados de sus empresas y quienes imaginan una cuota de poder para contener el conflicto social.

Ajuste y endeudamiento

El Presupuesto del 2018 de la Nación y las Provincias entra en etapa de negociación parlamentaria para consolidar el ajuste del gasto social y la consolidación de un compromiso creciente en pagos futuros de intereses de una deuda pública en expansión.

A más intereses de la deuda le corresponden disminuciones del gasto social, lo que se acompaña de una orientación de reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas.

Solo la conflictividad social por la inflación sostenida y la descarga del costo en la mayoría empobrecida podrá frenar o contener la euforia de una ofensiva reaccionaria en el orden económico.

Es una euforia sustentada en una votación de medio turno presidencial que inspira una perspectiva de gobierno de mediano plazo, más allá de la renovación presidencial del 2019, para insertar a la Argentina en la lógica de la liberalización que empuja el poder económico mundial.

Aún con Donald Trump “nacionalista” y una China “globalista”, en la disputa hegemónica del sistema mundial, el poder económico de las transnacionales puja por la liberalización.

Las campañas locales, continentales y globales contra la OMC y el G20, con cónclaves en Argentina en 2017 y 2018, pueden contribuir a obstruir los propósitos de la liberalización.

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